Confirmada la inminencia de una ley de amnistía anunciada en el acuerdo PSOE-Junts, que asume el relato independentista sobre una posible persecución política ejecutada por algunos jueces, la indignación es extrema y transversal en el Poder Judicial español. Las cuatro mayores asociaciones judiciales, las tres asociaciones de fiscales, el Consejo General del Poder Judicial... el goteo de actores que se han posicionado frente a las alusiones al 'lawfare' en el acuerdo de PSOE y Junts es continuo, sin limitarse esta vez al sector conservador de la Justicia.
Más allá de este término intolerable a ojos de los jueces de España, una gran mayoría de ellos se ha pronunciado ya desde hace semanas contra la posibilidad de una amnistía que, a ojos de el sector mayoritario del Poder Judicial, el conservador, no tiene cabida en el ordenamiento jurídico. Pero más allá de las declaraciones, existen dos vías para tratar de suspender o retrasar la aplicación de esta norma una vez se apruebe. Un camino lleva al Tribunal Constitucional y el otro al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los dos únicos con potestad para tumbar la aplicación de una norma aprobada por el Parlamento español.
El choque con la Constitución o la normativa europea
Una vez aprobada la ley de amnistía, los hechos delictivos relacionados con el procés no quedarían instantáneamente olvidados a efectos jurídicos. Al contrario, cada juez que esté investigando o haya juzgado estos delitos deberá proceder a aplicar la norma a la causa correspondiente. Sin embargo, hay dos supuestos en los que el juez puede -y, de hecho, debe- paralizar la aplicación de la ley.
Esto ocurrirá, en primer lugar, cuando un togado afronte la aplicación de una norma y dude de su legalidad constitucional. En estos supuestos, los jueces están obligados a acudir al tribunal de garantías, tal y como dicta el artículo 163 de la Carta Magna: "Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos”.
La cuestión es que, mientras el Tribunal Constitucional dirime, el juez deberá paralizar el trámite y esperar a la respuesta de la corte de garantías antes de dictar sentencia. De forma que el Tribunal Supremo, responsable de las condenas del procés y encargado de investigar a Carles Puigdemont, podría acudir al Tribunal Constitucional y paralizar la aplicación de la medida de gracia hasta que el órgano de garantías respalde o rechace la norma. Lo mismo puede ocurrir en la Audiencia Nacional, que investiga a día de hoy los presuntos delitos de terrorismo cometidos por los CDR y por Tsunami Democràtic, implicando en esta última causa al expresident de la Generalitat.
La segunda vía consistiría en acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si el juez correspondiente considera que la ley de amnistía es contraria a la normativa de la Unión Europea. Tal y como explica Óscar López Bermejo, del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco Vitoria, el derecho comunitario "tiene primacía" sobre el estatal. De forma que "si el TJUE dice que una norma nacional es contraria a una normativa comunitaria, el juez tiene que dejar de aplicarla y atenerse a la interpretación del tribunal europeo".
El propio Consejo General del Poder Judicial ya ha advertido y trasladado a la Unión Europea que la ley de amnistía sería contraria al derecho de la Unión. Concretamente, según señalan a 20minutos fuentes del CGPJ, la norma podría contrariar los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión.
El primero de ellos establece que "la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías". Señala además que "estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres".
El artículo 19 dicta que "los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión…Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y los jueces del Tribunal General serán elegidos de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia".
Comisiones parlamentarias para investigar el 'lawfare'
Más allá de la ley de amnistía, la posibilidad de crear comisiones parlamentarias que investiguen el supuesto lawfare contra el independentismo ha causado un rechazo unánime entre los actores del Poder Judicial. "Las conclusiones de las comisiones de investigación de esta legislatura se tendrán en cuanta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", señala el acuerdo de investidura.
Estas líneas publicadas el jueves obtuvieron inmediatamente una respuesta por parte de las asociaciones judiciales, las primeras en contestar. Incluida la de sensibilidad más progresista. La Asociación Profesional de Magistrados (APM), la Asociación Judicial Francisco Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente alertaron de una "evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".
Se sumaron las asociaciones de fiscales y, el mismo jueves por la noche, el CGPJ emitió un comunicado. La Comisión Permanente del Consejo se reunió de forma extraordinaria y acordó, con el voto favorable de seis de sus siete miembros, la publicación de un texto que tacha de "inadmisible" la alusión al lawfare. Las mencionadas comisiones de investigación implicarían "una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes", indica el documento en línea con el firmado por las asociaciones.
También el jueves a última hora, el Partido Socialista trató de calmar las aguas y aseguró que "el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial". Según aseguraron fuentes del partido, las comisiones a las que se refería el pacto son las pactadas en agosto durante la constitución de la Mesa del Congreso.
Sin embargo, este viernes se pronunció en la misma línea que el CGPJ la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y varios Tribunales Superiores de Justicia suscribieron el comunicado del Consejo. También el presidente del TSJ de Murcia, Miguel Pasqual Riquelme, puso de relieve su "frontal rechazo" al anuncio de comisiones parlamentarias que investiguen el supuesto lawfare.
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