Sumar quiere recuperar para el ordenamiento jurídico español el concepto de "justicia universal" para que los tribunales puedan volver a perseguir delitos muy graves y violaciones de los Derechos Humanos cometidas a nivel internacional. Esta herramienta quedó prácticamente desactivada por la reforma que aprobó el Congreso en 2014 gracias a la mayoría absoluta con la que contaba entonces el PP. Pero, este jueves, Sumar presentó una proposición de ley para recuperar la anterior redacción, lo cual supondría que la justicia española podría investigar y juzgar posibles crímenes cometidos por Israel en la Franja de Gaza si hubiera víctimas españolas, se entendiera que existe "vinculación con España" o se acusara al Estado hebreo de genocidio, precisamente lo que denuncia Sumar que está ocurriendo.

Hasta 2014, en España se siguieron varias causas muy sonadas gracias a la potestad de ejercer la justicia universal, aunque ninguna tan conocida como la que, en 1998, llevó al juez Baltasar Garzón a pedir la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet durante una de sus estancias en Londres (Reino Unido). Más recientemente, ya en la década de 2010, se inició un procedimiento contra el expresidente chino Jiang Zemin y su ex primer ministro Li Peng por un presunto delito de genocidio contra el pueblo tibetano. Y a principios de los 2000 se llegó a imputar a un exministro de Defensa israelí y seis militares de ese país por un presunto delito contra la humanidad por un ataque en Gaza el 22 de julio de 2002. 

Precisamente ese proceso ya generó en su momento un choque con Israel, que presionó diplomáticamente a España para que recortara por primera vez la justicia universal. Lo hizo en 2009, con una reforma pactada por PSOE y PP en la que se estableció que, para iniciarse una investigación de este tipo, los presuntos responsables debían encontrarse en España o tenían que existir víctimas de nacionalidad española. No obstante, también era posible comenzar la investigación si se constataba "algún vínculo de conexión relevante con España". Y esa es precisamente la redacción que quiere recuperar Sumar.

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"No se trata de una propuesta ad hoc por Palestina", pero desde luego afectaría a "la gravedad de los crímenes internacionales que están teniendo lugar allí", explicó este jueves el portavoz de IU dentro de Sumar, Enrique Santiago. La reforma legal permitiría a la justicia española perseguir "hechos cometidos fuera del territorio nacional por personas físicas españolas o extranjeras, así como por personas jurídicas residentes y no residentes en territorio español", siempre y cuando fueran presuntos autores de delitos de "genocidio", "crímenes de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado", "apartheid", "terrorismo", "tortura", "trata de seres humanos", "esclavitud" o "delitos de desaparición forzosa", entre otros.

La propuesta de Sumar establece que, para que los tribunales españoles puedan actuar contra estos delitos cometidos por extranjeros fuera de España, "deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión con España". No obstante, existe una excepción: los delitos de genocidio "que no hayan sido perseguidos eficazmente", los cuales "quedarán bajo la competencia de los tribunales españoles aunque no exista vínculo de conexión alguno con España". Precisamente Santiago aseguró este jueves que, "desde el punto de vista penal", no hay "ninguna duda" de que la actuación de Israel en Gaza encaja con el delito de genocidio.

El PSOE fue uno de los partidos que se opuso a la desactivación de la justicia universal en el año 2014, por lo que este jueves Santiago se mostró optimista ante la posibilidad de acordar con los socialistas la puesta en marcha de la norma. No obstante, a la propuesta le queda un largo proceso por delante para ser aprobada: primero tendrá que tomarse en consideración en el Congreso y, si consiguiera los votos para pasar ese primer corte, sería sometida a debate y enmiendas durante varios meses en comisión.