De los 687 decretos-ley que se han aprobado durante los últimos 45 años de democracia, 139 los han aprobado consejos de ministros de Pedro Sánchez. Es el presidente que más mano ha echado a esta herramienta, seguido de Felipe González y José María Aznar. La pandemia del Covid-19 y la guerra de Ucrania son elementos clave para explicar el habitual uso que Sánchez ha hecho del decreto, si bien hay quien rechaza que sean la única explicación.
Ejemplo de ello es el voto particular presentado esta semana por los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional contra la sentencia que la semana pasada dio el aval definitivo a la ley rider, una norma que el Partido Popular y Vox recurrieron alegando que el Gobierno había utilizado indebidamente la figura del decreto-ley para sacarla adelante.
La mayoría progresista del Pleno desdeñó la tesis del PP y Vox, pero los cuatro magistrados conservadores señalaron que el Ejecutivo de Sánchez está haciendo un "uso abusivo" de esta herramienta. A juicio de los togados, la ley rider es un "claro ejemplo" de la utilización "desviada" del decreto, dado que no atendía al requisito de urgencia que establece la Constitución.
El decreto-ley y cuando utilizarlo
Los decretos-ley son normas que aprueba el Consejo de Ministros para su entrada en vigor siguiendo los parámetros que establece el artículo 86 de la Constitución. La Carta Magna señala que este mecanismo está reservado a los casos de "extraordinaria y urgente necesidad" y prohíbe regular a través de decreto varias materias: el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, el régimen de las comunidades autónomas y el derecho electoral general.
Si bien es cierto que la potestad para aprobar decretos-ley corresponde al Poder Ejecutivo, el Congreso de los Diputados debe convalidarlos por mayoría simple en los 30 días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En este proceso, la Cámara Baja puede convalidar la norma íntegramente o dar pie a la introducción de las enmiendas de los grupos parlamentarios.
El uso de decretos-ley ha ido variando a lo largo de las distintas legislaturas, pero Pedro Sánchez es el presidente que más los ha utilizado y el que más a menudo lo ha hecho: Ha pasado 1.978 días en el cargo, Sánchez ha aprobado -de media- un decreto cada 14,23 días. Después del actual presidente, Leopoldo Calvo-Sotelo es el que más frecuentemente echó mano del decreto durante su mandato, que fue bastante más breve. En 644 días aprobó 37 decretos.
Adolfo Suárez, por su parte, presidió el Gobierno durante casi 700 días y cada 20 aprobó un decreto-ley. José María Aznar lo hizo cada 23 días, un total de 127 durante el periodo que pasó en el Palacio de La Moncloa. Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero aprobaron 107 decretos cada uno, pero el socialista pasó 449 días más que el popular en el Gobierno. Felipe González, el hombre que más tiempo se ha afincado en La Moncloa -un total de 4.903 días- aprobó 129 decretos, uno cada cinco semanas y media.
Con todo, Sánchez se lleva el récord absoluto, en gran parte por culpa del covid y la crisis inflacionaria tras el inicio de la guerra de Ucrania. Durante el primer año de pandemia el Consejo de Ministros sacó adelante 39 reales decretos que según la organización Civio sumaron 1.335 páginas, un hecho sin precedentes en la historia de la democracia.
Sánchez es además responsable de impulsar el decreto-ley más extenso de la democracia, de 252 páginas, que modificó un total de 14 normas. La palma en lo que se refiere a este segundo aspecto, sin embargo, se la lleva Rajoy, que con un solo decreto de 'aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia' modificó 32 leyes en 2014.
Es habitual, como se ha señalado, que las oposición censure los excesos del Gobierno a la hora de echar mano del decreto-ley. Pero más allá de la crítica, los partidos también han acudido a menudo al Tribunal Constitucional para dirimir si el uso del decreto es constitucional en según qué circunstancias. Así, en 2021 la corte de garantías dio un varapalo importante al Gobierno de Sánchez precisamente por el uso erróneo de esta herramienta.
El tribunal consideró razonable que en marzo de 2020 el Ejecutivo usase el decreto-ley para aprobar una serie de medidas con las que afrontar la pandemia, pero censuró que dentro de ese decreto -una figura reservada a los momentos de "extraordinaria y urgente necesidad"- incluyera una disposición para incluir a Pablo Iglesias y al jefe del gabinete de la Presidencia Iván Redondo en la comisión que controla el CNI.
"No concurre[n] en el presente caso [...] la extraordinaria urgencia y necesidad que habilitan al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del decreto-ley", apuntó el tribunal en respuesta a un recurso de Vox. En aquel entonces el tribunal estaba formado por una mayoría conservadora y Vox tenía más de 50 diputados, lo que le habilitaba para presentar recursos.
Ninguna de esas circunstancias se produce a día de hoy, si bien permanecen en el órgano de garantías cuatro magistrados conservadores que en varias ocasiones han denunciado a través de sus votos particulares el uso excesivo e injustificado del decreto-ley. Sin embargo, la aprobación de decretos se ha reducido considerablemente a medida que la pandemia ha quedado atrás.
En 2021 se aprobaron 32 decretos, una cifra elevada si se compara con la media de la historia de la democracia: 15,67 al año. En 2022 se aprobaron 20, aún por encima de la media, pero este 2023, que va llegando a su fin con el Gobierno todavía en funciones, tan solo han visto la luz 5 decretos-ley.
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