Quedan quince días para que el 31 de diciembre quede sin efecto el mecanismo ibérico, el tope del precio al gas para generar electricidad, que consiguió contener el precio de la luz durante los momentos más duros de la crisis energética. Aunque no se activa desde febrero de este año, hasta ahora el Gobierno lo había defendido como una "red de seguridad" frente a nuevas subidas descontroladas de los precios de la luz y en octubre la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, parecía dispuesta a pedir una nueva prórroga a Bruselas. Sin embargo, esto ya no está tan claro, de momento no hay tomada una decisión y mientras deshoja la margarita, en el sector eléctrico la impresión es que finalmente dejará caer una de las medidas más peleadas por el Gobierno en Bruselas y efectivas para frenar la crisis energética.

La historia sobre esta última decisión -o falta de ella- relativa al mecanismo ibérico es parecida al río Guadiana, que aparece y desaparece. En este momento, a dos semanas de que deje de existir definitivamente, la posición oficial es que no hay tomada una decisión sobre si pedir o no una nueva prórroga, que sería la segunda.

Sin embargo, hace menos de dos meses parecía justo lo contrario. En una comparecencia ante la comisión de Energía del Parlamento Europeo, Ribera se mostró partidaria de mantenerlo "hasta que sea necesario". "Mi inclinación natural es que, dado que no ha generado distorsiones y ha funcionado bien, se extiendan hasta cuando sea necesario todas las medidas", dijo el 25 de octubre. Al día siguiente, remachó la idea asegurando que así lo defendería en el Consejo de la UE, en el que hasta el 31 de diciembre preside las reuniones de ministros de Energía. 

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Sin embargo, lejos de poder pensar que España -y Portugal- tenían ya claro solicitar una nueva prórroga a la Comisión Europea, en las últimas semanas, el Ministerio de Transición Ecológica ha frenado esta posibilidad asegurando que la decisión todavía no está tomada. A pesar de las palabras de Ribera, allí afirman que no lo estaba en octubre y tampoco en estos momentos, lo que tampoco quiere decir que el Gobierno haya optado por dejar caer el mecanismo ibérico cuando su vigencia actual llegue a su fin el 31 de diciembre.

Mientras, fuentes del sector eléctrico se inclinan por esta segunda opción, que Ribera finalmente no pedirá la posibilidad de mantener por más tiempo el mecanismo ibérico. Consideran que los tiempos ya están muy ajustados y que, si no lo ha hecho ya, es improbable que lo haga. En ese caso, España tendría que buscar una nueva autorización por parte de Bruselas con solo dos semanas de plazo, en las que, entre otras cuestiones, habría que recalcular los umbrales de precios del gas a partir de los cuales se activaría el tope. Empezó siendo de 40 euros/Mwh y que en este último mes de diciembre se fijó en 65 euros. Según el Mibgas, su precio en el mercado diario este jueves era la mitad, 32,87 euros/Mwh.

Separar el gas del resto

Desde que se activó por primera vez el 15 de junio de 2022, el mecanismo ibérico limitó el precio de la electricidad generada con gas, y con ella, la producida con tecnologías más baratas -particularmente renovables- que se ven arrastrado por el de mayor valor en el mercado eléctrico de la UE , de tipo marginal. A cambio, solo se pagaría una compensación por el precio real del gas a las centrales que generasen electricidad con él, pero no al resto. Esta solución, que contuvo durante meses los precios también supuso un gasto milmillonario en compensaciones y coincidió con un mayor consumo de gas, que el Gobierno justificó por las exportaciones de electricidad a Francia y Portugal y el PP o el sector eléctrico explicaron por la mera existencia del mecanismo ibérico.

Si bien no sirvió para devolver a la normalidad unos precios que por aquel entonces estaban desbocados, el tope al gas sí sirvió para que la electricidad de origen renovable o nuclear, más baratas que el gas no se pagara tan cara como con esta materia prima. Como resultado, contuvo los precios mejor que otros países europeos, como Francia, Alemania o Italia. 

En octubre el gas empezó a bajar -y el umbral del tope a subir, a razón de cinco euros/Mwh al mes- y hubo días en que no hubo que aplicarlo, como también sucedió cuando había tanta renovable que no hacía falta el gas. Esta situación se convirtió en la constante desde febrero de este año, porque desde entonces no se ha vuelto a activar el mecanismo. Para entonces, el Gobierno ya había obtenido la autorización de Bruselas para prorrogarlo una primera vez -expiraba en mayo y se extendió hasta final de este mes- pero Ribera lo defendió como una "red de seguridad", por si volvía a ser necesario.

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Esta sería la misma situación ahora, cuando el Gobierno debe decidir si pide una segunda prórroga, justo en un momento en que la Comisión Europea ha abierto la mano a prolongar otras medidas excepcionales que se pusieron en pie -en este caso, para toda la UE- durante la crisis energética de 2022. De hecho, Ribera y el resto de ministros europeos de Energía tomarán en breve una decisión, el martes de la semana que viene.

Prorrogar otras medidas

Las declaraciones de Ribera de octubre a favor del mecanismo ibérico se produjeron dos semanas después del ataque de Hamás sobre Israel que dio lugar a un conflicto que al menos al principio hizo temer por una nuevos sobresaltos en los mercados energéticos que se reflejaran de nuevo en un incremento de precios. A su vez, esta incertidumbre llevó a la Comisión Europea a abrir la puerta a estudiar ampliar la vigencia de medidas excepcionales contra la crisis de precios,  puesto que todas expiran a final de año.

Después de haber pasado las últimas dos semanas en la COP28 de Dubái, Ribera marchará el lunes que viene a Bruselas para presidir el último Consejo de Medio Ambiente de la Presidencia española y el martes, el de Energía, en el que junto con los ministros tendrán que decidir si están de acuerdo con prorrogar el tope del gas de180 euros/Mhw para la electricidad -que nunca llegó a entrar en vigor- hasta el 31 de enero de 2025, el proceso acelerado de autorización de los parques eólicos y fotovoltaicos hasta el 30 de junio de 2025 y la plataforma europea de compras conjuntas de gas hasta el 31 de diciembre de 2024.

Entre estas propuestas no figura la del mecanismo ibérico, que al afectar solo a dos de los 27 países de la UE la Comisión siempre trató en 'trilateral' con los concernidos, España y Portugal, abriendo todavía más incertidumbre sobre si habrá o no decisión de pedir una nueva prórroga.