El PSOE juega al ocultismo con el verificador que supervisará sus negociaciones con Junts

El secretismo fue la regla habitual de las reuniones que PSOE y Junts celebraron para pactar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Será también lo que marque las conversaciones que acordaron celebrar mensualmente a partir de este mes de noviembre. Porque tanto Moncloa como el PSOE ocultan cuándo se producirá el primer encuentro -se descarta que ocurra antes del jueves, es decir, antes de diciembre- y qué organización internacional hará el papel de "acompañar" en los encuentros, de cuyo resultado dependerá la gobernabilidad del jefe del Ejecutivo.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha negado que la intención del Ejecutivo sea la de "ocultar" cuándo se producirá la reunión y quién ejercerá de mediador. Sin embargo, al ser preguntada esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha referido que es en otro foro en el que se han de dar dichas respuestas. Es un asunto de partidos, reflexionan en Moncloa, pese a que en el propio acuerdo que firmaron socialistas y los de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat ahora fugado de la Justicia, se establece que la gobernabilidad del país dependerá de esos acuerdos.

Asimismo, la también ministra de Educación y Deportes ha añadido que, cuando se vayan produciendo pactos, se irán publicitando. Lo mismo que se dijo en las negociaciones para la investidura, recuerdan fuentes cercanas al presidente del Gobierno, que insisten en el "éxito" de dicha fórmula. "Siempre que se ha llegado a un acuerdo se ha sido profundamente transparente y se ha explicado a la ciudadanía", ha remachado Alegría. 

El mismo secretismo lo comparten en el PSOE. Varios ministros han rehusado las preguntas al respecto a lo largo de este martes. Pero, incluso, el secreto llegó hasta la Ejecutiva que celebró este lunes el PSC, donde Salvador Illa, primer secretario, rechazó desvelar quién sería el mediador. Lo que sí apuntan fuentes socialistas consultadas es que el primer encuentro no se celebrará antes del jueves. O sea, antes de diciembre. Esto supondrá un incumplimiento, porque en el propio acuerdo de investidura se acordó que se produjese en noviembre. "La primera reunión de negociación se celebrará este mes de noviembre", refleja el documento.

Lo que sí que se sabe es que ese "acompañante" -como lo definió el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños- será una organización internacional. ERC, rival de Junts y otra de las patas necesarias en la mayoría de la investidura, comunicó a principios de este mes que el PSOE habría aceptado al menos el nombre de dos organizaciones.

La delegación del PSOE que se trasladará a Ginebra (Suiza) la encabezará el secretario de Organización, Santos Cerdán, según avanzó el presidente del Gobierno la semana pasada durante su viaje a Israel y Palestina en conversación informal con los periodistas. El número tres del PSOE ya estuvo al frente de la negociación con Junts y se trasladó a Bruselas durante varios días para cerrar definitivamente el pacto.

De rechazarlo... a defenderlo

La figura del verificador es uno de los puntos, además de la aprobación de la ley de amnistía, en los que el PSOE ha cedido para mantener la Presidencia del Gobierno. Porque los socialistas no estaban por la labor de que alguien externo a ambos partidos supervisase las conversaciones que se llevarán a cabo. Sin embargo y al igual que la aplicación futura de la medida de gracia, el presidente hace ahora suya la propuesta.

El viernes, sin ir más lejos, la amparó en una conversación informal con periodistas en el avión que les traía de vuelta de Egipto porque puede ayudar, dijo, a limar la "desconfianza" entre ambas formaciones. Cabe recordar que la pasada legislatura Junts estaba fuera de juego, políticamente hablando, y ahora ha votado a favor de investir al presidente. Fuentes socialistas incidían este domingo en las posiciones antagónicas de PSOE y Junts, que quedaron reflejadas en el pacto firmado hace pocas semanas: los 'junteros' apuestan por el referéndum de autodeterminación -ahora, eso sí, dentro de la Constitución, de la que invocan el artículo 92- y el PSOE, por desarrollar el Estatut de 2006.