El acuerdo firmado por PSOE y Junts significa, tanto por las cesiones concretas como sobre todo por la narrativa del texto, un éxito incontestable para Carles Puigdemont y las aspiraciones separatistas. La amnistía, que se ha intentado vender desde los partidos que apoyan la investidura de Pedro Sánchez como una forma generosa de cerrar una herida abierta en la convivencia de Cataluña, es solo una parte sin duda imprescindible por cuanto da la razón a los independentistas en el camino hacia una consulta de secesión. Junts ha logrado ampliar la amnistía que ERC ya incorporó en su acuerdo con los socialistas de la semana pasada, añadiendo los casos de lawfare, es decir, de presunta persecución judicial por razones políticas, aunque está por ver cómo se incorporará ese concepto en la ley sin que sea objeto de una insalvable declaración de inconstitucionalidad, ya que supone negar que España sea un Estado de derecho. Pero como quien puede lo más, puede lo menos, seguro que se retorcerán los conceptos y las palabras que sean necesarios para amnistiar a quien haga falta.

Ahora bien, la amnistía, que ha centrado la atención política y mediática las últimas semanas, es ya lo de menos. Es solo el aperitivo. En el acuerdo con Junts lo relevante es lo que presumiblemente vendrá a lo largo de una legislatura con Puigdemont ejerciendo de dueño y señor, como ha dejado bien claro en su rueda de prensa. En primer lugar, ambas partes aceptan que existe un conflicto político, lingüístico e institucional que se remonta a 1714, y que "los acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del Parlamento de Cataluña", obviando los límites constitucionales, y sin aclarar qué se entiende por demandas mayoritarias (los independentistas esgrimían en 2017 su mayoría absoluta en la cámara catalana). La única voluntad es la del pueblo de Cataluña y sus representantes, orillando el apoyo abrumador que los catalanes dieron a la Constitución en 1978, o la necesidad de mayorías muy reforzadas para reformas de calado. 

En segundo lugar, la narrativa gira alrededor de la afrenta del Estatuto en 2010, revisado por el TC a petición del PP, lo que justifica en ese relato los desmanes del procés y el referéndum unilateral de 2017, que contó, asume ahora el PSOE, con "una participación masiva a favor de la independencia". El texto descalifica los intentos del Gobierno español para frenar dicha votación ilegal, afea la aplicación del art. 155, y avala los informes tendenciosos de los grupos de trabajo sobre detenciones ilegales financiados por la Generalitat bajo el paraguas de Naciones Unidas. 

En tercer lugar, la resolución de dicho conflicto, que siempre es entre Cataluña y España, y nunca entre catalanes, se dota de un mediador/verificador "internacional" para avanzar en dos ámbitos de negociación: los "déficits y limitaciones" del autogobierno, donde se apunta que Junts exigirá la cesión del 100% de todos los tributos, y el reconocimiento nacional de Cataluña, con el horizonte de una consulta, aunque no se diga cómo ni con qué contenido.

El acuerdo PSOE-Junts incluye un mediador internacional, amnistía desde 2012 y negociar un referéndum y la cesión total de tributos

En definitiva, más allá de la amnistía, una medida que no reconcilia a los catalanes, sino que humilla a los constitucionalistas, que rompe todos los puentes de la política española, lo más preocupante es lo que vendrá a lo largo de la legislatura, una vez que el PSOE ya ha comprado toda la mercancía del relato independentista. El traspaso de la competencia a la Generalitat para convocar referéndums, que legalmente puede hacerse, será pan comido.