Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sellaron este martes el acuerdo de coalición dando por hecha la investidura. "Habrá cuatro años más de gobierno progresista", dijeron en comunión. No hubo preguntas. Si las hubieran permitido la gran mayoría hubieran sido sobre el elefante en la habitación, esto es, la amnistía. Porque esa es la madre del cordero, la que hará viable o no la investidura de Sánchez y la continuación de ese gobierno progresista al que presidente y vicepresidenta ya quieren sacar brillo.
A estas alturas, a un mes de que se agote el plazo para gestionar la investidura, las cosas no están nada claras. Se supone que Junts, el partido de Carles Puigdemont, exige a los socialistas que registren en el Congreso de los Diputados una ley de amnistía que beneficie a 4.000 personas, además de aceptar la 'vía escocesa' para el referéndum.
¿4.000 o más bien 1.432?
Pero, ¿de verdad fueron tantos los encausados por el 'procés'? Parece que no. Esa es la cifra que calculan las entidades independentistas. Es la misma que citó Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, dos días después de las elecciones.
Hay 113 personas condenadas penalmente y 880 con sanciones administrativas
¿Cuántos son (serían) entonces? Òmnium Cultural, que junto a la Asamblea Nacional Catalana encabezó las movilizaciones ciudadanas independentistas, reduce mucho el número. Ellos hablan de unas 1.432 personas que deberían beneficiarse de una hipotética ley de amnistía.
Según los datos de Òmnium, entre las 1.432 personas que ellos calculan hay:
- Condenados penalmente, 113
- Pendientes de sentencia, 17
- Con causa penal abierta, 387
- Sancionados administrativamente, 880
- Pendientes del Tribunal de Cuentas, 35
Pero algunos interpretan que con la amnistía quedarían impunes todos los actos delictivos cometidos desde el 1 de enero de 2013 hasta el 1 octubre de 2017 y entonces los beneficiados sí serían más de 1.432. De hecho, en algún informe de Òmnium se habla de "3.000 represaliados".
Independentistas con causa judicial
Josep Costa, exvicepresidente del Parlament, y en su día mano derecha de Puigdemont, cree no hablamos de miles. "En un país que tuvo 15.000 insumisos, tener 3.000 o 4.000 represaliados por luchar a favor de la independencia me parecen pocos. Quiero decir que, proporcionalmente, podría haber muchos más. Pero es que, además, resulta que los independentistas que tienen o han tenido alguna causa judicial no llegan ni a 1.500", ha escrito en un artículo de opinión en La Republica.cat.
Son, como mucho, unas decenas, de los que la mayoría son políticos o expolíticos. Básicamente, los exiliados, dos o tres docenas de altos cargos perseguidos"
"Una radiografía de la represión nos indica que los encausados con riesgo real de ir a prisión no son miles. Ni siquiera cientos. Son a lo sumo unas decenas, de los cuales la mayoría son políticos o expolíticos. Básicamente, los exiliados, dos o tres docenas de altos cargos perseguidos por la organización del 1-O, quizás los responsables del Tsunami, y algunos casos individuales", asegura. Según Costa, que no sean políticos "sólo están los empresarios y activistas vinculados también con el 1-O, los de la operación Judas y (a lo sumo) un puñado de encausados por las manifestaciones".
Esquerra y Junts quieren que la amnistía alcance a los afectados por varias macrocausas en torno al 1-O y también a los condenados por el 9-N de 2014. Pero no son 4.000. "De las 1.432 causas judiciales, hay muchísimas que ya están archivadas o que han acabado en una absolución. Y de las que han acabado en condenas leves, muchas ya cumplidas, la amnistía servirá para cancelar antecedentes penales y poco más", escribe Costa.
De las 1.432 causas judiciales, hay muchísimas que ya están archivadas o que han acabado en una absolución"
De momento, las sentencias de prisión que se han dictado han acabado todas suspendidas y la inmensa mayoría no se deberán cumplir porque no superan los dos años.
¿O serían unos 3.000 los beneficiarios?
En realidad, Junts ya hizo la cuenta en su momento y los teóricos beneficiarios no llegaban a 3.000, incluyendo a las personas que participaron en actos de movilización o protesta previos o posteriores al referéndum. Fue en la pasada legislatura.
Los de Puigdemont presentaron en el Congreso una proposición de ley de amnistía. En su exposición de motivos se leía: "En noviembre de 2020 había 2.800 personas que han estado encausadas o lo continuaban estando por algún delito que se deriva de la participación en actos relacionados con el 9 de noviembre de 2014 o el 1 de octubre de 2017".
Las sentencias de prisión que se han dictado han acabado todas suspendidas
Cuando aún era presidenta del Parlament, Laura Borràs se refirió a 3.301 personas perseguidas por su ideología.
La otra posibilidad de amnistía que se conoce es la de Sumar (que los socialistas han dejado claro que no es su propuesta). Esta no contempla el número de beneficiarios, más allá de asumir como margen temporal las causas abiertas entre el 1 de enero de 2013 y el 17 de agosto de este año.
Olvido, no perdón
¿Es un perdón lo que concedería el Gobierno? Xavier Antich, presidente de Òmnium, se refirió ello en su reciente discurso en el acto de la Diada: "Una amnistía no es una medida de gracia, como lo es el indulto. La amnistía es un instrumento político y colectivo del estado de derecho, homologable internacionalmente, para abordar democráticamente un conflicto político".
Una amnistía no es una medida de gracia, como lo es el indulto", sostiene Antich
La amnistía es un instrumento jurídico del poder legislativo que tiene por efecto la posibilidad de impedir en un periodo de tiempo el enjuiciamiento penal, o bien, la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada. Efectivamente, no es un perdón, es una ley de olvido. En cualquier caso, la amnistía no está contemplada en la Constitución.
En la reciente historia democrática de España, la que comienza con la muerte del dictador, sólo ha habido una amnistía. En 1977 el Gobierno promulgó una ley de Amnistía que afectó a todos los presos con faltas y delitos cometidos antes de la promulgación de la ley. Lo que sí ha habido es indultos; muchos: sólo desde 1996, más de 10.000 indultos.
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