No es país para dependientes

Una madre abraza a su hija con discapacidad

Los últimos datos del XXIII Observatorio de la Dependencia no son los mejores de cara a asumir el reto generacional que afronta España en los próximos años. Según el Observatorio, cada 12 minutos fallece una persona en situación de dependencia que estaba a la espera de la prestación le permitiría vivir con dignidad. La espera media para obtener una resolución supera casi un año, y la desigualdad en las condiciones de atención varía de manera alarmante según la región. Más que estadísticas, estos números son vidas en espera y una llamada desesperada a la acción.

De cara al futuro, las previsiones concretamente sobre el envejecimiento de la sociedad deberían como poco ponernos en alerta para revertir esta situación. No siendo necesariamente el único colectivo en dependencia pero si el más proclive en edades avanzadas.

Calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE) que, si se mantienen las tendencias actuales, el 26,5% de la población en España tendrá 65 años o más en 2035. Actualmente, nuestro país es ya el cuarto más longevo del mundo y de seguir así, se convertirá en el primero en el año 2040. Así lo aventura un informe elaborado el Institute for Health Metrics and Evaluation, que afirma que en menos de dos décadas España superará a Japón con una esperanza media de vida de 85,8 años de media.

CEDDD reclama un Pacto de Estado por la Dependencia que evite que "cada 12 minutos muera alguien esperando la prestación"

Todas estas predicciones ponen en entredicho la sostenibilidad del sistema de ayuda a la dependencia, que ha de ser capaz de dar respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida y de aquellas personas que, aún siendo más jóvenes, necesitan estos apoyos como consecuencia de una situación de discapacidad.

Actualmente, el 3,15% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria y se calcula que más de 309.000 personas están en situación de desatención; es decir, pendientes de valoración o en el limbo. Y a pesar de esta realidad, siguen sin introducirse modificaciones en el disfuncional sistema de financiación de la dependencia.

La actual estructura de copago del servicio entre gobierno y comunidades, que ni mucho menos va a partes iguales, solo sirve para fomentar las desigualdades por cuestión de territorio; creando ciudadanos de primera y de segunda en función del lugar de residencia.

A ello hay que hay que añadir la libre disposición de los fondos estatales que hacen los gobiernos autonómicos, que según hemos sabido por el informe del Observatorio no es peccata minuta. Según el documento, al menos diez comunidades han utilizado el reparto estatal para otros fines, y nueve comunidades han reducido su aportación.

Todo esto pone de manifiesto la ineficacia de las políticas actuales y la necesidad de una revisión exhaustiva de todo el sistema de apoyos a la dependencia. Urge que sea reformulado desde un punto de vista central, para garantizar el acceso a estas ayudas en igualdad de condiciones a todas las personas dentro del territorio español.

El Estado debe hacer un mayor esfuerzo hasta elevar al 2% del PIB el montante que destina a dependencia para garantizar la supervivencia del sistema

Luego, hay que dotarlo de fondos. Y por su capacidad recaudatoria, el Estado debe hacer un mayor esfuerzo hasta elevar al 2% del PIB el montante de la partida que destina a dependencia. Solo así se puede garantizar la supervivencia del sistema y conseguir plantar cara a los retos que tiene por delante.

Finalmente, pero no por ello menos importante, es necesario simplificar las fórmulas de solicitud de ayuda, y por tanto la burocracia, para facilitar el acceso a las personas que necesitan estos servicios, eliminando barreras innecesarias.

En pleno siglo XXI resulta inconcebible que más de 35.000 personas grandes dependientes o dependientes severos estén esperando una plaza residencial según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), y que la lista de espera de la dependencia alcance las 400.000 personas.

Del mismo modo, tampoco se puede tolerar la muerte entre 2021 y 2022 de 45.360 personas que se encontraban en las listas de espera, de las que más del 40% estaban pendientes de que conocer la valoración del grado de dependencia y el resto falleció sin la resolución de la prestación.

Así las cosas, es hora de que los partidos políticos de España se unan en un Pacto de Estado por la Dependencia. Un acuerdo que garantice a toda la ciudadanía la atención y el apoyo que merece, independientemente del lugar de residencia. La dependencia no puede esperar ante el reto demográfico que afrenta. Y mientras esto no ocurra, España no es (ni será) país para dependientes.