El camino para la amnistía de los delitos del procés comenzó en el Congreso de los Diputados y culminará previsiblemente en el Tribunal Constitucional (TC), que tendrá que estudiar la norma y determinar su encaje en la Constitución en caso de que el Partido Popular y algunos tribunales así lo reclamen. Este órgano, supremo interprete de la Constitución, es independiente del resto de los órganos constitucionales y ajeno al Poder Judicial, por mucho que reciba el nombre de tribunal. Tiene la última palabra sobre el encaje legal de las normas del ordenamiento jurídico español, y podría por tanto respaldar, total o parcialmente, o rechazar la ley de amnistía que decreta el olvido jurídico de los hechos delictivos relacionados con el procés. 

Un órgano político

El Constitucional es un órgano político, ajeno al funcionamiento de los tribunales de España, que se encarga de garantizar la supremacía de la Constitución española de 1978. Debe controlar que las leyes y tratados internacionales no entren en conflicto con la Carta Magna y tiene el poder de resolver los conflictos de competencia entre las instituciones del Estado. Tiene además el deber de preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la autonomía de los entes locales. 

Los miembros del Constitucional se llaman magistrados, pero no todos son jueces. Lo forman 12 juristas que son nombrados a propuesta del Congreso y el Senado, del Gobierno de turno y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todos deben ser juristas de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional, y en ese grupo pueden entrar tanto jueces como fiscales, profesores de universidad o incluso abogados. Cada Cámara parlamentaria escoge a cuatro de sus miembros y el CGPJ elige junto al Gobierno a los cuatro restantes. Cada uno de los magistrados del tribunal tiene un mandato de nueve años y el órgano se renueva por terceras partes cada tres años. Por lo tanto, la mayoría de sus miembros son elegidos por los políticos, directa o indirectamente.

La corte de garantías analiza recursos de inconstitucionalidad y recursos de amparo para determinar si las leyes son contrarias a la Constitución o violan los derechos y libertades recogidos en ella. También responde a las cuestiones de inconstitucionalidad que presentan los jueces y magistrados de España cuando dudan del encaje de una ley que tienen que aplicar. 

La mayoría progresista con Conde-Pumpido a la cabeza

Desde enero de este año, el Pleno del Tribunal Constitucional es de mayoría progresista y está presidido por Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado en los años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Constitucional vive en estos momentos una etapa anómala en tanto que uno de los doce asientos del Pleno está vacío. 

Se trata del puesto que ocupaba el magistrado Alfredo Montoya, nombrado por el Senado en 2017 a propuesta del PP y retirado en 2022 tras sufrir un ictus. Para sustituir a Montoya se requiere una mayoría de tres quintos en la Cámara Alta que solo se puede alcanzar con un pacto entre populares y socialistas. 

Mientras este acuerdo no tenga lugar, se mantendrá la composición actual, con siete magistrados progresistas y cuatro conservadores que durante los últimos meses han mantenido una dinámica de bloques en la mayoría de las deliberaciones sobre leyes de calado. A la hora de debatir la ley del aborto de Zapatero, la 'ley Celáa' -de eduación- o la 'ley rider', por ejemplo, los siete progresistas han avalado las normas del Gobierno y los cuatro conservadores han votado en sentido contrario. 

El primero de estos sectores lo forman Conde-Pumpido, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez, María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo —que este jueves se ha abstenido de debatir la amnistía en el Constitucional porque siendo ministro dijo que era "claramente inconstitucional"— y Laura Díez. Los considerados de sensibilidad conservadora son César Tolosa, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. 

La amnistía ha situado al Tribunal Constitucional en el ojo del huracán, una situación "prematura" que desde hace semanas causa malestar entre sus magistrados, según han confirmado fuentes del órgano. El Partido Popular avisó a la corte de que "tendrá que decidir si está en el lado de los constitucionalistas o en el de los enemigos de la Constitución" cuando la ley de amnistía se eleve al Pleno. 

Una vez esté aprobada la norma, el PP podrá recurrirla ante el órgano de garantías al considerar, como ya ha denunciado en múltiples ocasiones, que es contraria a la Constitución. También llevarán la ley ante el tribunal la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, según han confirmado El Español y El Mundo. Lo harán a través de una cuestión de inconstitucionalidad, el mecanismo que utilizan los jueces cuando dudan del encaje legal de una norma. 

En el primero de estos dos tribunales, el juez Manuel García Castellón instruye dos causas que entrarían en los márgenes de la ley de amnistía, las investigaciones por presunto terrorismo de los CDR y Tsunami Democràtic. El Tribunal Supremo, por su parte, condenó a parte de los líderes del procés que luego fueron parcialmente indultados y aún investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de fugados tras el referéndum ilegal de 2017. Los hechos que llevaron a ambos tribunales a investigar o juzgar delitos relacionados con el proceso independentista entran dentro de la ley de amnistía que tanta polémica ha causado entre las asociaciones judiciales de España. 

El Tribunal Constitucional decidirá sobre la legalidad de la norma poniendo punto y final a un debate que ha ocupado desde hace meses a los juristas españoles, primero desde la abstracción del concepto de amnistía y ahora a través del análisis de una proposición de ley de 23 folios que, de ser aprobada, dará por olvidados los hechos delictivos enmarcados en el procés.