"Jamás había visto un momento tan tenso y un riesgo tan real para la independencia judicial, es urgente llamar a la mesura". Las declaraciones del portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, resumen el sentir de gran parte del Poder Judicial español, sumido en un enfrentamiento cada vez más descarnado con el Ejecutivo y el Legislativo. Miriam Nogueras, portavoz parlamentaria de Junts, vino este martes a colmar el vaso desde la tribuna del Congreso cuando señaló con nombres y apellidos a varios jueces del Tribunal Supremo ("personajes indecentes", los llamó ella). "En un país normal -señaló-, los magistrados Pablo Llarena, Manuel Marchena, Carlos Lesmes y Carmen Lamela serían juzgados y cesados de inmediato".

Lo que siguió fue un logro excepcional: puso de acuerdo a jueces y fiscales de toda cuerda y posición que denunciaron sus "ataques descarnados" e "inadmisibles en un Estado de Derecho en la Unión Europea". El partido del expresident Puigdemont puso así en un brete (de nuevo) al Gobierno, que ha tratado de calmar las aguas desde entonces. Tras las declaraciones de Nogueras, el presidente del Supremo, Francisco Marín Castán, canceló el encuentro que tenía previsto con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y más tarde lo reagendó para la semana entrante. 

Marín indicó a través de un comunicado que el ataque "en el Parlamento" carece de precedentes y "no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho". Bolaños salió entonces a denunciar los ataques a jueces y aseguró que trabajará "por el prestigio de los jueces y magistrados en este país ante cualquier ataque, venga de donde venga". 

Sin embargo, la defensa del titular de Justicia no ha convencido a ciertos sectores del Poder Judicial, que desde que se firmó el pacto de investidura entre PSOE y Junts, un texto que hacía alusiones al lawfare, sienten que se está preparando "una cacería" contra los jueces. "El ataque de Miriam Nogueras fue miserable y canalla, se comportó como un gamberro que se mete con quien no se puede defender". 

"Se escuda en la inmunidad parlamentaria para que no puedan presentarle la querella que se merece", señala un vocal del Consejo General del Poder Judicial en conversación con este periódico. A su juicio, sin embargo, el mayor problema es "la inacción" del Gobierno. "Es responsabilidad de Sánchez", reprocha el vocal.

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Este viernes, el presidente interino del Consejo hizo una denuncia tajante de los ataques y lo hizo además en presencia de Bolaños. "Rebajen la tensión, déjennos en paz", apuntó Vicente Guilarte desde la sede del Consejo, a la par que lanzó una segunda advertencia dirigida a los propios vocales del órgano: "Desde dentro también asumamos nuestra neutralidad, a menudo distorsionada. La independencia judicial es bidireccional", declaró. 

Contraofensiva a golpe de declaración

Si bien es cierto que un amplio sector del Poder Judicial se siente atacado como nunca antes, también lo es que la contraofensiva ha provocado disputas internas entre los propios jueces y fiscales. Una de ellas se inició a raíz de la declaración institucional aprobada por el CGPJ contra la ley de amnistía antes de que se presentara la proposición de ley. El comunicado no solo tuvo el rechazo del sector progresista del órgano, también el de algunas asociaciones progresistas como Juezas y Jueces para la Democracia. 

El próximo 21 de diciembre, el Pleno del Consejo debatirá (una vez más, a propuesta de varios vocales conservadores) un pronunciamiento contra las comisiones parlamentarias de investigación pactadas por PSOE y Junts y contra las declaraciones de Junts en el Congreso. La propuesta se anunció este jueves, cuando nueve conservadores remitieron una petición para incluir en el debate "el continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales". 

El documento remitido al presidente del Consejo denunciaba que las comisiones de investigación han sido nombradas "con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial", y "exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho". El mismo jueves, el Tribunal Constitucional decidió por unanimidad, algo poco habitual en los últimos meses, mostrar su "preocupación" por los ataques. Concretamente por el señalamiento de Junts a una de las magistradas del tribunal de garantías, Concepción Espejel. 

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Y entre tanta indignación surgió una nueva disputa, ya que el mismo día que se escucharon las denuncias de Miriam Nogueras, un senador del Partido Popular lanzaba sus dardos contra otra diana con nombre y apellidos: el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada. El senador José Antonio Monago dijo desde la Cámara Alta que "el mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España fue el párrafo que introdujo en la sentencia de la Gürtel el juez José Ricardo de Prada" provocando "la caída del Gobierno de Mariano Rajoy". 

Tras estas declaraciones, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia publicó un comunicado censurando los ataques de los independentistas pero reprochando a su vez al presidente del CGPJ que no hubiera censurado también las palabras de Monago. "Entendemos que el presidente del Consejo debería ser coherente y no discriminar en función del integrante de la carrera judicial o del partido que efectúa las declaraciones", sentenció el comunicado. 

La respuesta llegó con contundencia este viernes, cuando el presidente Vicente Guilarte censuró "los injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial" que habían ocurrido "en el Congreso y en el Senado". 

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Coincide con este análisis el portavoz Sergio Oliva, que apunta que las palabras del senador "también son indignantes" y que los jueces a quienes se acusa de lawfare "simplemente estaban haciendo su trabajo". Recuerda además que "el Poder Judicial ya contiene mecanismos reglados para el escrutinio de la actuación de jueces".

Oliva asegura que la semana que viene le han citado en una reunión con el ministro Bolaños, a quien explicará que "está muy bien que se pronuncie en defensa de los jueces, pero sería magnífico que lo demostrara con hechos". Y, al menos por el momento, sigue en pie la reunión del ministro con el presidente del Supremo fechada para el próximo martes.