El expresidente del TC Pascual Sala señala que una amnistía que busque lograr los votos para una investidura sería inconstitucional

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Pascual Sala, uno de los participantes de la jornada organizada por ICAM para analizar "el desafío constitucional de la ley de amnistía", ha señalado este martes que una amnistía que tenga por objetivo lograr los votos para una investidura sería "arbitraria y por tanto inconstitucional". A lo largo de su intervención, Sala ha defendido que la medida de gracia "puede formar parte de un programa de Gobierno y ser aprobada por las Cortes" siempre que su objetivo sea "facilitar la convivencia ciudadana", pero ha rechazado que se pueda justificar en el apoyo parlamentario para la formación de un nuevo Ejecutivo. 

Sala ha recordado que en España hay "un problema histórico que data de 1714" y se ha mostrado como un "defensor de la indisolubilidad de España", a la par que ha defendido el encaje de una ley de amnistía sólo cuando persiga "una finalidad constitucional". 

Ha apelado así al artículo tercero de la Carta Magna, dedicado a establecer los fines de la propia ley fundamental, entre los cuales están "la preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas". Estableciendo esa preservación de la convivencia ciudadana como motivo fundamental de la ley de amnistía, Sala considera que la norma puede ser viable siempre que los beneficiados acaten la Constitución. 

También ha intervenido en la conferencia la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional Encarnación Roca, quien ha señalado que "el Poder Ejecutivo [en términos generales, no específicos] cada vez tiene más tentaciones de saltarse las limitaciones constitucionales". Roca ha dejado claro al comienzo de su intervención que no iba a pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley que aún no existe. El problema "no es ese", ha dicho, sino si la conveniencia política de la ley. 

La exvicepresidenta también ha recordado que el problema catalán persiste desde 1714 y ha indicado que desde entonces "no ha habido ninguna solución que haya dado frutos positivos". Así, ha enmarcado la amnistía como uno de los pasos que viene dando el Gobierno para lidiar con el conflicto en Cataluña. 

Roca se ha definido como una "defensora de los indultos", que según ha dicho fueron el primer paso de una estrategia que continuó con la derogación de la sedición. La desaparición de este delito, decretada a finales de 2022, podría haber sido el punto final, pero había otro tipo penal por el que se condenó (o por el que se imputa) a los líderes del procés: la malversación. 

Es en este punto donde entra la amnistía, que vendría a borrar un hecho delictivo regulado estrictamente en la Unión Europea, según ha explicado Encarnación Roca. Amnistiar los delitos de malversación, ha defendido, "verdaderamente podría comportar una serie de consecuencias comprometidas en relación a Europa". "La UE se puede tragar la derogación de la sedición", ha señalado, pero cuando se trata de amnistiar delitos de malversación, "esta legislación roza el larguero de la Unión Europea". 

Tras lanzar esta advertencia, Roca ha indicado que si ella tuviera que lidiar con una ley de amnistía como magistrada, presentaría una cuestión de inconstitucionalidad ante el tribunal de garantías. En línea con la exvicepresidenta, Pascual Sala ha recordado que los jueces y magistrados tienen "la obligación" de presentar una cuestión de constitucionalidad siempre que duden del encaje de una norma en la Carta Magna. 

Al hilo de esta posibilidad, Roca ha reflexionado sobre los cambios históricos del equilibrio entre los diferentes poderes del Estado. La magistrada emérita del órgano de garantías ha relatado cómo el Poder Judicial, según lo concibieron los constitucionalistas en el siglo XVIII, "era un poder residual". Sin embargo, en la actualidad este se ha convertido "en el poder central, el oscuro objeto del deseo de todos los Ejecutivos, no solo aquí, en todas partes". Ha sido en este momento cuando Roca ha explicado que el Poder Ejecutivo muestra cada vez más tentaciones de "saltarse las limitaciones constitucionales".

Una teoría que ha ejemplificado a través de las actuaciones de los Gobiernos durante la pandemia. Citando un artículo de The Economist, Roca ha apuntado que durante la pandemia los gobiernos limitaron los derechos fundamentales con recortes bien intencionados que buscaban evitar la transmisión de la Covid-19. 

"Aquí en España hay una demostración clarísima que es la sentencia del Tribunal Constitucional contra los decretos del Estado de Alarma" en la que se dice que "el Ejecutivo durante la pandemia no había sido objeto de control del legislativo y el Poder Judicial", ha dicho. "No se crean a algunos magistrados del Tribunal Constitucional que dicen que el Poder Legislativo puede hacer lo que quiera [...]; encima va a tener a otro que lo va a controlar".