Una enfermera de San Sebastián, un celador de Bilbao, un obrero de la construcción y un analista informático de Madrid son algunos de los primeros trabajadores que han ganado en la vía judicial su derecho a una prestación por incapacidad laboral absoluta por covid persistente. 

En medio de un amplio desconocimiento de la clínica de esta dolencia, en España está aumentando la litigiosidad ante la caducidad de las bajas y por la negativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a conceder dichas prestaciones, a pesar de que la covid persistente es una enfermedad reconocida por la OMS que podría afectar a entre un 5% y un 10% de quienes han pasado el virus.

Hace solo unos días, José Luis (nombre ficticio) conseguía que un juez de primera instancia de Madrid le concediera una pensión de más de 3.800 euros al mes por las secuelas provocadas por la covid-19. El magistrado le reconoció, además de la incapacidad laboral absoluta, el grado máximo de incapacidad, la gran invalidez, dado que se pudo probar que José Luis necesita ayuda de terceros para funciones esenciales de la vida como asearse, vestirse, caminar o comer.

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José Luis trabajaba como analista de sistemas informáticos en una empresa hasta que, al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, fue ingresado con covid-19, explica a 20minutos su letrada, Irene López, del despacho especializado en derechos laborales Campmany Abogados.

"Ingresó con una neumonía bilateral, tuvo mal desarrollo y derivó en una polineuropatía generalizada, enfermedad nerviosa que le generó pérdida de funcionalidad sobre todo de las extremidades superiores, los brazos, pero también en las inferiores. No podía agarrar un objeto, se le dormían las piernas y solo caminaba con ayuda de su mujer, quien además tenía que ducharle, cortarle los alimentos y darle de comer".

José Luis, que ahora tiene 64 años, agotó la baja laboral y consiguió la incapacidad absoluta, pero ahora obtiene un complemento económico de 1.381 por su gran invalidez, a sumar a su prestación de 2.443,62 euros. En total cobrará una pensión mensual de 3.825 euros, según recoge la sentencia, que es firme porque no ha sido recurrida por el INSS.

Cada vez más pleitos por la incapacidad

Las afecciones persistentes de Covid-19 son más frecuentes en personas que enfermaron gravemente, pero no exclusivas. La OMS calcula que entre el 15 y 20% de las personas que han padecido Covid-19 pueden seguir experimentando síntomas como fatiga persistente, dificultad para respirar y neblina mental, meses después de su recuperación. Síntomas que también pueden generar secuelas como fallos multiorgánicos o afecciones autoinmunitarias que duran incluso años en el 5% de los pacientes. En ocasiones, las secuelas son lo suficientemente graves como para causar una discapacidad.

Según un reciente estudio de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), en España, casi uno de cada dos afectados por covid persistente trabaja, pero lo hace con mucha dificultad (46%). Además, un 9,5% de los afectados ha perdido su trabajo y solamente el 2,9% ha conseguido una incapacidad permanente.

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En el despacho de abogados Campmany desde el verano han ganado tres casos por secuelas de la Covid-19. La gran invalidez de José Luis y dos incapacidades laborales de trabajadores que desarrollaron disnea, severas dificultades respiratorias a consecuencia del coronavirus.

"Uno de los afectados logró la incapacidad permanente porque su estado le impide realizar los esfuerzos que requiere su profesión. En el otro caso se logró la incapacidad laboral absoluta, porque el afectado no podía andar ni cien metros sin fatigarse", revela la abogada López.

El 90% de los pacientes con síntomas incompatibles con su trabajo tiene que recurrir a la vía judicial si quiere conseguir la incapacidad que se les niega de manera casi automática en la vía administrativa. Según los abogados, este es un tipo de litigio que cada vez irá más. "A tres años del inicio de la pandemia, los pacientes con covid persistente ya han sido sometidos a todas las pruebas posibles y se ha constatado que para ellos no existen posibilidades terapéuticas que consigan revertirlas".

La mayoría prestaciones son denegadas

En la Asociación Madrileña de Covid Persistente (Amacop), la vocal Elena Pérez explica que últimamente los jueces "están llamando la atención sobre por qué les llega a ellos este asunto que tendría que resolverse, y de forma favorable, dicen, por la vía administrativa". 

"Es una cuestión económica", dice Pérez, asegurando que hay más denegaciones que concesiones en la vía judicial de incapacidad laboral por covid persistente: "Si el enfermo es joven, porque no se creen lo que les pasa y si es muy mayor, dicen que son achaques de la edad". Sin embargo, son cada vez más los pacientes que, agotadas las bajas laborales, se adentran en procesos judiciales. Ellos mismos, Amacop, han ampliado sus convenios con bufetes especializados en derecho laboral para satisfacer la necesidad de sus asociados.

También lamentan que en algunos casos de concesiones de la incapacidad laboral por la vía judicial estas se retrasan y dejan en situación de vulnerabilidad total a los enfermos. Tal es el caso de su asociada Begoña Martín quien, con covid persistente desde marzo de 2020, obtuvo judicialmente la incapacidad como empleada de Correos en  mayo de 2023, pero hasta septiembre no tuvo ingresos por no poder cursar la baja en la empresa. Martín tuvo que dejar de pagar el alquiler y no podía ni adquirir sus medicamentos. Finalmente habló con la oficina del Defensor del pueblo y consiguió que le dieran de baja para que le empezaran a pagar la prestación.

Mientras tanto, los abogados especialistas en derecho laboral denuncian que "falta formación jurídica" sobre la covid persistente. "Todavía hay muchos jueces que no entienden la gravedad de estas patologías", explica la letrada Irene López, de Campmany Abogados. Por eso estos procesos requieren de peritajes médicos independientes que ayuden a explicar todas las limitaciones tienen los demandantes.

En el caso que ella acaba de ganar, el de la gran invalidez de José Luis, la letrada dice estar satisfecha porque a partir de ahora la pensión de 3.800 euros garantizada por el juez permitirá a su mujer, y principal cuidadora, la contratación de una persona para asistir al enfermo en el día a día.