En el contexto actual existe un amplio consenso respecto a la necesidad de incrementar el nivel de innovación de las empresas. Entre las razones de este convencimiento se sitúa, en primer lugar, la búsqueda de la competitividad y supervivencia en un mercado cada vez más exigente.
La implantación de buenas prácticas de gobierno corporativo puede ser un importante motor para la creación de valor en las organizaciones, ya que las compañías que cuentan con sistemas sólidos de gobernanza suelen dar mejores resultados financieros que su competencia.
Actualmente, la entrada de nuevos inversores y de capital extranjero es necesaria para el crecimiento de las empresas y la generación de empleo. Por eso, los mecanismos para aumentar la transparencia sobre los procesos internos y órganos de gobierno de las compañías son más importantes que nunca.
La aplicación de un código de buen gobierno corporativo es la garantía para el crecimiento sostenible de una empresa. Ayuda a restablecer la confianza de los inversores, aumenta el acceso al crédito extranjero, atrae el talento y fomenta la imagen de la marca.
En ese sentido, AENOR, la entidad líder en generación de confianza en España, ha dado un paso crucial en el fortalecimiento de las prácticas empresariales responsables al presentar la evolución de su solución de Certificación de Buen Gobierno Corporativo.
Esta nueva versión, resultado de la colaboración con reconocidas firmas como Deloitte Legal, Ernst & Young Abogados, PwC Tax & Legal y Garrigues, representa un avance significativo en la promoción de la transparencia y la sostenibilidad en el ámbito corporativo.
Una certificación pionera
En un entorno empresarial cada vez más orientado hacia la sostenibilidad, esta certificación se posiciona como una herramienta clave para aquellas organizaciones que desean demostrar su compromiso con la ética empresarial y la toma de decisiones responsables. Lanzada en 2021, fue la primera solución de certificación en la materia.
La colaboración entre AENOR y las firmas de asesoramiento ha permitido la creación de un modelo más completo y adaptado a la realidad nacional, considerando las expectativas y necesidades específicas de las empresas en materia de Buen Gobierno Corporativo. Así lo define Mayrata Conesa, directora ESG de AENOR: “El nuevo modelo refuerza la puesta en valor del principio de transparencia y las herramientas de los órganos de gobierno para dejar trazabilidad de su actividad”.
La certificación se basa en una metodología que abarca siete variables fundamentales, donde cada una contiene una serie de indicadores asociados a una puntuación individual, permitiendo una evaluación integral del desempeño de las empresas en estas áreas críticas.
Estas variables clave incluyen aspectos como la composición del Consejo de Administración, el funcionamiento y competencias del Consejo, las Comisiones del Consejo de Administración, la retribución, la Junta General de Accionistas, la transparencia o el cumplimiento normativo (Compliance).
Una de las cuestiones más destacadas de esta nueva versión es su alineación con las tendencias actuales en prácticas de gobierno corporativo. Más allá de una mera actualización, este modelo refuerza el principio de transparencia y la participación activa del consejo y las comisiones en sus áreas de competencia, elementos esenciales para la generación de confianza entre los inversores, los clientes, sus empleados y la sociedad en general.
Esta certificación es clave para las organizaciones que desean demostrar su compromiso con la ética empresarial
“Se ha eliminado lo que tiene que ver con el estricto cumplimiento legal y se ha orientado a las recomendaciones y mejores prácticas en la materia. A esta nueva versión se le ha dotado de un contenido más alineado con cuestiones que son cada vez más relevantes en gobierno corporativo: sostenibilidad, transparencia, enfoque a riesgos…”, resume Conesa.
Beneficios de la Certificación de Índice de Buen Gobierno Corporativo
La certificación de Índice de Buen Gobierno Corporativo se ha convertido en un distintivo valioso para las empresas comprometidas con la sostenibilidad integral. Más allá de su impacto en la percepción externa, esta certificación ofrece numerosos beneficios internos. Proporciona a las empresas un sistema objetivo de evaluación, garantizado por terceros independientes. Esto permite identificar áreas de mejora, fortaleciendo así la gestión interna y la toma de decisiones estratégicas.
“Es una palanca de posicionamiento para trasmitir con claridad y confianza el grado de cumplimiento a clientes, sociedad en general, empleados, proxys, inversores y el propio regulador; siendo especialmente eficaz hacia los públicos menos expertos”, explica la directiva.
Esta certificación representa un enfoque 360º de la sostenibilidad, donde los criterios financieros ya no son los únicos ni los más importantes al tomar decisiones de inversión. En este sentido, se destaca la integración de políticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en el Plan Estratégico de las organizaciones, alineando de manera más efectiva los criterios de sostenibilidad con los objetivos corporativos.
Conesa añade que “tomando como punto de partida la gobernanza, al incluir las políticas ESG en el Plan estratégico se consigue alinear todos los criterios de sostenibilidad con los objetivos de la organización y, con ello, determinar los indicadores que nos informarán acerca del grado de avance para el cumplimiento de los objetivos”.
Esta certificación no solo reconoce la excelencia en prácticas de gobierno corporativo, sino que también impulsa una cultura empresarial comprometida, promoviendo una gestión transparente, ética y alineada con los estándares de sostenibilidad actuales y futuros.
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