"No vamos a renunciar a ni un solo euro". Así de tajante se ha mostrado la Junta de Andalucía en relación a los fondos públicos defraudados en el caso de los ERE, una cantidad que asciende a cerca de 700 millones de euros y que el Gobierno autonómico intentará recuperar "por todas las vías posibles".
Hasta el momento, la Junta ha reclamado ya 433 millones de euros de los 679,4 a los que aludía la Audiencia de Sevilla en su sentencia de la pieza correspondiente al procedimiento específico, según detalló este jueves durante una comparecencia en comisión parlamentaria el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.
La cifra se ha reclamado a través de tres vías diferentes. Por un lado, el procedimiento penal, que se traduce en 134,8 millones de euros. Sanz recordó que de las "casi 200 piezas" judiciales que componen la macrocausa de los ERE tan solo se han calificado 78, que es sobre las que la Junta se ha podido "posicionar" sobre las cantidades correspondientes. Además, para que las reclamaciones de dinero se hagan efectivas, debe mediar una sentencia firme y, por el momento, solo se han dictado seis. Por todo ello, puntualizó el consejero, las cantidades que reclama la Junta "todavía son provisionales".
Además, Sanz aseguró que también en aquellos casos en los que la Justicia haya decretado el archivo o sobreseimiento de la causa –como en algunas actuaciones al haber caducado la prórroga de la instrucción–, la Junta intentará "agotar" igualmente todas las posibilidades para recuperar el dinero defraudado.
La segunda vía es la administrativa, mediante la cual el Ejecutivo acordó, por un lado, declarar la "irregularidad" de la inclusión de determinadas personas en las pólizas suscritas para bonos de ayudas sociolaborales, así como la incoación de expedientes de reintegro; y por otro, la revisión de oficio de las ayudas concedidas a las empresas. En ambos casos, ha recordado Sanz, se han presentado recursos por parte de los "irregulares" y de las empresas, muchos de los cuales han sido estimados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Hasta la fecha, se han tramitado más de 244 revisiones, por un montante de 129 millones de euros reclamados por la Junta.
La última vía hace referencia a la responsabilidad contable, y en este sentido, la Junta ha reclamado al Tribunal de Cuentas 169 millones de euros más.
A pesar de la "complejidad de la trama", que la Junta reconoce, Sanz reiteró que el Gobierno de Juanma Moreno va a "luchar por la totalidad de los recursos y por recuperar la mayor cantidad posible de los fondos defraudados", acudiendo para ello a "todos los cauces posibles previstos en el ordenamiento jurídico" y "con pleno respeto a los procedimientos judiciales que se vayan dictando".
El consejero de la Presidencia también recordó en su intervención que el Tribunal Supremo (TS) ha definido este caso como "el mayor escándalo de corrupción de la democracia". Al tiempo que expresó su rechazo a los posibles indultos que el Gobierno central pudiera conceder a los condenados, un procedimiento que el Ministerio de Justicia ha comenzado a estudiar siguiendo los trámites que son habituales en todas las peticiones de indulto.
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