La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha informado este jueves de que la Junta de Andalucía asumirá finalmente la gestión del alta en la Seguridad Social del alumnado de FP matriculado en ciclos sostenidos con fondos públicos. De esta manera, tanto a los estudiantes como a los propios centros y a las empresas se les exime de cualquier "carga burocrática" que suponga la cotización de las prácticas no remuneradas.
Así lo ha determinado la Junta toda vez que el próximo 1 de enero de 2024 entrará en vigor una disposición adicional de la Ley General de la Seguridad Social por la que deben incluirse en este sistema a los alumnos que realicen prácticas formativas no remuneradas o académicas externas en programas de formación. En Andalucía, hay actualmente unos 166.000 alumnos de FP haciendo prácticas para poder titularse.
Con esta iniciativa, ha asegurado la consejera, "evitamos riesgos en la titulación de nuestros estudiantes, ya que son prácticas curriculares obligatorias, tras la imposición del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes". Al tiempo que ha lanzado un mensajes de "tranquilidad" a todos los centros y empresas afectados.
En lo que al coste de esta medida se refiere, fuentes de la Consejería han informado a 20minutos de que el Ministerio se hará cargo del pago del 5% no bonificado en 2024. Si bien, la comunidad andaluza va a solicitar que, a partir de 2025, el Gobierno central asuma el 100% de la bonificación, "como ocurre hasta ahora", toda vez que se trata de una medida que "impone el propio Gobierno". En términos económicos, la Junta ha calculado que esta medida les supondrá un gasto aproximado de tres millones de euros al año.
Negativa del Ministerio
Del Pozo ha recordado que en la última reunión de la Conferencia Sectorial celebrada el pasado día 13, el Ministerio rechazó la petición de 14 comunidades de paralizar la nueva disposición estatal hasta que se establezca un sistema "viable y garantista" que evite los riesgos sobre la titulación de los estudiantes. Ante la negativa de su titular, Pilar Alegría, la Junta ha decidido asumir la gestión después de analizar distintas fórmulas para implementar de la "mejor manera posible" la decisión del Gobierno central.
Para la consejera andaluza, esta iniciativa del Ministerio en los términos y en el momento en que está planteada, "a mitad de curso", es un "despropósito para un sistema educativo que está viendo nacer una nueva ley sin que tengamos los reglamentos de desarrollo, en plena adaptación de las comunidades a una normativa nacional a la que le faltan instrumentos que debe elaborar el Ministerio, incumpliendo el calendario previsto". Además, ha añadido Del Pozo, "lo imponen cuando estamos pasando toda la FP a la modalidad de Dual y reclamando la necesaria colaboración de los empresarios".
18 euros al año por estudiante
Por su parte, la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio, Clara Sanz, se ha reunido este jueves de manera telemática con las comunidades para abordar cuestiones relacionadas con este asunto. Y ha recordado que el Ministerio ya pospuso esta medida durante tres meses a petición de las comunidades.
El alta en la Seguridad Social beneficiará, ha señalado Sanz, a cerca de medio millón de estudiantes en toda España, y "no supondrá carga económica ni de gestión para las empresas". En este punto, el Ministerio explica que la Seguridad Social bonificará el 95% de las cotizaciones y el departamento liderado por Alegría, el 5% restante en 2024. A partir de 2025, el gasto medio por estudiante que las comunidades tendrán que asumir será de "en torno a 18 euros al año".
El Ministerio defiende que esta iniciativa "supondrá un enorme avance en los derechos de miles de jóvenes de nuestro país", al tiempo que afirma que "hemos tendido la mano a todas las partes implicadas para simplificar el procedimiento y facilitar la puesta en marcha de la actuación".
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