María Jesús Montero volverá a ser ministra de Hacienda por tercera vez consecutiva y esta vez, con cargo adicional de vicepresidenta cuarta. Desde que Pedro Sánchez le arrebatara la Presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy en la moción de censura de 2018, el presidente ha confiado siempre en ella para dirigir la política fiscal y presupuestaria del país. Una tarea que Montero compagina desde julio del año pasado con la gestión de los asuntos de Ferraz en calidad de 'número dos' del PSOE. 

Tras una legislatura especialmente convulsa marcada por una pandemia y la guerra en Ucrania, la ministra de Hacienda encara un nuevo mandato con la vista puesta en el rompecabezas de la financiación autonómica y la vuelta a la disciplina fiscal en la Unión Europea.

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La historia de cómo una médica sevillana acabó a los mandos de la cuarta hacienda pública más grande del euro arranca en el sevillano barrio de Triana en 1966. Hija de maestros y politizada desde joven, se inició en la gestión en el mundo sanitario en los noventa, donde ocupó cargos directivos en dos hospitales sevillanos. En la década de los 2000 saltó a la política de partidos, primero como número dos de Sanidad de la Junta y luego como consejera del ramo, puesto que ocuparía entre 2004 y 2012. En 2013 abandonaría la gestión sanitaria para dar el salto a la consejería de Hacienda, que lideró durante cinco años hasta que Sánchez se la llevó a Madrid.

En Andalucía, Montero forjó su reputación de hábil negociadora, una virtud que con el tiempo se ha convertido en su gran activo político. Su papel en las conversaciones con Unidas Podemos fue clave para formar la coalición. "La de veces que he ido a pelearme contigo por tantas cosas y has acabado desarmándome con tu simpatía", le reconocería Pablo Iglesias el día que abandonó el Consejo de Ministros para presentarse a las elecciones madrileñas. 

Esa habilidad para llegar a acuerdos le daría la confianza de Sánchez para formar parte de los equipos negociadores del PSOE para algunos de los acuerdos más importantes de la legislatura. Su último servicio han sido los complicados pactos para lograr la investidura del presidente, donde la ministra ha jugado un papel destacado.

Quienes la conocen dicen de Montero que es una persona afable y cercana con sus colaboradores, pero también con representantes de otras fuerzas políticas. Un tono privado que contrasta con la dureza de algunas de sus intervenciones públicas, a menudo plagadas de duros reproches al Partido Popular. 

Sánchez apostó por ella como ministra portavoz en 2020, una labor que le tocó desempeñar durante los momentos más duros de la pandemia y que cedió a Isabel Rodríguez a mediados de 2021. Tras retirarle la portavocía, el presidente reforzó su papel orgánico en el PSOE —al que está afiliada desde hace 16 años— y la nombró vicesecretaria general en julio de 2022. 

Montero es una de las pocas ministras que siempre ha tenido un sillón en el Consejo de Ministros desde que gobierna Sánchez. Solo Nadia Calviño (Economía), Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Luis Planas (Agricultura) y Teresa Ribera (Transición Ecológica) han repetido sistemáticamente con el líder socialista.

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Presupuestos, disciplina fiscal y autonomías

Tras una legislatura convulsa marcada por la respuesta fiscal a una pandemia, los fondos europeos de recuperación y después a una guerra en Ucrania, Montero afronta ahora un mandato marcado por la vuelta de la disciplina de Bruselas y un equilibrio de fuerzas parlamentarias todavía más complejo. 

El primer desafío que tendrá que abordar su departamento será la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2024 que sean capaces de poner de acuerdo al menos a siete partidos diferentes (PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu y Junts) y que convenzan a la Unión Europea. Montero ha deslizado en ocasiones anteriores que Hacienda lleva meses trabajando en privado para preparar las nuevas cuentas públicas.

El segundo desafío será convencer a la Unión Europea de que las finanzas públicas españolas son sostenibles. El Gobierno se comprometió en la legislatura pasada a reducir el déficit al 3% sobre el PIB en 2024, un objetivo que será complicado compaginar con la agenda social que pretende desplegar el presidente durante su renovado mandato. En el apartado europeo, todavía no está claro si Hacienda planteará una reforma fiscal más a fondo o se contentará con el paquete de medidas que acompañó a los presupuestos de 2023 (incluidos los tres impuestos especiales a grandes fortunas, banca y energéticas).

Pero el reto más complejo que le espera a priori a Montero en los próximos cuatro años es la reforma del sistema de financiación autonómica. Una asignatura pendiente desde 2014 que ha vuelto a saltar a la palestra tras los compromisos alcanzados entre el PSOE y los nacionalistas catalanes. En este frente, la ministra tendrá que trazar un programa para perdonar parte de la deuda autonómica en manos del Estado.

Pero el verdadero desafío será diseñar un nuevo sistema de reparto de los recursos autonómicos que deje atrás al actual. Una cuestión peliaguda en la que Montero tendrá que lidiar con el poderío autonómico del PP, que gobierna en once de las 17 autonomías, y con la presión de Junts, que reivindica un estatus especial con una hacienda propia al estilo de País Vasco y Navarra.