Ser ministro de Justicia no es cualquier cosa y a Félix Bolaños, que compagina ese ministerio con dos más, Presidencia y Relaciones con las Cortes, parece que el cargo le viene grande, pues no sabe encajar los reveses jurídicos. 

El Tribunal Supremo ha dado la razón al recurso que presentó la Fundación Hay Derecho (FHD) contra el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, que es un organismo consultivo del Gobierno, cuya función es emitir informes y dictámenes de altísima calidad jurídica. 

La citada fundación recurrió al entender que Valerio no reúne uno de los dos atributos imprescindibles, ser jurista de reconocido prestigio. El Supremo razona que, si bien su experiencia en la función pública es indiscutible, no acredita en su currículum que sea jurista. Todo lo contario que la anterior presidenta, María Teresa Fernández de la Vega: especializada en derecho comunitario, magistrada y vocal del CGPJ. 

El perfil de Valerio es otro, más social, sin duda válido para otras muchas cosas. Ahora bien, con los requisitos que fija la ley, nunca debió ser elegida presidenta del Consejo. Bolaños, tenemos un problema, pues el Gobierno debe dar ejemplo.

La FHD no es la pantalla de ningún partido político, sino una auténtica joya de la sociedad civil que vela por la defensa de la democracia y el Estado de derecho al margen de quien gobierne. El ministro Bolaños despachó la cuestión afirmando que cree que "no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son competencia del Gobierno". 

Ese desafortunado comentario es inquietante. Primero, desprecia a la citada fundación. Segundo, expresa la idea de que el Ejecutivo está libre de control. Y, tercero, esconde que quien ha anulado el nombramiento es el TS. La sentencia es relevante porque en España, tanto el PSOE como el PP, llevan años practicando una ocupación grosera de los órganos de control, empezando por el Constitucional y siguiendo por el CGPJ, designando a personas que no son las más prestigiosas, ni después las más imparciales, lo cual genera desafección hacia las instituciones.

El doble varapalo del Poder Judicial al Gobierno en plena polémica por la amnistía ahonda en la crisis institucional

Felipe VI habló en la sesión inaugural de la legislatura ante las Cortes de defender el espíritu de la Constitución y de la "obligación" de legar a los jóvenes una España "unida y sólida". Aunque no le hacen mucho caso, sus señorías le aplaudieron repetidamente. Sin duda, se lo merece. En medio del barrizal de la política española y los constantes desaires contra su figura por parte de separatistas y republicanos de postureo, el jefe del Estado no pierde nunca el sentido de la institucionalidad. Un deber que Bolaños desatiende al despachar tan groseramente un merecido tirón de orejas.