Una vez que ya se ha impuesto en la sociedad española el marco de la amnistía, a los socialistas les han entrado las prisas para materializar la investidura. La operación ha requerido de un cierto tiempo. Primero gran parte de la izquierda ha tenido que resignarse a que era una medida inevitable para hacer de nuevo presidente a Pedro Sánchez con el apoyo de los independentistas. Y, paralelamente, se ha tenido que desplegar una cacharrería retórica a fin de convencer a los profanos de que el fin último de la amnistía es servir al reencuentro y la convivencia en Cataluña. 

No obstante, y si eso no sirve, siempre queda el recurso al miedo, a que cualquier cosa es preferible a la posibilidad de que haya un Gobierno del PP con Vox si se repitiesen las elecciones. En definitiva, mejor amnistiar a Carles Puigdemont que darle otra oportunidad a Alberto Núñez Feijóo.

Cuando conozcamos el texto de la amnistía nos echaremos las manos a la cabeza, pues la ley abarcará todos los delitos cometidos en nombre de la autodeterminación y la independencia de Cataluña, desde la malversación a los actos violentos (de los CDR o del Tsunami Democràtic), y se extenderá desde 2013 hasta la fecha de entrada en vigor. El Estado les va a devolver todo el dinero del Tribunal de Cuentas, las multas, etc., y hasta es posible que vaya a indemnizarlos más tarde por tan horrenda represión. 

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La ley tampoco considerará ilegales los actos de rebeldía contra el orden constitucional que cometieron las autoridades de la Generalitat durante el procés, sino que se limitará a relatar unos hechos de forma aséptica, y a constatar la existencia de un conflicto político en Cataluña, como si el separatismo, que rondó el 25% de los votos el pasado 23 de julio, fuera socialmente mayoritario. Ni media palabra habrá sobre el conflicto dentro de la sociedad catalana.

La amnistía en esos términos va a ser una humillación, aunque se disfrace de buenas intenciones y de referencias constitucionales a la convivencia. Porque el mayor problema es que no será el resultado de un proceso de reconciliación entre catalanes, sino la consecuencia de un chantaje, que va a generar un desgarro institucional profundo. 

Aunque para el PSOE puede ser un gravísimo error político a largo plazo, ahora sería mucho peor que se tirara atrás porque una parte del electorado no se lo perdonaría en las urnas. Carles Puigdemont lo sabe, no tiene prisa, se ha convertido en el amo de la situación. ERC acaba de escenificar su pacto con el PSOE, que incluye el traspaso integral de Rodalies y la condonación de una parte de la deuda, pero el expresident fugado dispone todavía de unos días para exprimir al máximo sus exigencias. Quiere apretar en algunos párrafos de la ley para que el texto sea lo más acorde posible con su relato de los hechos, ampliar los delitos amnistiables, y en relación con la figura del 'mediador' para progresar en la agenda autodeterminista. Porque la amnistía es solo el aperitivo.