Yolanda Díaz eleva la presión sobre el PSOE para incluir en el pacto de Gobierno un impuesto permanente a la banca

El lento avance de la negociación entre PSOE y Sumar para renovar el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez comienza a impacientar a la alianza liderada por Yolanda Díaz. Este jueves, la vicepresidenta y líder de Sumar abandonó su tradicional mutismo sobre el estado de las conversaciones para reclamar públicamente a los socialistas que se comprometan por escrito a mantener de manera permanente el impuesto a la banca que el Ejecutivo aprobó hace unos meses para paliar la crisis de precios. Y advirtió de que, "a día de hoy", todavía no se ha cerrado un acuerdo con el PSOE.

Esa tasa sobre los beneficios extraordinarios de la banca, en principio, solo estará vigente durante 2023 y 2024, pero Díaz se ha mostrado favorable desde hace meses a convertirla en permanente. No obstante, la vicepresidenta quiso elevar el tono este jueves, en un contexto en el que las negociaciones con el PSOE registran pocos avances por la resistencia de los socialistas a asumir algunas de las propuestas de Sumar en materia social y económica, y cuando el tiempo comienza a apremiar, ya que Díaz y el presidente Sánchez se han comprometido a cerrar su pacto de Gobierno antes del 1 de noviembre para, después, tener unos días más para finiquitar el acuerdo con los independentistas que les permita mantenerse en la Moncloa.

Díaz, además, aprovechó el hecho de que Bankinter publicó este jueves sus resultados del tercer trimestre de 2023 y anunció que ha logrado un beneficio antes de impuestos que supera por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros, en concreto 1.003,6 millones, una cantidad que supone un 66,8% más que hace un año. "Por lo que se refiere al beneficio neto, ascendió a 684,7 millones de euros, que representa un 59,2% más respecto al mismo periodo de 2022, y ello a pesar de asumir este año el pago del nuevo impuesto al sector financiero, que para Bankinter fue de 77,5 millones de euros", señala la propia entidad en un comunicado.

"En España tenemos un elevado riesgo de concentración bancaria, y las propias entidades reconocen hoy que, de no existir el impuesto a la banca, sus beneficios aún serían mayores", señaló a este respecto Díaz, que insistió en que las ganancias "récord" de los bancos son precisamente las causantes de "la crisis de inflación". "Como consecuencia de la subida de los tipos de interés se está produciendo la mayor transferencia de rentas de la ciudadanía a los bancos" de los últimos años, y todo ello sin que la remuneración de los "depósitos" crezca o se reduzca la carga de las hipotecas, denunció la vicepresidenta.

Por ello, Díaz insistió en que el pacto de Gobierno con el PSOE debe "mantener el impuesto a la banca", pero también lamentó que "a día de hoy aún no hemos encontrado acuerdo". "Como saben bien, en materia de ingresos públicos, en la definición de la justicia fiscal en España, tenemos posiciones muy diferentes" con los socialistas, señaló igualmente la líder de Sumar, que aseguró que en España "no hay justicia fiscal" y el PSOE se niega a solventar ese problema, por el cual "un autónomo o una pequeña empresa tributan al 17% y una gran empresa, al 3,8%".

"Escuchar hoy a alguna entidad financiera señalar sus enormes beneficios cuando hay personas en España que lo están pasando muy mal no es avanzar en la prosperidad compartida", criticó Díaz, que lamentó que, hoy por hoy, "el PSOE no acepte la propuesta" de que el impuesto a las entidades financieras se mantenga de manera indefinida.

La reducción de jornada, también bloqueada

La conversión en permanente del impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca no es, sin embargo, la única medida que Sumar quiere incluir en el programa de Gobierno que se está encontrando con la negativa del PSOE. Otra de las iniciativas estrella de la coalición de Díaz, la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a solo 37,5, tampoco es compartida por los socialistas, tal y como recordó este jueves el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que definió esa parte de las conversaciones como "encallada".

Concretamente, el programa electoral de Sumar apostaba por establecer una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales en 2024 y reducirla progresivamente hasta fijarla en 32 horas sin que los trabajadores pierdan salario, una medida que debería pactarse con sindicatos y patronal. "Los países que concilian mejor son más productivos y eso está en todos los estudios que tiene hechos, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo", argumentó Urtasun, que insistió en que "aquellos países que han reducido la jornada laboral han tenido una tasa de paro inferior a la media europea, como es el caso francés".