Sanidad y las comunidades autónomas aprueban un protocolo común para la actuación sanitaria ante violencias sexuales

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado este jueves un protocolo común para la actuación sanitaria ante las violencias sexuales. Lo han hecho durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado esta mañana, en el que también se ha presentado el real decreto por el que se establece la especialidad de Urgencias y Emergencias, así como un informe específico sobre el desempeño del sistema sanitario durante la pandemia. 

El objetivo de este protocolo —pactado entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y los consejeros del ramo— no es otro que el de fijar un denominador común de actuación respecto a la detección, valoración e intervención de la violencia sexual. Una serie de recomendaciones y criterios elaborados por diferentes profesionales, tanto del conjunto de las comunidades autónomas como del propio equipo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, para homogeneizar la atención a las víctimas de estas violencias, incluyendo los hijos. 

Su aplicación, destacan desde Sanidad, será "determinante" en la Atención Primaria, "por su cercanía para detectar violencia sexual", así como en Atención Hospitalaria, especialmente en urgencias y especialidades como Ginecología, Pediatría y Salud Mental, para mejorar la calidad de atención. La intención, insisten, es poner a disposición del sector sanitario una serie de criterios para que la atención (física, psicológica y social) sea "ágil, respetuosa y eficaz", para las personas que hayan sufrido violencia sexual, con "especial interés" en aquellos casos de mayor vulnerabilidad, ya sea por discapacidad, problemas de salud mental, migración o identidad sexual, entre otros.

Entre otras pautas, el documento de más de 150 páginas establece la necesidad de garantizar una actuación coordinada con los médicos forenses y una atención integral a las víctimas de violencia sexual. Subrayan igualmente la importancia de "sensibilizar" y "formar" al personal sanitario en esta materia; así como "actualizar el conocimiento basado en la evidencia científica", para que sirva como herramienta a la hora de tomar decisiones e intervenir de una forma más "humanizada" y "de calidad". En esa línea, el protocolo insta a mejorar la investigación sanitaria en materia de violencia sexual, para analizar la efectividad y la eficiencia de las intervenciones realizadas hasta el momento. 

"Promover el empoderamiento de quienes han sufrido o sufren violencia sexual en el servicio sanitario" es otro de los puntos clave del documento, que insiste en la necesidad de mantener en todo momento un espacio "de intimidad y confidencialidad", ya sea durante las exploraciones, la recogida de muestras en un acto único, la emisión del parte de lesiones, o el seguimiento de derivaciones y consultas.