Los ayuntamientos tendrán libertad para poner tope a la cantidad de pisos turísticos que puede haber en su localidad

Los ayuntamientos tendrán libertad para establecer topes a la cantidad de pisos turísticos que pueden haber en sus municipios, según un acuerdo al que han llegado esta mañana en el Parlament Esquerra Republicana y PSC. En el texto original que el Govern de la Generalitat aprobó en Consell Executiu a principios de noviembre, se limitaba de manera general para toda Cataluña el número de pisos turísticos de un municipio a un máximo de 10 por cada 100 habitantes. Además, para otorgar nuevas licencias, el consistorio tenía que garantizar que la localidad puede satisfacer la demanda de vivienda permanente.

Tras las negociaciones entre ERC y PSC, el Parlament ha avalado el decreto con los votos a favor de ERC, PSC, Comunes y CUP. Dentro de la validación también se incluye que el texto se tramitará como proyecto de ley para poder realizar las modificaciones pactadas. Los grupos parlamentarios de Junts, Ciutadans, Vox y PPC han votado en contra de tramitar la nueva norma.

Licencia previa

Esquerra y PSC también han acordado reducir el número de municipios en los que sea obligatorio el nuevo régimen de licencia previa. En la norma original eran 262 municipios, los que tenían una ratio de 5 o más pisos turísticos por cada 100 habitantes. Con los cambios que se introducirán, el número de municipios con licencia previa será de 140, los que actualmente se considera que tienen un mercado tenso de vivienda.

Por contra, en la aprobación definitiva se mantendrá la duración de 5 años de las nuevas licencias. La prórroga será "automática" si el planeamiento urbanístico lo permite. Los propietarios de pisos turísticos con licencia tendrán también 5 años para pedir una renovación, y solo se establece una compensación si el nuevo "planeamiento urbanístico" no permite seguir con el uso turístico del inmueble y no se renueva la licencia.

Malestar en Territorio

A pesar del acuerdo, que ha permitido la tramitación del texto regulatorio, la consellera de Territorio, Ester Capella, que había impulsado desde su departamento esta normativa, ha admitido abiertamente que no le gustan algunos de los cambios pactados con el PSC. Incluso ha manifestado que trabajará para que el decreto "vuelva a donde no debería haber salido nunca".

En su intervención, la consellera de Territorio, Ester Capella, ha expuesto sus reticencias a que se dejen las "puertas abiertas" a los ayuntamientos "en virtud de la supuesta autonomía municipal". El pasado 7 de noviembre, cuando la consellera presentó el acuerdo de Govern que regulaba las viviendas de uso turístico, la titular de Territorio remarcó que la proliferación de este tipo de inmuebles "dificulta el acceso a la vivienda".

El diputado del PSC, Òscar Ordeig, ha mostrado su disgusto con las manifestaciones de la consellera Capella, para seguidamente recordar que el acuerdo establece que las modificaciones pactadas se han de realizar antes de que acabe marzo. Ordeig ha zanjado la cuestión aseverando que los acuerdos deben "defenderse y respetarse".

Óscar Ordeig ha argumentado el sentido de las modificaciones solicitadas explicando que “va en la línea de dar autonomía a los ayuntamientos. No podemos uniformizar Catalunya, porque el Pirineo no puede ser igual de regulado que Barcelona”. Finalmente, Ordeig ha sentenciado que "es un buen acuerdo y lo defenderemos".

Por su parte, el diputado de Junts, Joan Canadell, una de las formaciones que se ha opuesto a la tramitación del texto, ha reprochado durante su intervención al PSC haber actuado de nuevo como "salvador" de una iniciativa del Govern que sin su apoyo no hubiese salido adelante.

Satisfacción y cautela

Las reacciones a la entrada en trámite de la regulación de viviendas de uso turístico no se ha hecho esperar. Una de las más favorables ha sido la del alcalde de Barcelona, que hace tiempo que denuncia que Barcelona "no se puede permitir tener más de 10.000 viviendas dedicadas a ningún otro uso que no sea la vivienda", en referencia a este tipo de alojamientos.

Jaume Collboni ha celebrado la convalidación por parte del Parlament del decreto de regulación de pisos señalando que "es un éxito para Barcelona disponer de una regulación como esta". Al mismo tiempo, ha remarcado que esta nueva normativa permitirá al Ayuntamiento "ordenar y gobernar el desarrollo de las viviendas de uso turístico, y reducirlos en las zonas más tensionadas, como el distrito de Ciutat Vella".

Por su parte, el Sindicat de Llogateres también ha mostrado su satisfacción con el texto, aunque lo ha calificado "de mínimos". Celebra que "acaba con la barra libre" que había hasta ahora pero también recela de su aprobación. La organización en defensa del derecho a la vivienda ha criticado los "pactos que intenten descafeinar" la regulación, en referencia al acuerdo entre ERC y PSC.

El portavoz del Sindicato de Llogateres, Enric Aragonès, ha pedido que el decreto se aplique sin modificaciones y no rebajar la norma "con la excusa de la autonomía municipal". El portavoz afirma que los cambios significarían "arrodillarnos ante el lobi" que conforman empresas como la plataforma Airbnb.

Fuerte oposición

Desde su aprobación por parte del Consell Executiu, el decreto de regulación de las viviendas de uso turístico ha encontrado un frente opositor importante. Junts, Vox y PPC, y en ese momento hasta el PSC, pidieron el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que finalmente avaló que la norma se adecua a la Constitución y al Estatut. 

Desde la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos, Federatur, se ha vuelto a criticar la normativa, aunque en este caso, su presidente, David Riba, ha celebrado las modificaciones que se han de introducir y que eliminan el tope en función de la población.  Sin embargo, ha avisado de que llevará la norma al Tribunal Constitucional, TC.

El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, Apartur, Enrique Alcántara, ha insistido en que la regulación es "mala" para el sector y la economía.

Cuando se aprobó la norma por parte del ejecutivo catalán, Enrique Alcántara ya advirtió de que el decreto que proponía el Govern, limitando a 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes,  ponía en riesgo la mitad del turismo en Catalunya. Según Alcántara, si se aprueba la regulación en los términos originales, en cinco años desaparecerá una "amplia mayoría" de este tipo de alojamientos, y esto significa "poner en riesgo el 50% del turismo en Cataluña”.

Por su parte, Airbnb también advirtió de algunas "consecuencias no deseadas" de la nueva regulación propuesta por el Govern. Según la operadora de pisos turísticos, la norma que limita a 10 los pisos turísticos por cada 100 habitantes impiden que se beneficien del turismo lugares con "gran oferta de viviendas pero poca población" y pocas opciones de alojamiento de otro tipo.