El juicio contra los agentes de la Policía Nacional que entraron con un ariete en un inmueble durante el confinamiento de la covid-19 ha entrado este viernes en su recta final. El jurado popular tendrá que decidir si esa madrugada los policías incurrieron en un delito de allanamiento de morada o si su actuación estaba "amparada por la legalidad".
"Vuestra decisión será trascendental para la democracia española. Hay que acotar el absoluto poder del Estado que está ocupando cada una de nuestras parcelas y vulnerando nuestros derechos fundamentales. ¿Quieren estar en el lado oscuro o en el otro?", ha alegado el letrado, única acusación en la vista oral.
El visionado de las grabaciones llevaron a que la fiscal eximiese a los seis agentes. El abogado de la acusación ha retirado la imputación a cuatro, manteniéndosela solo al subinspector del operativo policial y a otro subordinado por los que pide dos años y seis meses de cárcel y seis años de inhabilitación.
Tras este cambio penal, cuatro policías quedarán libres de responsabilidad. Aun así, este viernes han querido estar entre el público para respaldar a sus compañeros. El juicio concluirá el próximo lunes con la última palabra de los acusados.
Los alegatos finales han arrancado con el discurso del abogado del inquilino de la vivienda en la que se produjo la actuación judicial. Este ha avisado que "si es necesario llegará al Tribunal Constitucional" al "subyacer en una decisión que afecta a un derecho fundamental".
El letrado ha iniciado su intervención subrayando que el Ministerio Fiscal representa "al poder del Estado, al brazo armado jurídico del Estado" porque, a su entender, "no está al lado de las víctimas sino de la injusticia" y se utiliza para "vulnerar derechos fundamentales".
"Este es un juicio histórico. Tendrán que decidir si justificar un reproche moral como era una fiesta ilegal en pandemia deja impune un delito. Lo que subyace es si el poder punitivo del Estado pueda entrar siempre en nuestras casas", ha aseverado. También ha asegurado que "su decisión se estudiará en las carreras de Derecho y será trascendental para la democracia española".
En la misma línea, ha insistido en que "en España no es obligatorio abrir la puerta para identificarse ante la Policía porque el domicilio es inviolable, lo que supone un derecho fundamental". Por ello, defiende que "ni hubo delito, ni flagrancia".
"El debate es si los policías actuaron conforme a la legalidad. El fin no justifica los medios. Los derechos fundamentales son inalienables para todos los ciudadanos. Sin derechos, no hay libertades. Todos los regímenes totalitarios empiezan vulnerando los derechos fundamentales", ha reseñado.
Tras recordar que "a los jóvenes nunca se les ha juzgado por un delito de desobediencia grave", ha insistido en que "no es obligado cumplir órdenes ilegales" y que la flagrancia en ese caso "ya se habría consumido al ya haberse negado a identificarse". "No había una necesidad de derribar la puerta", ha dicho.
Además, ha denunciado que a su cliente "se le ha vulnerado el derecho a un juicio con todas las garantías" dado que "solo se le permitió dos recusaciones en la selección el jurado popular", lo que a su juicio ya "daba privilegios a la otra parte".
Bajo la creencia de legalidad
En su turno, la fiscal ha emplazado al tribunal a juzgar si los policías acusados cometieron un delito de desobediencia al ser ese "el objeto del juicio" y no otras cuestiones ajenas a su veredicto.
Ha mencionado un auto del 8 de junio del Tribunal Supremo que establece requisitos para que una conducta sea constitutiva del citado delito como que haya "un mandato expreso, claro y determinante emanado de agentes de la autoridad; que sea notificada esa orden; que el destinatario lo entienda; y que haya una resistencia pasiva a la citada orden".
"Tengo el absoluto convencimiento de que los agentes actuaron bajo la creencia de que era legal", ha recalcado la fiscal, quien ha aludido a las grabaciones exhibidas en la sala que muestran la actuación policial y las detenciones a ocho de los catorce asistentes.
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