El PSOE y Junts empiezan hoy en Ginebra la negociación de la que dependerá la gobernabilidad de España

"El futuro de este país se decide en las Cortes Generales". La frase la pronunció Pedro Sánchez el pasado jueves en su primera entrevista tras ser investido el presidente del Gobierno. Era la forma que encontró el jefe del Ejecutivo para restar importancia a la reunión que este sábado protagonizarán el PSOE y Junts en Ginebra, Suiza, con la que darán el pistoletazo de salida a las conversaciones que se prevé que ambas formaciones tengan durante toda la legislatura para ir alcanzando acuerdos que permitan a Sánchez gobernar con cierta certidumbre.

La delegación del PSOE estará encabezada por el secretario de Organización, Santos Cerdán. Fue también el encargado de liderar las conversaciones con Junts que terminaron dando a luz al acuerdo para investir al presidente, que incluyó a una amalgama de partidos entre los que también estaban Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG o CC. Por el lado de Junts, se espera la presencia de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat ahora fugado de la Justicia en Bruselas.

No estarán solos, pues, pese a las reticencias iniciales de los socialistas, finalmente las negociaciones serán supervisadas por un mediador. O, como se le ha llamado, verificador o "acompañante". El nombre del organismo internacional se ha mantenido en secreto, como casi todos los detalles de esta cita marcada por el oscurantismo, pero es probable que quien ejerza ese papel sea el Centro para el Diálogo Humanitario Henry Dunant, que medió en la negociación del fin de la banda terrorista ETA y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es, al menos, la opción preferida por Junts. El PSOE sigue negándolo.

“Partimos de una enorme desconfianza mutua”, aseguró este viernes para justificar la figura del verificador Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. Siguió así la estela del presidente Sánchez, que el jueves reconoció que era "efectivamente, un mecanismo excepcional" porque también es "excepcional" la situación en Cataluña, "la situación" de Junts y ERC respecto al tablero político, la desconfianza mutua y lo que él definió como "un conflicto político". "Ojalá en un futuro no necesitemos este sistema de verificación porque eso significará que hemos construido una confianza que, honestamente, también tengo que decirle, no la tengo completa ni total", añadió en TVE.

Con todo, esta primera reunión supone de por sí un incumplimiento del pacto, ya que en el acuerdo que PSOE y Junts firmaron el pasado 9 de noviembre para que los de Puigdemont dieran su 'sí' a la investidura de Sánchez viene expresamente mencionado que el primer encuentro se produciría en noviembre. "La primera reunión de negociación se celebrará este mes de noviembre", expone uno de los puntos. Desde Junts han hecho especial hincapié en la necesidad de que Sánchez cumpla con el acuerdo. "Durará lo que dure su palabra", dijo Laura Borrás, presidenta del partido, en Cataluña Radio el 10 de noviembre. "El PSOE debe estar preparado para tener disgustos en muchas votaciones", apuntó Toni Comín, eurodiputado de Junts, el 26 de este mismo mes.

A todo ello se sumó una conversación producida esta semana entre el propio Puigdemont y el presidente del Partido Popular Europeo (PPE) y líder de ese grupo en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, en la que el expresident habría asegurado que existe la posibilidad de que los 'populares' y Junts llegasen a un acuerdo para tumbar al Gobierno de Sánchez a mitad de legislatura -no podría ser, por ley, en el primer año de mandato-. No obstante, para ello pidió que el PP dejase de tratarle "como un terrorista" y tanto Junts como PP tendrían que encontrar un candidato alternativo que satisficiera a ambos, pero también a Vox, cuyos 33 escaños serían imprescindibles en esa mayoría alternativa.

En cuando a los contenidos, se dividirán en dos. En el "ámbito de reconocimiento nacional", Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación para el que ahora rechaza la unilateralidad, puesto que solicita que se celebre amparado en el artículo 92 de la Constitución Española. El PSOE, en cambio, "defenderá el amplio desarrollo del Estatut de 2006, así como el despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña".

En cuanto a temas fiscales, los de Puigdemont pedirán el reconocimiento de la "singularidad" de Cataluña para lograr la cesión del 100% de todos los impuestos. Los socialistas, en cambio, apostarán "por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña". En este sentido, también se abordará la necesidad de que las empresas que cambiaron sus sedes a otros territorios vuelvan a la autonomía. Ese es uno de los propósitos, por cierto, del nuevo ministro de Industria, Jordi Hereu, miembro del PSC y exalcalde de Barcelona.