El Gobierno no dará el mismo trato a Cataluña que al resto de las comunidades autónomas a la hora de decidir qué porcentaje de la deuda autonómica con el Estado se le perdonará a cada una. Así se recoge en el acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC este jueves de cara a desbloquear la investidura de Pedro Sánchez.
Uno de los puntos clave del texto firmado entre socialistas y republicanos es el perdón de una parte de la deuda que las comunidades autónomas contrajeron con el Estado durante los años posteriores a la gran crisis financiera de 2008. En el caso de Cataluña, el acuerdo prevé una condonación de alrededor de 15.000 millones de euros a los que habría que sumar otros 1.300 millones de intereses. En este caso, la quita supondría un 20% de la deuda que acumula Cataluña con el Estado, que PSOE y ERC cifran en 71.306 millones a finales de 2022.
Sin embargo, este porcentaje no tiene por qué aplicarse de igual manera a una hipotética quita de la deuda en otras comunidades. Así lo aseguran fuentes de la negociación, que se remiten al texto del acuerdo alcanzado entre los dos partidos y no especifican qué porcentaje se podría aplicar a otras autonomías. El documento solo recoge que "se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico".
Es decir, que la parte de la deuda que se perdonará será solo la que está vinculada "al impacto negativo del ciclo económico". En otras palabras, solo la deuda que el Gobierno considere atribuible al impacto de la gran recesión de 2008 sería objeto de perdón. La cuestión aquí es que el acuerdo entre PSOE y ERC solo ha estimado el porcentaje de esa deuda que se perdonará a Cataluña. El acuerdo no da detalles ni de los baremos que se han aplicado para elaborar ese cálculo ni de qué porcentaje se aplicaría al resto de comunidades autónomas.
Sin embargo, aunque todavía no se conocen las proporciones, a priori hay dos autonomías que se verían especialmente beneficiadas de una quita de esta deuda. La primera es Cataluña, que según los últimos datos del Banco de España -a junio de 2023- debía al Estado 73.110 millones de euros del fondo de financiación de las comunidades autónomas. La segunda es Comunidad Valenciana, cuyo pasivo asciende a 48.344 millones de euros.
Después de ellas, la tercera beneficiaria en términos absolutos sería Andalucía, con una deuda con el Estado de 25.409 millones de euros, seguida por Castilla-La Mancha (11.363 millones); Murcia (10.286 millones); Aragón (5.053 millones); Baleares (4.915 millones); Cantabria (3.090 millones); Galicia (2.759 millones); Extremadura (2.494 millones); Castilla y León (1.966 millones); Canarias (1.294 millones); Asturias (858 millones) y La Rioja (805 millones).
País Vasco, Navarra y Madrid quedarían fuera de la ecuación, dado que no tienen deuda pendiente con el Estado. En los dos primeros casos esto se debe a que cuentan con Hacienda propia, por lo que no se les aplica el régimen común que rige en el resto de territorios. El caso de Madrid obedece a que el Gobierno autonómico no ha visto necesario financiarse a través del Estado durante los años de la crisis y posteriores.
En los años más duros de la gran recesión, las comunidades autónomas tuvieron muy difícil obtener financiación en los mercados. Muchas se vieron obligadas a tomar prestado directamente al Estado, que movilizó cientos de miles de millones a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que después se integraría en el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. La consecuencia de ello es que alrededor del 60% de la deuda autonómica está en manos de la administración central.
Aunque, en principio, parece que Madrid, Navarra y País Vasco se verían excluidas del perdón de la deuda, fuentes de la negociación señalan a este diario que la quita beneficiará a todas las autonomías, incluida Madrid. En este sentido, el acuerdo entre PSOE y ERC incluye una cláusula que señala que también se podrá acudir a transferencias de fondos para cancelar deuda "en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado". Es decir, que aunque estas autonomías no deban nada a la Administración central, esta podrá transferirles fondos para cancelar deuda adquirida durante la gran recesión.
Impacto potencial de 38.250 millones
Aunque todavía se desconoce qué porcentaje de la deuda se condonará a cada comunidad, extender una quita del 20% como la que se aplicará en Cataluña supondría que el Estado asumiera 38.250 millones de deuda autonómica. De ellos, uno de cada tres correspondería a Cataluña, mientras que Comunidad Valenciana dejaría de pagar 9.669 millones y Andalucía, otros 5.082 millones. Además, a la cuantía total habría que añadirle el volumen de deuda que se decidiera perdonar a Madrid, País Vasco o Navarra en caso de que el Gobierno se decantara por ello.
En todo caso, estas cifras no afectarían a la cifra de deuda pública de España, dado que las reglas fiscales europeas computan el pasivo conjunto de todas las administraciones públicas. Al perdonar parte de la deuda autonómica, esta pasaría a estar en manos del Estado, pero la suma total del pasivo de entidades locales, autonomías y Estado seguiría siendo la misma.
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