Madrid ve una "presión extra" tras la llegada de menores migrantes y solicita una reunión al Gobierno

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha solicitado por carta a la nueva ministra de Juventus e Infancia, Sira Rego, convocar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para "buscar soluciones" ante la "presión extra" de los centros de atención para migrantes debido a la llegada de menores migrantes procedentes de Canarias.

"Estamos viviendo una grave crisis migratoria que está afectando a los centros de primera acogida de la Comunidad de Madrid", recoge la misiva. Dávila ha indicado que el motivo de esta situación es el Plan de Respuesta ante crisis migratorias para menores migrantes 2022-2023, aprobado el año pasado, "no está dando la respuesta eficaz que se esperaba". Para la consejera, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está "dinamitando el Plan al saltarse todo lo pactado" y no proporcionar a las comunidades autónomas de la información y financiación necesarias para "gestionar de forma adecuada" la situación.

La crisis migratoria que ha afectado a Canarias obligó al Gobierno central a poner en marcha un plan para aliviar la tensión que se estaba produciendo en el archipiélago. Como parte del plan se decidió reubicar a estas personas a diferentes puntos del país. Entre ellos, la Comunidad de Madrid, a los campamentos y centros habilitados en la capital y en el municipio de Alcalá de Henares. 

El anterior ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, indicó que los menores llegados a Canarias no serían trasladados a otros puntos de España. Sin embargo, Dávila afirma que estos niños y niñas están llegando a Madrid, ya que, están "observando con preocupación" como aumenta la presión de los puntos de atención "debido a la llegada de menores no acompañados".

Desde el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones indican que en los centros de inclusión solo hay adultos, pero que "puede darse el caso de que haya algunas personas que no se identificasen por la Policía como menor en su momento". En estos casos son derivados a Fiscalía para que realice las pruebas oportunas para determinar su edad.

Dávila solicita en su carta que el Gobierno central proporcione información porque desconocen "qué medidas están aplicando" o cómo van a actuar desde los ministerios de Interior y Exteriores, competentes en esta materia. "Creo que esta situación exige una convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia", indica en el documento, donde considera que es necesario para "buscar soluciones que garanticen a los niños y adolescentes la protección que merecen".