La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a una empresa que instaló cámaras ocultas en la mercantil Sucesores de Rivadeneyra, S.A.

Esta compañía, que se dedica a la impresión y a las artes gráficas, despidió a uno de sus empleados tras descubrir que estaba robando cartuchos de tóner.

El despedido, oficial de máquinas con contrato indefinido, tenía una antigüedad de 18 años y un salario bruto mensual de 2.518,34 euros, tal y como informa Confilegal.com.

El jefe de la Sección de Preimpresión descubrió que en tres ocasiones faltaban cartuchos de tóner del almacén donde se guardaban, por lo que la empresa decidió instalar cámaras de vigilancia.

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Una madrugada, la cámara grabó cómo el trabajador despedido cogía tres tóneres, los metía en un sobre y se marchaba con ellos. Tras ser interpelado por la empresa, el trabajador negó ser la persona que se veía en la grabación.

El trabajador interpuso una demanda alegando vulneración de derechos fundamentales. En primer lugar, el Juzgado de lo Social 3 de Madrid ratificó el despido y ahora el TSJM ratifica la sentencia.

Los magistrados consideran que la grabación cumplió los cuatro requisitos exigidos por la sentencia de 5 de septiembre de 2017 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el llamado 'asunto Barbulescu'.

Estos cuatro requisitos son idoneidad, que la cámara estuviera dirigida a verificar quién estaba cometiendo esa sustracción; necesidad, que las imágenes obtenidas fueran necesarias como prueba; proporcionalidad, que la captación a un espacio concreto durante una duración determinada; e intensidad en la intromisión, que no se vulnerara el derecho a la intimidad del trabajador por la colocación de la cámara.