El Govern propone sancionar con 700.000 euros a Renfe por la avería de Gavà en mayo y la compañía dice que actuaron con consenso

La Generalitat ha propuesto este martes sancionar a Renfe con una multa de 700.000 euros por la gestión de la avería en la R2 sur de Rodalies el pasado mayo, que fue consecuencia de un incendio en un cuadro de señales en Gavà y que afectó durante tres semanas a la circulación de trenes. La compañía ferroviaria, por su parte, ha alegado que actuó de forma consensuada con el Govern y que presentará un recurso.

La Generalitat ha explicado en un comunicado que la Agència Catalana del Consum de la Conselleria de Empresa y Trabajo abrió ese mes un expediente sancionador al operador ferroviario por supuestas infracciones "muy graves" en la gestión de la incidencia. 

Fue después de realizar diversas inspecciones y atribuir a Renfe "prácticas comerciales desleales y falta de atención a las personas usuarias". Las multas podían ir desde los 100.001 hasta el millón de euros, de acuerdo con el régimen sancionador del Código de Consumo.

Consum consideró hechos agravantes la "desconfianza" que provocó lo ocurrido en los consumidores y la posición prevalente de la empresa como operadora dominante en el sector.

También detectó "deficiencias" en la información a los usuarios respecto a las alteraciones del servicio, los horarios y los transportes alternativos. Y es que hubo puntos de atención al cliente cerrados y trenes anunciados como directos o con paradas en algunas estaciones que, en la práctica, se detenían en todas.

El expediente de Consum se basa en "el marco limitado de actuación que tiene el sector ferroviario", centrado principalmente en aspectos de atención e información a los consumidores.

Además, el organismo mantiene abiertos dos expedientes más, aun en trámite, por las "deficiencias detectadas" en las estaciones del Camp de Tarragona, Reus y l'Aldea-Amposta-Tortosa en mayo. 

Plaja: "No informaron como tocaba"

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha justificado la propuesta de la Generalitat de sancionar a Renfe porque "no informaron como tocaba a los usuarios".

Tras la reunión del Consell Executiu, ha señalado que Renfe "está en su derecho" de recurrir si se hace efectiva esta propuesta de sanción.

"El Govern está para velar por los derechos de los usuarios y más cuando se vulneran de forma sistemática", ha subrayado la portavoz, que ha reclamado que la compañía ferroviaria asuma las consecuencias de las incidencias.

Preguntada por si esta medida podría molestar al Ministerio de Transportes, que se encargará de gestionar el traspaso de Rodalies, ha respondido que "esto no es un tema de simpatía o de que les haga más o menos gracia", sino que considera que el Govern tiene la obligación de defender los derechos de los usuarios.

"Esto no puede salir gratis. Pese a que tenemos claro, evidentemente, que esta sanción no reparará los daños, con el mal servicio que han tenido que padecer los usuarios o que aún padecen, sí que creemos que es lo que toca hacer", ha dicho.

El incidente en Gavà

La catenaria de la vía 3 de la estación de Gavà (Barcelona) se rompió el 1 de mayo hacia las 21.00 horas y el cable cayó sobre una señal del sistema de seguridad y provocó que se quemara todo el enclave y se dañaran los sistemas auxiliares.

El incidente obligó a usar el bloqueo telefónico y a reducir el paso de trenes, primero, a dos convoyes por hora y sentido, y desde el 5 de mayo, a tres por hora y sentido.

Adif tardó tres semanas en solucionar la incidencia, pues hasta el 22 de mayo no se retomó el servicio habitual.

El informe final del incendio, que se hizo público en diciembre, señaló que la ausencia de una horquilla en una grifa y la vandalización del sistema de tierra que protege las instalaciones causaron el incidente.

Renfe se defiende

Por su parte, Renfe ha asegurado tras conocer las intenciones del Govern que todas las modificaciones del servicio por la avería de Gavà se consensuaron con la Generalitat, titular del servicio. También ha afirmado que se hizo un esfuerzo por garantizar la movilidad y por mantener informados a los viajeros. 

Según el portavoz de la empresa, Antonio Carmona, Renfe analizará la propuesta de sanción con la Generalitat y planteará "el recurso que corresponda". La compañía ya dispone de la notificación de Consum y ahora tiene 10 días para presentar alegaciones. El plazo máximo legal para resolver los expedientes sancionadores es de un año. Por lo tanto, podría ser que la sanción no se ejecutara hasta mayo de 2024, han apuntado desde el Departamento de Empresa de la Generalitat.

Desde Renfe han asegurado que estuvieron en "comunicación permanente" con el Govern tras la incidencia de mayo. Han explicado que trabajaron con el objetivo de garantizar la movilidad de los ciudadanos y que la reprogramación de los servicios tuvo como intención la mejora de la capacidad operativa de la infraestructura, combinando el servicio ferroviario y por carretera.