Diez años de hechos históricos y delitos han sido eliminados desde el momento en el que este jueves se dio luz verde a la ley de amnistía. La norma pactada por el PSOE de Pedro Sánchez con Junts y ERC como acuerdo para revalidar la presidencia del Gobierno no solo ha levantado las críticas de oposición, jueces, fiscales o expertos, sino que también será un contador a cero para la historia penal de Cataluña.
En el Pleno del Congreso de este jueves, en un ambiente más que tenso en el que se oyeron gritos de "traidor" contra el presidente del Gobierno, Junts y ERC se felicitaron por un texto que calificaron como de "victoria" ante un Estado responsable de "represión" y "persecución" a los líderes del procés. "La muerte civil a la que nos querían someter hoy ha sido derrotada", añadía Carles Puigdemont, aún fugado de la justicia, horas después de la votación.
Por su parte, Sánchez dejaba un mensaje en sus redes sociales: "La convivencia se abre camino. En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor". Algo que suscribía en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Justica y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, que aseguraba que la aprobación cierra una etapa de "tensión, enfrentamiento y conflicto" y abre otra de "acuerdo y prosperidad para Cataluña y España". En noviembre del año pasado, el propio Bolaños especificaba, además, que la ley "permite amnistiar las responsabilidades penales administrativas y legales relacionadas con el procés realizadas entre el 1 de enero de 2013 y hasta el 13 de noviembre del 2023".
Eventos como los disturbios del aeropuerto del Prat protagonizados por Tsunami Democràtic, el referéndum ilegal del 1-O o la declaración unilateral de independencia se borrarán de los tribunales de un plumazo para "dialogar entre personas que piensan diferente" y poner "soluciones a problemas enquistados". Estos será todo lo que desaparezca judicialmente:
La consulta del 9N
El 9 de noviembre de 2014, la Generalitat, entonces presidida por Artur Mas, convocó una consulta popular tras la negativa del Gobierno central a permitir la celebración de un referéndum de autodeterminación. Aquel simulacro de votación se llamó oficialmente Proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña. La consulta se basaba en dos preguntas: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y "En caso afirmativo, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente?".
El Gobierno central presentó entonces dos recursos de inconstitucionalidad contra el decreto de convocatoria de la consulta y contra la ley de consultas de Cataluña en la que se amparaba el proyecto inicial de referéndum, lo que provocó su suspensión.
El Govern improvisó un "proceso de participación ciudadana". Más de dos millones acudieron a votar, de los que un 80% dijeron sí a la independencia. Ya en 2017, el Tribunal de Cuentas condenó a Artur Mas por responsabilidad patrimonial y tuvo que devolver 4,9 millones gastados en el 9N. En total, una decena de ex altos cargos pagaron 12 millones de euros. Mas, por su parte, fue condenado por el Tribunal Supremo a un año y un mes de inhabilitación y 36.000 euros de multa por desobediencia, algo que ratificó el Constitucional. Estos antecedentes desaparecerán.
La Operación Anubis y los Jordis
El año 2017 es clave en los eventos que desaparecerán de la memoria judicial. En junio, Carles Puigdemont, ya presidente del Govern catalán, anunciaba la fecha de un referéndum que ha marcado la historia catalana hasta llegar, precisamente, a la nueva ley de amnistía. Ya en septiembre de ese año, después de que el Parlament aprobara la ley del referéndum, el Constitucional suspende de forma cautelar la consulta del 1-O.
Aquí comienza un operativo policial paralelo, la Operación Anubis, que se puso en marcha el 20 de septiembre y por el que se registraron más de 40 sedes del gobierno catalán y se efectuaron 15 detenciones de altos cargos y empresarios. Todo ello para tratar de que no se celebrara la consulta y que, finalmente, fue la mecha que prendió protestas, cargas policiales e imputaciones.
La ciudadanía reaccionó ante la macrooperación policial con una manifestación que acabó aglutinando a 60.000 personas ante el Departament d’Economia, en Barcelona, y que tuvo que ser dispersada al día siguiente con cargas policiales. Entre los concentrados estaban los líderes de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, condenados después a nueve años de cárcel y de inhabilitación por sedición, al considerar que instigaron a la movilización sabiendo que "dificultarían" la intervención policial que pretendía evitar el 1-O. Ambos permanecieron presos cuatro años hasta que, junto a otros dirigentes, fueron indultados. Nada de esto permanecerá ya en sus expedientes gracias a la nueva norma.
El referéndum ilegal
Pese a los intentos del Ejecutivo de Mariano Rajoy de acabar con la consulta del 1 de octubre, nada pudo evitar que se celebrara. Un total de 2.266.498 catalanes votaron entre cargas policiales o la amenaza de ellas. Según datos oficiales de la Generalitat, 893 personas fueron atendidas por las cargas policiales y el Ministerio del Interior informó de 431 agentes heridos.
Ese día, al menos 45 miembros de la Policía Nacional también fueron encausados por cargar contra los votantes. Precisamente, ellos podrían ser los únicos que no vean beneficios de la nueva norma. Este jueves, los dos principales sindicatos policiales, Jupol y SUP, calificaban la aprobación de la amnistía como el "mayor atropello" contra la igualdad ante la ley de la democracia, y apuntaban que según el artículo 2 de la misma algunos agentes podrían quedar fuera.
Ese 1 de octubre, alrededor de las 22:00 horas, Puigdemont anunció que había "ganado el sí" con 2.020.144 votos a favor, frente a 176.566 en contra, 45.586 votos en blanco y 2.129 nulos.
El 3 de octubre se celebró una huelga general en protesta por la actuación de la Policía que también culminó con cargas policiales y cuatro detenidos. Ellos también verán sus antecedentes desaparecer.
En el marco de las protestas, la Audiencia Nacional enviaba el pasado 3 de noviembre a juicio a 12 miembros del Comité de Defensa de la República (DCR) por pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista. Ellos, en un principio, también serán beneficiados por la ley de amnistía y no tendrán que rendir cuentas ante la Justicia. También se perdonas los cinco millones que se debían pagar por la consulta al Tribunal de Cuentas.
En este sentido, la Audiencia Nacional programaba este jueves para el próximo 27 de junio una vista para estudiar los argumentos con los que los abogados de los acusados buscan anular su juicio por terrorismo, entre ellos, la ley de amnistía.
La DUI y el 155
El 27 de octubre de 2017, el Parlament aprobó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y abrir un proceso constituyente "que acabe en la aprobación de la constitución de la República". A su vez, el Senado aprueba la aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar el 'procés' independentista en Cataluña.
Esto dio paso al cese de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y a todo su Govern; así como la limitación de poderes del Parlament, la intervención de organismos públicos, de los Mossos d’Esquadra y la convocatoria de elecciones autonómicas en un plazo de tres meses, que finalmente se celebraron el 21 de diciembre. Así, la Generalitat estuvo intervenida durante 218 días.
Tan solo tres días después, el 30 de octubre, Puigdemont huyó a Bélgica junto a sus consellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret y la exsecretaria general de ERC, Marta Rovira. Todos ellos ya no tendrán que pagar por delitos de rebelión, desobediencia y malversación y podrán volver y permanecer en España.
El 2 de noviembre, la jueza Lamela decretó prisión incondicional y sin fianza para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros siete exconsellers del Govern cesado: Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn. A Santi Vila se le impuso una fianza que pagó para quedar en libertad. Junqueras, los Jordis y Forn pasaron esas navidades en la cárcel, mientras que los demás pudieron salir con fianza.
El colapso en el Prat y los lazos amarillos
El 14 de octubre de 2019, tras ocho meses de proceso judicial, el Tribunal Supremo dicta penas de entre nueve y 13 años para nueve de los doce líderes independentistas por sedición, malversación y desobediencia. Los exconsellers Santi Vila, Maritxell Borràs y Carles Mundó solo fueron condenados por desobediencia a un año y ocho meses de inhabilitación y una multa. Todos ellos ya no tendrán antecedentes ni estarán inhabilitados.
Estas sentencias provocaron la convocatoria de protestas por parte de la plataforma Tsunami Democràtic. Los manifestantes cortaron carreteras y vías de tren, pero lo más destacado fue el colapso del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Los protestantes acudieron a la terminal 1 -muchos andando a través de las carreteras cortadas-, convocados por Tsunami Democràtic. El aeropuerto tuvo que cancelar 108 vuelos y la Policía cargó. Alrededor de un centenar de personas fueron atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Dentro de esta causa, se investiga si la muerte por infarto de un hombre francés parte de las movilizaciones provocadas ese día en el aeropuerto. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón quería acogerse a este fallecimiento para sacar a los imputados de la ley de amnistía, pero la misma determina que quedan fuera "los actos dolosos contra personas que hubieran producido un resultado de muerte". Esto significa que se debe demostrar una voluntad deliberada de cometer un acto sabiendo que se va a producir un resultado lesivo sobre otra persona, por lo que parece que los imputados también podrán olvidarse del asunto.
Entre los encausados se encuentran Josep Lluís Alay y Xavier Vendrell, también imputados, hasta ahora, por Voloh, el caso en el que se indaga en el presunto desvío de fondos públicos al independentismo. Ellos también quedarán libres de cargos. Al igual que Carles Puigdemont y Marta Rovira, a los que en plena negociación por la amnistía, se les acusó de terrorismo en la causa de Tsunami. Ya este pasado febrero, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordaba por unanimidad abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresidente catalán por el mismo delito.
Pocos meses antes, el entonces presidente catalán Quim Torra se negaba a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en honor a los compañeros encarcelados en la precampaña de las elecciones generales del pasado mes de abril, eso le llevo a un año y medio inhabilitación y una multa de 30.000 euros por desobediencia. Torra también podrá olvidarse de sus antecedentes.
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