El Gobierno se ampara en la UE para insistir al PP en la "obligación" de renovar el CGPJ y dice que no hay "plan b" si Feijóo no acepta

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i), y la ministra Portavoz y de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría (d), a su llegada a una rueda de prensa.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i), y la ministra Portavoz y de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría (d), a su llegada a una rueda de prensa.
Carlos Luján / Europa Press
La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i), y la ministra Portavoz y de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría (d), a su llegada a una rueda de prensa.

Renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no es una opción, es una obligación legal". Es el mensaje en el que insiste el Gobierno, que ve amparada su posición tras las declaraciones de Bruselas, cuyo comisario de Justicia, Didier Reynders, aseguró ayer que la "prioridad" es la renovación de un órgano cuyos vocales llevan cinco años con el mandato caducado. Moncloa, además, no da más opción a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP que ahora acepta renovar si se aprueba una reforma del sistema de elección a la vez. "No hay plan b", dicen fuentes del Gobierno, que recuerdan que el presidente Pedro Sánchez ya ha descartado rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para renovar el órgano y aseguran que no se plantean de momento nuevas vías.

“Hay que cumplir el mandato legal”, le ha dicho al PP Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según ha asegurado la también ministra de Educación y Deportes, la posición del Ejecutivo es la “misma” que la de la Comisión Europea. "Después de cinco años es más y más urgente la renovación", apuntó ayer Reynders, que también instó a iniciar "inmediatamente después" el proceso de reforma del sistema de elección de sus vocales. "Lo dijo ayer el comisario Reynders: renovación del CGPJ, cumplimiento de la Constitución y, posteriormente, se podrá dialogar, pero es improrrogable", ha añadido la portavoz.

Alegría no ha escatimado en críticas a los populares, con quienes el PSOE ha estado cerca en varias ocasiones de cerrar la renovación, que solo puede hacerse con una mayoría reforzada de 210 diputados en un Congreso que tiene 350. En este punto, ha pedido a los de Feijóo que "no continúen elevando sus frustraciones a Bruselas porque están acumulando una abultada cartera de derrotas", entre las que ha citado las polémicas respecto a los fondos europeos, al sistema de pensiones o la excepción ibérica, a la que Génova tildó de "timo ibérico".

Con todo, el Gobierno no valora ningún escenario más allá de que el PP cumpla y se avenga a pactar el órgano de gobierno de los jueces. Cierto es que ahora se abren a abrir un proceso de diálogo para estudiar posibles reformas del sistema de elección, pero parece un imposible. El actual sistema de elección del Consejo fue aprobado en 1985 por el Gobierno de Felipe González, con el posterior aval del Tribunal Constitucional. Los veinte vocales son elegidos por Congreso (10) y Senado (10) tras proponerlos las asociaciones judiciales con una mayoría de tres quintos. Sin embargo, el PP propone volver al modelo anterior. "Que los jueces elijan a los jueces", dicen, para que los doce vocales de turno judicial sean elegidos directamente por los jueces. Este extremo, no obstante, es rechazado por los socialistas, que defienden que "los jueces que elige el Congreso los proponen los jueces".

Además, Moncloa también asegura que no hay "plan b" más allá de que el PP termine cediendo y renovando el CGPJ. El PSOE planteó en 2020 una proposición de ley para que, en vez de una mayoría reforzada, solo se necesitase mayoría absoluta para la elección, lo que hubiera permitido entonces que la renovación saliera adelante únicamente con un pacto entre PSOE, Unidas Podemos y sus socios habituales. 

Sin embargo, el Gobierno la retiró meses más tarde tras las críticas de oposición y asociaciones judiciales, así como reticencias en Bruselas. Últimamente, el presidente del Gobierno ha sido tajante en referencia a que no volverá a intentar un movimiento similar, pero el Ejecutivo podría tener otras vías, como la eliminación total de competencias de los vocales cuyo mandato esté caducado o su cese.

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