La ley de amnistía ha sido aprobada este jueves de forma definitiva en el Congreso de los Diputados tras un camino tortuoso de negociaciones con los partidos independentistas y un veto del PP en el Senado. ¿A quiénes va dirigida esa norma? En principio, a las personas con cargos pendientes por los sucesos que rodearon al referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia del día 27.
Se ha llegado a hablar de 4.000 beneficiarios, pero en realidad no serían tantos, sino algo más de 372 personas, como aseguró el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños. Entre ellos, los principales dirigentes de Junts y ERC y su entorno, los 12 CDR procesados y a los investigados por las protestas de Tsunami Democràtic. La ley se dirige también a los policías imputados por las cargas del 1-O. Pero todo dependerá de la interpretación que hagan a partir de ahora los tribunales, que son los que tienen en sus manos la aplicación de la amnistía.
Un paso más allá para los indultados del 'procés'
Una de las sentencias que la ley de amnistía busca revertir es la del procés, dictada por el Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019. La sentencia impuso, por un lado, cuatro condenas por el delito de sedición en concurso medial con malversación agravada. A Oriol Junqueras le condenaron a 13 años de prisión e inhabilitación. Para Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, las condenas fueron de 12 años.
Otros tantos líderes independentistas fueron condenados únicamente por sedición: Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart ostentaron penas de entre nueve años y cerca de doce años de prisión. Por último, se condenó únicamente por un delito de desobediencia a Santiago Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó.
Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido impulsando políticas para beneficiar a todos ellos -desde los indultos hasta la extinción del delito de sedición y la reforma de la malversación-, los condenados por el Tribunal Supremo seguirán beneficiándose de esta amnistía. Aunque los indultos lograron anular las penas de prisión dictadas por el Supremo, la amnistía va varios pasos más allá. Significa, de hecho, el borrado del hecho delictivo, desaparecen las penas de inhabilitación y se borran los antecedentes penales.
Precisamente por eso afectará también a Carles Puigdemont, que podrá volver a España después de casi 2.500 días fugado. Su regreso será el mejor símbolo de la trascendencia de esta ley, que además de perdonar delitos condenados -como hicieron los indultos-, implica el archivo de los juicios e investigaciones de delitos relacionados con el procés. En el caso de Puigdemont, se libraría de las investigaciones que dirige el Tribunal Supremo tanto por el procés como por las protestas de Tsunami Democràtic. En este aspecto, la norma beneficiará también a los CDR y al resto de imputados por Tsunami.
Cómo y por qué fueron procesados los CDR
Los Comités de Defensa de la República se crearon en 2017 para facilitar la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre. Se fundaron en los meses previos de la mano de varias organizaciones de la izquierda independentista catalana como las CUP (Candidatura de Unidad Popular), Endavant, Arran, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, la Coordinadora Obrera Sindical, la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, pero también miembros de ERC o del Partido Demócrata Europeo Catalán.
Tras el referéndum, que el Tribunal Constitucional declaró ilegal, su nuevo objetivo fue luchar por el cumplimiento de su resultado y la proclamación de la República Catalana. Aunque inicialmente lo hicieron desde la desobediencia civil pacífica y no violenta, algunos de sus miembros fueron detenidos bajo la acusación de delitos como terrorismo y rebelión en diversas operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en 2018 y 2019.
En abril de 2018, el instituto armado detuvo a una persona que, acusada de rebelión y terrorismo, fue trasladada a Madrid por orden de la Audiencia Nacional. Posteriormente, las acusaciones de terrorismo y rebelión fueron desestimadas y rebajadas a desórdenes públicos, de las que finalmente fue absuelta.
En septiembre de 2019, se detuvo en Barcelona a nueve miembros de los CDR, acusados de delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos. Según la fiscalía de la Audiencia Nacional, planeaban atentados. El juez Manuel García Castellón les acusó de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Sin embargo, la Audiencia acabó considerando que las sustancias no eran en sí mismas explosivos.
Luego, en noviembre, la Guardia Civil intervino varios bidones de gasolina y numerosos artefactos pirotécnicos junto a diversas herramientas y detuvo a los miembros del "Equipo de Respuesta Táctica" (facción más radical de los CDR). A partir del 20 de diciembre se fue decretando la libertad con fianza para los acusados, ya que la propia investigación volvía a cuestionar que las sustancias encontradas pudieran considerarse explosivos. Finalmente, los dos últimos detenidos fueron liberados bajo fianza con cargos el día 10 de enero de 2020.
En mayo, la Fiscalía solicitó la apertura de juicio oral a doce procesados por terrorismo, al encontrárseles precursores de explosivos y planes para atentar en infraestructuras estratégicas de Cataluña. Se pedía sentar en el banquillo a Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado.
Les acusaba por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa. Este viernes, en plena negociación de la amnistía entre PSOE y Junts, la Audiencia Nacional decidió abrir juicio contra los doce CDR.
Cómo y por qué se procesó a Tsunami Democràtic
Esta plataforma independentista nació para dar respuesta a la sentencia del juicio del procés. Se formó en agosto de 2019, presentándose públicamente antes y durante la Diada de 2019. Sus objetivos eran la libertad de presos, exiliados y represaliados, la defensa de los derechos fundamentales y la autodeterminación de Cataluña.
El 14 de octubre de 2019 se dio a conocer la sentencia firme de juicio del procés. Se condenó a penas de 9 hasta a 13 años de prisión a los enjuiciados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. En ese momento, Tsunami Democràtic impulsó protestas masivas junto a otros grupos y entidades.
Algunas de sus protestas desembocaron en graves disturbios públicos, como el asalto al aeropuerto de El Prat, el corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana, en Barcelona. Por todo ello fueron investigados por presuntos delitos de terrorismo por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Esta ordenó el bloqueo de todo acceso a las webs y aplicaciones ante indicios de terrorismo por parte de TD.
Interior inició una investigación para descubrir quién estaba detrás del grupo. Según los informes, se estaba investigando si una de ellas era Carles Puigdemont, pero el expresident declaró que no sabía quiénes eran los organizadores de Tsunami Democràtic. La Guardia Civil había situado a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la gestión en la sombra.
El juez de la Audiencia Provincial, Manuel García Castellón, imputó el 6 de noviembre de 2023 a un total de 12 independentistas por presunto terrorismo en el caso Tsunami Democràtic. Después de que Oleguer Serra, Jesús Rodríguez y Josep Campmajó hayan hecho pública su huida de la justicia, ya son siete las personalidades que, según el juez, están vinculadas a la plataforma independentista y tienen su residencia fuera de España.
Por otro lado, el Tribunal Supremo admitió dirigir una escisión de la causa de Tsunami, en concreto la que afectaría a Carles Puigdemont y al diputado de ERC Rubén Wagensberg, que por su condición de aforados no pueden ser imputados por la Audiencia Nacional.
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