Luz verde a la tramitación parlamentaria de la amnistía. La Mesa del Congreso ha dado su voto favorable mayoritario este martes a la tramitación de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía que registró el PSOE tras pactar el texto con los independentistas de ERC y Junts, una calificación que ha salido adelante con los votos a favor de los diputados del PSOE y de Sumar y con el rechazo del PP.

La Mesa de la Cámara Baja ha calificado de forma favorable la ley de amnistía tras el informe de los letrados, dirigidos por el nuevo secretario general, Fernando Galindo, que no ve elementos de inconstitucionalidad "palmarios y evidentes" y aboga por que la Mesa no coarte el debate de cualquier iniciativa que cumpla con los criterios requeridos.

Los letrados señalan que "no parece existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional elementos suficientes" para determinar si se produce una contradicción de la proposición de ley de la amnistía con la Carta Magna y consideran que no hay incumplimientos que se deriven de una "lectura directa de ningún precepto" de la Constitución.

Diferencias con la proposición de 2021

En todo caso, inciden en que de haberlos se trataría de una "interpretación aplicada a la figura de la amnistía" y se debería llevar al alto tribunal. El informe jurídico que esta martes ha tratado la Mesa también ve diferencias con la proposición de ley de la amnistía que fue rechaza en 2021 por considerar que encubría un indulto general.

Argumentan que la diferencia está en que aquella iniciativa no incluía una disposición que individualizara las causas abiertas identificándolas de una manera concreta y específica, como sí ocurre con la proposición de ley actual.

Rechazada la recusación del PP al letrado mayor

Además, la Mesa ha analizado la recusación que registró ayer el grupo parlamentario del PP para que el letrado mayor se abstuviera de firmar el informe jurídico de esta proposición de ley al haber formado parte del Ministerio de Política Territorial recientemente y por una posible vulneración de los "principios legales de imparcialidad y objetividad" que recoge la ley del régimen jurídico del sector público.

En la recusación, los populares recuerdan que esta proposición de ley procede de un proyecto de ley tal como señaló el ministro de la Presidencia estando en funciones, Félix Bolaños, por lo que el secretario general debería inhibirse.

También aluden al Estatuto del Personal de las Cortes que insta a los funcionarios a "actuar con absoluta imparcialidad política en el cumplimiento de su función y abstenerse de actuación política dentro de las Cámaras".

Pero finalmente no ha prosperado la recusación tras haberse producido momentos de tensión. Fuentes de la Mesa han señalado que no había lugar para una recusación de tanto relieve "por motivos no ciertos" y la presidenta, Francina Armengol, ha explicado a los diputados del PP que no les correspondía presentar algo así.

Procedimiento de urgencia

Una vez que la amnistía echa a andar en el Congreso, su próximo paso es la toma en consideración en el pleno de la Cámara, que podría tener lugar a mediados de diciembre, en el que además debe votarse la petición de que se tramite por el procedimiento de urgencia.

Ello supone que todos los plazos parlamentarios se reducirán a la mitad, acelerando la presentación de enmiendas de totalidad y parciales y adelantando su debate en el Pleno. El plan del PSOE es aprobar la ley en el Congreso en diciembre para su remisión al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y pretende ralentizar la tramitación hasta el máximo de dos meses que fija la Constitución.

La ley no se debatirá hasta diciembre

Este jueves se reunirá la Junta de Portavoces para ordenar un Pleno que tendrá lugar la próxima semana, el 28 de noviembre, aunque en principio el único punto del día sería la aprobación de la reforma del artículo 46 del reglamento del Congreso que debe adaptar los nombres de las comisiones parlamentarias a los de los nuevos ministerios.

Parece bastante improbable que la proposición de ley de la amnistía pueda tomarse en consideración ese día, teniendo en cuenta que también hay otro pleno posible, el del 5 de diciembre, un día antes de la conmemoración del Día de la Constitución.

En esa sesión plenaria comparecerá el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que dará cuenta de la situación en Oriente Próximo con la guerra de Israel en Gaza.

La Junta de Portavoces volverá a reunirse la próxima semana para ordenar los puntos a tratar ese día y podría incluir el de la toma en consideración de la proposición de ley de la amnistía.

No obstante, todo parece indicar que esta ley estará dentro del calendario ordinario de plenos que ha aprobado la Mesa del Congreso y que comenzarán el 12 de diciembre.

El trámite parlamentario de la ley de amnistía exige que tenga que pasar por comisión para debatir sus enmiendas y para ello es necesario que el pleno apruebe primero la reforma del reglamento vinculada a los nombres de las comisiones y luego éstas se constituyan. Además, antes se da un plazo para que los grupos parlamentarios propongan a los diputados que las compondrán.

Esta burocracia parlamentaria hace que el debate de la proposición de ley que amnistiará a los encausados por el procès se alargue hasta mediados de diciembre y pueda ser aprobada definitivamente en el Congreso tras las navidades, en el mes de enero.

El PP sienta las bases para recurrir la ley

Por su parte, los populares ya han anunciado que recurrirán la decisión que ha tomado este martes la Mesa. En otras palabras, registrarán la reconsideración de dicha calificación. Si bien admiten que tendrá poco recorrido esta iniciativa, fuentes parlamentarias explican que es el primer paso para luego poder elevarlo al Tribunal Constitucional. 

Desde el PP argumentan que la tramitación que la Mesa ha dado luz verde nace "viciada" porque se lleva a cabo con el objetivo de la "conveniencia" de Pedro Sánchez. También alegan que sus razones son las mismas que expresaron los socialistas cuando votaron en contra de la ley de amnistía en 2021."Lo que era inconstitucional entonces lo sigue siendo ahora si no se ha cambiado la Constitución; el PSOE seguiría en esa misma posición si no fuera porque es la condición impuesta por Puigdemont a Sánchez para seguir siendo presidente", ha explicado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

En paralelo, también han avanzado que insistirán en su denuncia contra Fernando Galindo, que hoy es el letrado que ha dado luz a la amnistía pero "formaba parte del Gobierno hasta el día antes de su nombramiento". Los populares han puesto el foco en el hecho de que la Mesa haya respondido a su carta de la semana pasada a viva voz y no de forma escrita con los argumentos oportunos.

"Quien viene del Gobierno no puede ser quien califique una iniciativa que es la condición impuesta por Puigdemont a ese Gobierno para mantenerse en el poder". De este modo, el Grupo Parlamentario Popular estudiará las vías jurídicas puede ante el silencio de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol y no descarta la posibilidad de acudir a la Justicia Constencioso-Administrativa.

Vox se querella

Tras conocerse el resultado de la reunión, Vox ha exigido a la Mesa del Congreso que reconsidere la admisión a trámite de la proposición de ley de amnistía y acuerde su suspensión hasta que sea rechazada su tramitación por ser "inconstitucional" e incurrir en "fraude de ley".

La formación de Santiago Abascal considera que la proposición de ley presentada por el PSOE supone la quiebra del Estado de derecho, la ruptura de la unidad nacional, el respeto a la igualdad de los españoles y la separación de poderes, advierte en el escrito remitido a la Mesa.

En su petición, señala además las consecuencias detalladas por el Consejo General del Poder Judicial que conllevaría su aprobación, entre ellas crear una clase política impune e irresponsable, atacar la independencia de los tribunales y acabar con el marco de convivencia de los españoles.