Alcanzar el pico del consumo de combustibles fósiles en 2025 y a partir de entonces empezar a recortar "con fuerza" su uso, empezando por los subsidios que los Gobiernos dan al gas o al petróleo. Esta postura, que el Gobierno defiende como un mantra en la COP28 de Dubái encierra medidas muy concretas, que han servido para moderar las facturas de la luz y sobre todo del gas en los dos últimos años de crisis de precios de la energía. Son subsidios la tarifa regulada del gas (TUR), los descuentos a los carburantes, el bono térmico o, "por omisión", con la rebaja del IVA del gas y, de una forma más complicada de calcular, de la electricidad. El Gobierno tiene apenas un mes para decidir si las prorroga para el año que viene y también si vuelve a pedir a Bruselas una nueva extensión del mecanismo ibérico.  Si no continúa, tendrá un millonario ahorro en el presupuesto público pero también un evidente coste social por eliminar ayudas que hoy sacan a flote muchos presupuestos domésticos.

Según un estudio de la Fundación Renovables y del Instituto de Ecología Aplicada, si se tiene en cuenta los importantes desembolsos que han hecho los países de la UE para ayudar a hogares  en la crisis energética, España necesitaría desembolsar 1.500 millones al año para ayudarles a cubrir solo un tercio de sus costes energéticos adicionales. Si los precios volvieran a su máximo de 2022, el coste sería todavía mayor, 4.000 millones al año.

De momento, el Gobierno aprobó el año pasado un crédito extraordinario de 3.000 millones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para cubrir el coste de la tarifa regulada del gas, la Tarifa de Último Recurso (TUR) por la que, ya sea a hogares individuales y pequeños negocios o a comunidades de vecinos, mantiene un precio fijo y más barato que el de mercado, que solo se revisa -al alza o a la baja- cada tres meses si la variación del precio real es de más del 2%.

Directamente reflejado en la factura está también el bono térmico, un pago anual para el pago de agua caliente en los hogares más vulnerables que se creó en 2018 para acompañar al bono eléctrico y que el año pasado incrementó su dotación, con un presupuesto de 75 millones.

La TUR vecinal fue una medida extraordinaria para la crisis energética que, sino hay decisión en contrario, expirará el 31 de diciembre, mientras que el Gobierno prometió hace meses revisar el criterio de renta de las familias numerosas que cobran los bonos eléctrico y el térmico.

En función de la renta 

Redirigir estas y otras ayudas energéticas a los colectivos que más las necesitan, con un menor nivel de renta. es la manera en la que Greenpeaceo o la Fundación Renovables consideran que es la única manera de justificar su supervivencia, una idea que también se extiende en el Gobierno ante decisiones inminentes en este ámbito. "Que sean proporcionales y tengan en cuenta la renta y la distribución nacional. No es lo mismo un subsidio a quien está en el sur con 10 o 15 grados que en el norte a cero grados", afirma Ismael Morales. Responsable de Comunicación y Política Climática de la Fundación Renovables. Las ayudas hoy son "muy poco eficientes, porque van a todo tipo de rentas, a gente que se lo puede permitir y que no", añade el coordinador de la campaña de Combustibles Fósiles de Greenpeace, Francisco del Pozo.

También están en revisión otras medidas extraordinarias, como el descuento sobre el litro de gasolina o gasóleo que empezó siendo de 20 céntimos que ponía el Gobierno -más otros diez que aportaron algunas compañías- por litro de carburante que repostara cualquier conductor para irse progresivamente, hasta el descuento actual de 10 céntimos de euros solo para el transporte provisional. 

De la misma manera, está por ver si el Gobierno mantiene la incógnita sobre si prorrogará más allá de 2023 la rebaja del IVA sobre la electricidad y el gas, que pasó del 21 al 5%. Si bien esto no supone una aportación pública para sufragar parte del precio del gas, es una ayuda "por omisión", es decir, porque el Estado deja de gravar impuestos sobre él. 

Preguntado por estas dos cuestiones hace unos días en una entrevista en TVE, el presidente, Pedro Sánchez, no desveló cuál será decisión final, aunque apuntó la posibilidad de modificar algunos de estos instrumentos, en línea con la idea que su vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha deslizado en otras ocasiones, de mantener lo subsidios para los sectores más vulnerables, en línea con lo que defienden Greenpeace o la Fundación Renovables.

 "Vamos a hablar con los sectores afectados, también con los transportistas y con los grupos [del Congreso] porque el Gobierno de coalición tiene minoría parlamentaria y trataremos de atender las necesidades más urgentes pero adecuarlos a un situación, afortunadamente, no es la de hace dos años", cuando los precios disparados de la energía elevaron la inflación por encima del 10%, dijo Sánchez.

Desde la Fundación Renovables se exige también terminar con las desgravaciones fiscales del queroseno y Greenpeace, acabar con la tarifa regulada del butano, otros instrumentos de apoyo a los hogares, pero también a la industria de los combustibles fósiles.

Prórroga del mecanismo ibérico

Más misteriosa es la posición del Gobierno en torno a la una eventual nueva prórroga del mecanismo ibérico, el tope al gas para generar electricidad que en lo peor de la crisis consiguió contener los precios, pero que también incrementó el uso de gas natural en España -en buena medida, porque también fueron muy superiores a lo habitual las exportaciones a Portugal y Francia- y supuso transferir miles de millones a las centrales de ciclo combinado, a las eléctricas por generar luz con gas. Aunque no se ha activado desde febrero, la prórroga actual expira el 31 de diciembre y el Gobierno debe decidir si pide otra. En teoría, tiene el viento a su favor, con la Comisión prorrogando otras medidas de emergencia por la crisis energética -como el tope de 180 euros, que no se activó nunca- y Ribera aseguró hace unas semanas que era partidaria de extenderlo "hasta que sea necesario" o incluso que lo defendería en el Consejo de Energía en tanto que presidenta semestral.  Sin embargo, el Ministerio ha asegurado después que la decisión no está todavía tomada.

La excepción ibérica es otro subsidio al gas para el que la Comisión Europea calculó un coste de 6.300 millones al autorizar en marzo de 2022 una ayuda de Estado por ese importe. No fueron desembolsados por el Estado -vía presupuestos, como el bono térmico, por ejemplo- porque el Gobierno decidió que la compensación a las eléctricas por la diferencia entre el tope de a partir de 40 euros Mwh y el precio real lo pagarían los consumidores en función de su consumo, a través de la famosa compensación. 

Pago por emitir CO2

Además de subsidios como estos, que notan directamente los hogares, hay otros muchos tipos, indirectos, con los que el Gobierno dedica fondos públicos para ayudar a las industrias a pagar la factura energética, en ocasiones en contra de sus obligaciones internacionales para emitir menos gases de efecto invernadero.

Es el caso de las compensaciones que aprueba todos los años para pagar el excedente de emisiones que permite para cada sector y empresa el mercado de comercio de emisiones de la UE, con la intención de que estas compañías no se deslocalicen a países que no tienen estas exigencias. Hace apenas unas semanas, el Ministerio de Industria anunció que repartirá 229 millones entre 185 industrias, sobre todo en Asturias, País Vasco y Andalucía.

Más barato invertir en eficiencia

Volviendo a estos 1.500 millones que el Gobierno necesitaría desembolsar en ayudas energéticas cada año o los 4.000 en el caso más extremo, el informe muestra también cómo esas mismas cantidades cundirían mucho más si se destinasen a ayudar a los hogares para pagar las facturas y ser más eficientes y a instalar bombas de calor en lugar de calderas de gas o aerotermia en lugar de calefacción.

Le plantea hacer un "uso más inteligente" del Presupuesto" y calcula que, si se tomaran los mismos 4.000 millones, solo necesitaría 470 millones al año para compensar a los hogares más vulnerables por el aumento de las facturas de la energía y podría destinarles otros 150 año año para invertir en renovables y ser más eficientes. 

Al mismo tiempo, eliminaría otro obstáculo que ven los ecologistas en apoyar los combustibles fósiles, además del daño directo en término de emisiones. "Desincentivan la inversión en eficiencia y en energías renovables", "constriñen el cambio", dice Del Pozo, sobre buena parte de medidas que Moreno define como "un alivio temporal" para familias y negocios pero que ahora deberían repensarse, en la mayoría de los casos en función de la renta.