El doble varapalo del Poder Judicial al Gobierno en plena polémica por la amnistía ahonda en la crisis institucional

El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo propinaron este jueves sendos tirones de orejas al Gobierno a cuenta de la renovación en su cargo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la continuación de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. Del primero, el CGPJ concluyó –por mayoría– que "no es idóneo para el puesto" en una decisión no vinculante. De la segunda, el Supremo anuló directamente su nombramiento por no tratarse de una "jurista de reconocido prestigio". Este doble varapalo judicial ahonda en la crisis abierta entre el Ejecutivo de Sánchez y el Poder Judicial, agravada por la ley de amnistía.

En el caso de García Ortiz, el pleno del CGPJ votó muy dividido: ocho vocales se pronunciaron en contra de la idoneidad para su renovación en el cargo, mientras que siete votaron a favor, entre ellos el presidente interino Vicente Guilarte. Es la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncia contra un nombramiento propuesto por el Ejecutivo. El pronunciamiento del CGPJ es el trámite que se sigue siempre que el Consejo de Ministros hace una propuesta de nombramiento en la Fiscalía General del Estado. García Ortiz fue nombrado fiscal general en agosto de 2022, en sustitución de Dolores Delgado. Su designación ya causó recelos tanto en el órgano de gobierno de los jueces como entre la asociación mayoritaria de fiscales, de sensibilidad conservadora.

No obstante, ahora es la primera vez que el CGPJ no le considera idóneo para el cargo, justo unos días después de que el Supremo anulara el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala, designación que acometió García Ortiz y que fue calificada por el alto tribunal como una "desviación de poder". El vocal Enrique Lucas se abstuvo del debate porque su hermano, Pablo Lucas, está entre los cinco firmantes de la sentencia del Supremo.

Solo uno de los dos requisitos

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo anuló este jueves el nombramiento de la exministra de Trabajo Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, acordado mediante decreto en octubre de 2022, al no reunir el requisito de "jurista de reconocido prestigio" exigido por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado.

La sentencia, de la que fue ponente el presidente de la Sala, Pablo Lucas, estima así un recurso de la Fundación Hay Derecho y explica que Valerio reúne solo uno de los dos requisitos que fija el citado artículo de la ley para presidir el Consejo de Estado, que es el de contar con experiencia en asuntos de Estado, pero no el de ser jurista de reconocido prestigio.

La Sala señala que "la notoria y sobresaliente trayectoria" de Valerio, que ha sido ministra, diputada, consejera, teniente de alcalde y concejal, entre otros cargos, "sin duda alguna acredita su profunda experiencia en asuntos de Estado, pero no sirve para tenerla por jurista de reconocido prestigio".

Sobre la falta de legitimación de la Fundación recurrente que alegó la Abogacía del Estado, la Sala examina su jurisprudencia y lo descarta argumentando, que "Hay Derecho no es una pantalla instrumental creada para litigar, sino una entidad que se ha hecho un lugar propio en el conjunto de formaciones de la sociedad civil española que persiguen finalidades de claro interés público o social".

Desde el Gobierno se manifestó sobre estos casos el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien sostuvo, respecto a García Ortiz, que la ley "establece que el CGPJ tiene que comprobar si se cumplen dos requisitos: ser un jurista de reconocido prestigio y tener más de 15 años de ejercicio". Esos puntos, apunta Bolaños, "se cumplen". De esta forma, cree que el informe es "contradictorio" con el que emitieron "hace solo un año" sobre García Ortiz. Por eso ve el informe como "sorprendente" porque los argumentos "no son lo que le pide la ley al CGPJ".

En el caso de Valerio, Bolaños afirmó que "respeta pero no comparte" la decisión del Supremo porque "puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno".

Por su parte, el Partido Popular consideró este jueves que España está ante "un hundimiento institucional sin precedentes que afecta a la independencia judicial y al prestigio internacional", después de las decisiones del CGPJ y el Tribunal Supremo respecto a Álvaro García Ortiz y Magdalena Valerio. Por eso, espera que el Ejecutivo acepte el "veredicto de la Justicia" y no mantenga en sus cargos ni a Ortiz ni a Valerio, según señalaron fuentes del partido.