La Comisión Europea ha desbloqueado este miércoles 10.200 millones de euros en fondos regionales a Hungría tras constatar que la reforma judicial aprobada por el Gobierno de Viktor Orbán cumple con los requisitos pactados.
Así lo ha asegurado hoy la institución en un comunicado en el que afirma que se ha tomado esta decisión tras un "análisis profundo" y "varios intercambios" con las autoridades húngaras. Estos tenían por objetivo descongelar parte de los casi 22.000 millones que Budapest tiene asignados dentro de la Política de Cohesión por incumplimientos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
Este movimiento del Ejecutivo Comunitario coincide además en el tiempo con la amenaza de Orbán de vetar la apertura de las negociaciones de adhesión con Ucrania en la cumbre de líderes del bloque que se celebra esta semana. En ella el político húngaro también ha amagado con bloquear el nuevo paquete de ayuda a Kiev de 50.000 millones.
La Comisión Europea, sin embargo, ha negado en varias ocasiones que ambos hechos estén relacionados y que los fondos europeos se fuesen a desbloquear para que el ultranacionalista húngaro diese su visto bueno a estas dos cuestiones.
Los cambios que exigía Bruselas
En concreto, Bruselas exigía a Hungría medidas para reforzar el Consejo Nacional del Poder Judicial, mejorar la independencia judicial del Tribunal Supremo, eliminar obstáculos para que los tribunales húngaros remitan preguntas al Tribunal de Justicia de la UE y reformar el sistema de revisión de las sentencias del Tribunal Constitucional.
Las autoridades comunitarias han avalado así los cambios introducidos para satisfacer estas demandas pero han avanzado que "vigilarán detenida y continuamente a través de auditorías y diálogo activo" la aplicación de todas estas medidas.
"Si en algún momento en el tiempo la Comisión considera que las condiciones horizontales ya no se cumplen puede decidir bloquear la financiación de nuevo, advierte el Ejecutivo comunitario, recordando que estas deben respetarse hasta 2027.
Hungría, a pesar de todo, no recibirá directamente los 10.200 millones liberados puesto que los fondos regionales sólo son reembolsados una vez que el país demuestra que ha ejecutado el gasto pertinente al que van dirigidos. Durante este tiempo Budapest ha acumulado 500 millones en facturas, con lo que esta cantidad sí podría entregarse en un primer momento.
En todo caso, siguen congelados los otros 11.700 millones en fondos regionales, vinculados a cuestiones como la libertad académica, la ley sobre protección de la infancia -que la Comisión considera dirigida contra el colectivo LGTBI y ha llevado a los tribunales - y las restricciones del acceso al asilo.
A la espera de más avances
Además, Bruselas tampoco ve avances suficientes para liberar los otros 6.300 millones de estos fondos de Cohesión que están congelados por partida doble a través del mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho que busca proteger los intereses financierios de la Unión.
Para cerrar este procedimiento paralelo, la Comisión exige a las autoridades húngaras, además de completar la reforma para garantizar la independencia de sus jueces, otras medidas para combatir la corrupción y los conflictos de intereses, así como garantizar la transparencia en licitaciones de contratación pública.
A todo esto se suman los fondos que Hungría tiene disponibles en virtud de su plan nacional de recuperación (10.400 millones) puesto que para recibirlos debe cumplir, no solo con las cuatro condiciones ligadas a la independencia judicial, sino también con otros 23 hitos y objetivos relativos al Estado de Derecho.
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