OPINIÓN

El desguace

Miles de manifestantes durante la concentración contra la amnistía convocada ayer en Valencia por el PP.
Miles de manifestantes durante la concentración contra la amnistía convocada en Valencia por el PP.
Jorge Gil / EP
Miles de manifestantes durante la concentración contra la amnistía convocada ayer en Valencia por el PP.

Cuentan que Torcuato Fernández Miranda, artífice de la Ley para la Reforma Política, consideraba que en España existían cuatro problemas que impedían un correcto asentamiento de la democracia: el religioso, el militar, el social y la cuestión territorial. Los tres primeros se solucionaron; el cuarto, que se intentó corregir con los distintos estatutos de autonomía, amenaza hoy con desangrar no solo nuestra democracia, sino la nación misma.

Confieso que no me asusta lo que Sánchez, Puigdemont y compañía tengan pensado para nuestro país, me preocupa más lo que ocurra en el resto de las comunidades y ciudades autónomas. Porque el desguace de la nación no vendrá de lo que decida Moncloa y Waterloo (con los apoyos esperables de los que quieren acabar con España o el Régimen del 78), llegará si el resto del país no está a la altura y se piensa más como gallegos, andaluces, asturianos, extremeños, valencianos, etc., que como españoles.

Lo que temo es que se generalice la «cláusula Camps», aquella que permitía a la Comunitat exigir las mismas competencias que el Estado transfiriera a otras comunidades autónomas para evitar eso de «españoles de primera y de segunda».

Carlos Mazón, en su declaración institucional del pasado día 9, habló de que su Govern no va a permitir que se discrimine a los valencianos y que reivindicará la igualdad de trato. Si es, como afirmó, por la igualdad de los españoles, bien sea; si es para que los valencianos no nos quedemos rezagados en materia de bienestar, que el último apague la luz.

Me atrevo a decir que los miles de ciudadanos que se manifestaron ayer en nuestra región lo hicieron como españoles, no como valencianos que reclaman los mismos derechos que el Gobierno conceda a los independentistas. Y lo mismo puede decirse de los que salieron en otras capitales de provincia. Salieron contra el desguace de un patrimonio común y heredado que unos oportunistas han puesto en peligro.

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