El estallido de la guerra en Oriente Próximo entre Israel y el grupo terrorista Hamás ha vuelto a evidenciar las diferencias de tono en el seno de la coalición Sumar. Todos los partidos que la componen, desde el que dirige la propia vicepresidenta Yolanda Díaz hasta Podemos, pasando por IU o Más Madrid, han pedido sin ambages el fin de la violencia y han denunciado los ataques de Israel a Gaza, que se han saldado con la muerte de centenares de civiles, tras el operativo sorpresa de Hamás que inició el conflicto. No obstante, entre las formaciones que rodean a Díaz ha habido divergencias sobre las medidas a adoptar para detener la guerra y también a la hora de calificar a Hamás como grupo terrorista.
La postura adoptada por la coalición en su conjunto ha quedado recogida en la proposición no de ley que presentó a principios de esta semana Sumar en el Congreso. En ella, la coalición denuncia "la escalada de violencia iniciada el pasado sábado 7 de octubre por los ataques terroristas de Hamás", pero también critica "la doble vara de medir de quienes, condenando estos terribles ataques, continúan ignorando, de forma sistemática, los crímenes diarios del Estado ocupante, culpable de que el 95% de los fallecidos en el conflicto desde 2006 sean palestinos".
Además de condenar los bombardeos de Gaza, Sumar pide en ese texto la suspensión de las exportaciones de material militar a Israel por parte de todos los Estados de la UE, y también solicita a los Veintisiete "la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, a la luz de las violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario y de derechos humanos de su Gobierno". En esa línea, la alianza que lidera Díaz apuesta por "la revisión de los fondos que Israel recibe del Instrumento Europeo de Vecindad u otros programas europeos, para garantizar que no se destinan a la política de asentamientos ilegales o políticas de seguridad que vulneran los derechos humanos".
No obstante, dentro del grupo parlamentario de Sumar hay formaciones que han querido ir más lejos que Díaz, que ha evitado criticar públicamente la línea seguida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el propio presidente Pedro Sánchez en la gestión del conflicto palestino-israelí. Podemos, en cuya dirección algunas fuentes consideran que la reacción de Díaz al estallido de la guerra ha sido demasiado contenida, ha sido el más contundente: no solo ha calificado de "crímenes de guerra" los ataques de Israel contra Gaza —algo que también ha hecho la vicepresidenta—, sino que ha pedido expresamente llevar ante la Corte Penal Internacional al presidente del Estado hebreo, Benjamin Netanyahu, y romper relaciones diplomáticas con ese país.
Podemos y el PCE piden cerrar la Embajada de Israel
Díaz no ha querido llegar tan lejos y, en su proposición no de ley —que Sumar asegura que ha pactado con todos los partidos en su seno—, la alianza se limita a pedir de manera general que España apoye "los procesos de rendición de cuentas internacionales, incluyendo los nuevos que se deriven y los ya existentes ante la Corte Penal Internacional". Asimismo, la vicepresidenta ha evitado pedir la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, que en los últimos días han sufrido un revés después de que la Embajada del país acusara a "ciertos elementos" —en referencia a la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra— del Gobierno español de "alinearse" con Hamás y su "terrorismo tipo ISIS".
Exteriores tuvo que salir rápidamente en defensa de Belarra y su derecho a la libertad de expresión, y Díaz corroboró posteriormente ese comunicado y aseguró que había sido coautora de la respuesta del Gobierno a la Embajada de Israel. La embajadora, Rodica Radian-Gordon, dio por zanjada la polémica en una entrevista con 20minutos en la que agradeció la "clarificación" del Ejecutivo.
No obstante, no solo Podemos ha ido más lejos que la líder de Sumar: también el PCE, por medio de un comunicado, exigió el miércoles al Gobierno "la ruptura inmediata de relaciones entre España e Israel", lo que supondría la expulsión de la embajadora hebrea, "y la suspensión cautelar del acuerdo de Asociación UE-Israel hasta que de cumplimiento a las resoluciones de las Naciones Unidas".
Dicho comunicado tan solo representa al PCE y no a IU, si bien ese partido es el mayoritario dentro de la federación que lidera Alberto Garzón y es, además, la formación a la que está afiliada Díaz, que sigue conservando su carné comunista. Y su posicionamiento no es solo relevante por eso, sino porque el líder del PCE, Enrique Santiago, ha sido uno de los puntales en los que se ha apoyado Díaz para desplegar el proyecto de Sumar en los últimos dos años, y han sido contadas las veces en las que sus voces han ido desacompasadas públicamente.
El comunicado del PCE, al igual que hace Sumar, pide "llevar a los dirigentes del régimen sionista ante la Corte Penal Internacional para que respondan por los graves crímenes contra la humanidad, para que ninguno quede en la impunidad", si bien no menciona expresamente a Netanyahu, como hace Podemos. No obstante, Santiago ha expresado una de las posiciones más polémicas de toda la coalición con respecto a la guerra al negarse a calificar a Hamás como grupo terrorista. "Ni lo consideramos ni lo dejamos de considerar porque no sabemos qué es un grupo terrorista y, hasta ahora, la inclusión en listas de organizaciones terroristas responde a criterios políticos de Estados", señaló el lunes pasado el líder del PCE.
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