Los sindicatos ferroviarios han escenificado su unidad ante la convocatoria de una huelga de cinco días a las puertas del puente de diciembre por el traspaso de las competencias de Rodalies —el servicio de Cercanías catalán— a la Generalitat. Así lo han expresado en una rueda de prensa multitudinaria los portavoces de los cinco sindicatos representados en los comités de empresa de Renfe y Adif. Los representantes sindicales se han mostrado dispuestos a negociar, pero han marcado una línea roja clara: los trabajadores ferroviarios deben seguir ligados a Renfe y Adif.
"Los trabajadores de Renfe y Adif quieren seguir perteneciendo a sus empresas. No nos oponemos a que las competencias las tenga la Generalitat o Transportes, sino a que eso suponga una segregación de Renfe y Adif", ha defendido Pepa Páez, secretaria general del sector ferroviario de CC OO.
En este sentido, el acuerdo que firmaron PSOE y ERC establece que para gestionar el traspaso de Rodalies, se creará una nueva empresa "segregada de Renfe" con una participación mayoritaria de la Generalitat. Este punto es el que más polémica ha despertado entre las organizaciones sindicales, que ven peligrar sus derechos laborales si se subrogan las plantillas de Renfe y Adif en Cataluña a esa nueva compañía.
Para los sindicatos, la segregación de Renfe y Adif en una nueva compañía en Cataluña sentaría un precedente peligroso. Si finalmente ocurre, abre la puerta a que el resto de autonomías hagan reclamaciones similares y que los trabajadores acaben perdiendo los derechos que tienen por pertenecer a Renfe y Adif. Los sindicatos cifran en unos 4.000 trabajadores —2.500 de Renfe y otros 1.500 de Adif— los potencialmente afectados por la cesión de competencias a la Generalitat.
Para Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, la segregación es "una medida innecesaria que no arregla los problemas de Cercanías". "Corremos riesgo de fraccionamiento y segmentación. No lo vamos a permitir", ha expresado. Escudero ha apuntado que las prioridades deben ser corregir la falta de inversión y las políticas erróneas que han provocado un "grave" deterioro de infraestructura y material.
"Hay derechos que no están garantizados si no hay acuerdo con la representación de los trabajadores", señala, por su parte, Diego Martín, del sindicato Semaf. Martín agrega que hay acuerdos laborales que, si se produce una subrogación de personal, no se van a mantener o procesos de incorporación y salida de personal.
Desde el Gobierno central se ha intentado mandar un mensaje de tranquilidad. El martes, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró que Renfe se quedará en Cataluña y que el acuerdo que se ha firmado "garantizará los derechos y condiciones laborales de los trabajadores". El texto del acuerdo entre PSOE y ERC señala que la empresa pública que se cree para gestionar el traspaso de competencias tendrá un convenio de colaboración con Renfe y asegurará "el mantenimiento de los derechos adquiridos" por los empleados. Pero los sindicatos no lo ven claro.
Incertidumbre y falta de información
Para Pedro Aller, responsable de Infraestructuras del Sector Ferroviario en UGT, el acuerdo para traspasar competencias a Cataluña genera una "incertidumbre absoluta" y es poco riguroso, ya que no se ha presentado ningún documento técnico. "Esperamos que la afluencia a la huelga sea absolutamente masiva", aunque los servicios mínimos —que todavía no se han definido— "minimizan las huelgas a la mínima expresión".
La falta de información es otro de los puntos que más descontento ha generado entre la representación de los trabajadores. El Ministerio de Transportes informó a los sindicatos del traspaso el lunes pasado y sienten que no se les ha tenido en cuenta en el proceso. Con todo, la voluntad de los sindicatos es intentar llegar a un acuerdo. "Somos gente negociadora, vamos a hablar. Si hay voluntad de negociar, se va a intentar", José Carlos Gutiérrez, coordinador general del Sindicato de Circulación Ferroviario.
En todo caso, la línea roja se mantiene en que los trabajadores sigan estando ligados a Renfe y Adif. "Estamos dispuestos a sentarnos en el foro oportuno para ver si la empresa participada puede garantizar que los trabajadores en Cataluña estén ligados al grupo Renfe, más allá de que las decisiones de planificación puedan depender de Transportes o de la Generalitat", ha matizado Pepa Páez, de CC OO.
Más allá de la cuestión de las competencias, los sindicatos también han alzado la voz contra la privatización de la sección de mercancías de Renfe. Las centrales arguyen que ceder este negocio a manos privadas carece de sentido, dado que Renfe es la empresa líder del sector y con la incertidumbre que genera para el personal de esta sección.
Recuerdos de 2009
El conflicto laboral que se ha desatado ahora a raíz del acuerdo para transferir la gestión y la infraestructura ferroviaria a Cataluña tiene su origen en 2009. Entonces, el Gobierno —presidido por José Luis Rodríguez Zapatero— ya acordó una primera ronda de traspasos de competencias ferroviarias del Estado a Cataluña que también fue rechazado por los sindicatos.
El pacto alcanzado hace 14 años ya planteaba la creación de una empresa pública desgajada de Renfe, una posibilidad a la que los sindicatos respondieron convocando movilizaciones. En aquella ocasión, se desconvocaron los paros con la condición de que Renfe siguiera prestando el servicio de Rodalies hasta que se acordara el traspaso competencial definitivo. Una cesión que, si se cumple el acuerdo entre PSOE y ERC, se completará ahora.
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