El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes el recurso que presentó el PP contra Meritxell Batet cuando era presidenta del Congreso y se negó a pedirle al Gobierno los expedientes de los indultos del procés, como pedían los populares. El Grupo Parlamentario Popular pidió al Gobierno de Sánchez los expedientes y al no conseguirlos acudió a Batet. Pero ella tampoco los solicitó porque consideró que el Ejecutivo había justificado bien su negativa a entregarlos.
Concretamente, Moncloa razonó que la entrega de los documentos era imposible sin el consenso de los indultados, un argumento que avaló Batet y ahora ha respaldado el Tribunal Constitucional a través de una ponencia de Ricardo Enríquez aprobada con el voto favorable de la mayoría progresista. La sentencia señala que la decisión de Batet "no infringió la legalidad parlamentaria" ni afectó "al núcleo de la función representativa de los diputados recurrentes", como denunciaba el PP.
Los cuatro magistrados conservadores, incluido el ponente, han anunciado que presentarán un voto particular conjunto contra la sentencia. La decisión final del Constitucional llega después de que Enríquez modificara su ponencia inicial a favor de estimar el recurso del PP al conocer que la mayoría del Pleno la rechazaría.
El PP acudió al tribunal a través de un recurso de amparo, es decir, denunciando una violación de sus derechos parlamentarios. Dicha denuncia se basaba en que Batet no había tutelado al Grupo Parlamentario Popular ante la negativa del Gobierno a entregar información "necesaria" para ejercer como oposición.
Aquí entra en juego el artículo siete del Reglamento del Congreso, que dicta que "para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias", los diputados podrán recabar de las administraciones públicas "los datos, informes o documentos que obren en poder de estas". Para recabar los documentos deben solicitarlos a través de la Presidencia del Congreso y la Administración correspondiente tendrá que entregarlos o justificar su negativa a hacerlo con "razones fundadas".
Los populares denunciaron ante el Constitucional que Meritxell Batet había infringido esta norma y lesionado por tanto el artículo 23 de la Constitución, que protege el derecho de los ciudadanos a acceder "en condiciones de igualdad" a las funciones y cargos públicos. Pero el órgano de garantías indica que -"en este caso"- del Reglamento del Congreso no se puede deducir el derecho de los diputados a cuestionar "la suficiencia" de la negativa del Gobierno a remitir la información.
Es decir, que el Grupo Parlamentario Popular no puede cuestionar en esta ocasión las razones expuestas por Moncloa y avaladas por Batet para no entregar los documentos, que contenían datos personales de los indultados. Así lo dicta la sentencia, una más entre las aprobadas en una votación en la que se ha impuesto la dinámica bloques. Seis de los siete progresistas la han apoyado y los cuatro conservadores la han rechazado. Juan Carlos Campo, del primer bloque, se ha abstenido por dos razones: estaba en el Consejo de Ministros cuando el PP reclamó los expedientes y mantiene una relación sentimental con Meritxell Batet.
Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa -los conservadores- presentarán un voto particular en el que defenderán que la demanda de amparo debió estimarse. Consideran que la presidenta de la Cámara no puede limitarse a actuar "como un simple buzón que recibe las peticiones de uno y la contestación de otro". Según ha comunicado el Constitucional, estos togados creen que no había razones fundadas para no entregar los expedientes y que Batet debería haber adoptado "una posición activa en defensa de los derechos de los diputados".
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