El Gobierno aprobará este miércoles el nuevo decreto para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Lo hará sobre la bocina, puesto que el actual caduca el próximo 31 de diciembre. De hecho, PSOE y Sumar siguen negociando a esta hora el paquete, en el que se espera que se prorrogue el grueso de medidas que se han ido aplicando hasta ahora, como los descuentos en el transporte o la prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa. Por el contrario, se prevé la retirada de algunas de las propuestas que más coste suponen a las arcas públicas, toda vez que Europa ya ha comenzado a pedir contención en el gasto.

Como acostumbra, el Ejecutivo está guardando sus cartas con la máxima discreción. Con toda probabilidad, será el presidente Pedro Sánchez quien presente el nuevo decreto este miércoles, tras la celebración del Consejo de Ministros. Es una situación similar a la ocurrida el año pasado, cuando anunció el paquete de medidas a la vez que hacía balance anual de la acción de su Gobierno. Entonces, el jefe del Ejecutivo y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, cerraron los últimos flecos con una reunión en Moncloa -con foto incluida-, ya que no ha sido hasta estos últimos días cuando se han intensificado las negociaciones. En este sentido, a lo largo de este martes, las vicepresidencias han estado intercambiando documentos y propuestas. 

Sumar presiona al PSOE para recuperar la prórroga automática de los contratos de alquiler que venzan en los próximos meses

A diferencia de 2023, Podemos ya no forma parte del Consejo de Ministros y es el primer decreto de gran envergadura del nuevo Gobierno de PSOE y Sumar desde que se celebrase la investidura a mitad de noviembre. En el discurso que el presidente dio entonces, Sánchez anticipó que se prorrogaría, desde el 1 de enero, la gratuidad del transporte público para jóvenes y desempleados. Además, también apuntó que se extendería la rebaja del IVA al 4% para los alimentos de primera necesidad y la bajada del 10% al 5% para el aceite y la pasta.

Según han adelantado fuentes de Sumar a Europa Press, los de Díaz han logrado que se prorrogue la norma que marca que las empresas que despidan a trabajadores alegando causas como la subida de los costes energéticos estarán obligadas a devolver las ayudas que hayan recibido del Estado. Esta idea estaba incluida en las propuestas que Sumar hizo públicas el pasado lunes, como ejercicio de presión hacia los socialistas y en las que, básicamente, se pedía mantener la inmensa mayoría de las ayudas que decaen el 31 de diciembre. La principal de las nuevas medidas que Sumar reclamaba incluir en el decreto era la prórroga automática de todos los contratos de alquiler que venzan en los próximos seis meses, una norma que estuvo vigente hasta el pasado junio y que el PSOE decía que estaba "encima de la mesa". 

Es la misma respuesta que se daba hace semanas cuando se preguntaba por otra de las medidas incluidas en el paquete y que, finalmente, se incluirá: la que prohíbe los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Este punto está incluido en la ley de vivienda aprobada la pasada legislatura, aunque todavía falta que se desarrollen los mecanismos para, como recoge el articulado, "dar respuesta y acompañamiento, en coordinación con los servicios sociales y entidades del tercer sector, a las personas y familias con menos recursos, evitando desahucios en situaciones de vulnerabilidad". Es por eso por lo que el Gobierno ha aceptado incluirlo y ha dejado su 'venta' a EH Bildu, que se ha arrogado el triunfo.

El paquete que se aprobará este miércoles será el octavo desde que comenzó el conflicto en Ucrania y el coste para las arcas públicas asciende ya a 47.000 millones de euros. Además, Europa ya ha comenzado a solicitar la contención en el gasto, por lo que algunas medidas o se recortarán o se eliminarán. De hecho, desde Hacienda ya han ido preparando el terreno para la retirada de algunas. "La UE ha ido aconsejando ir retirando medidas de estímulo", recordó la vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, a finales de la semana pasada. En el alambre están las rebajas en el impuesto especial sobre la electricidad y en el IVA. No obstante, la intención del PSOE es "apurar hasta el último euro" el margen fiscal.

Transporte gratis y rebajado

En cuanto a las medidas relativas al transporte, público o particular, se espera que el decreto de este miércoles confirme los anuncios que ya hizo Sánchez durante su sesión de investidura de que a partir del 1 de enero el transporte público será gratuito para mayores de 65 años y desempleados. Sin embargo, comunidades como la de Madrid siguen esperando alguna concreción por lo que respecta a la rebaja del precio de los abonos transporte para el resto de la población, a la que el Gobierno contribuye con un 30% y gobiernos regionales como el madrileño, con otro 30%. También está en el aire la gratuidad de los abonos gratuitos para trenes de media distancia.

En el transporte particular, nueve meses después de la entrada en vigor del descuento de 20 céntimos por litro de gasolina o gasoil para todos los conductores, solo queda ya una reducción de 5 céntimos por litro de la que pueden beneficiarse únicamente los transportistas profesionales y el sector agrario. La de prorrogar esta ayuda, ya muy residual, es otra de las decisión que tienen que tomarse este miércoles, en un contexto en el que los precios de los combustibles se encuentran por debajo de antes de que empezara la guerra en Ucrania.

Medidas sobre el precio de la luz

En el ámbito de la energía, una de las grandes incógnitas es si el Gobierno prorrogará el tope de 67 euros/Mwh que existe desde 2021 para los contratos de electricidad y que en 2022, en plena crisis energética, amplió a los consumidores con contratos fijos una regla por la que las compañías eléctricas que firmen nuevos contratos de abastecimiento a los consumidores o los renueven no podrán fijar un precio que supere los 67 euros. La diferencia con el coste real la asumen las eléctricas reduciendo sus beneficios.

Esta minoración de 67 euros fue una forma de limitar los beneficios excesivos de las eléctricas y, como el mecanismo ibérico, también decaerá el 31 de diciembre si no hay ninguna decisión por parte del Gobierno de prorrogarlo. Aunque en contra de este tope y apuntando que es el más estricto de los que se aplican en otros países de la UE, en el sector se contempla que quizá el Gobierno decida mantenerlo durante el año que viene. Algo que no sucederá con el otro límite al precio de la electricidad, el que fijó el mecanismo ibérico que no se prolongará más allá de final de año tras rechazar Bruselas tal posibilidad.

Por lo que respecta al IVA superreducido del gas y de la luz, todo apunta a que el Gobierno optará por una solución intermedia entre mantener el tipo de superreducido 5% o devolverlo al 21% de antes de la crisis energética. La primera posibilidad ha ido perdiendo fuelle con la estabilización de los precios de la electricidad y la otra supondría un súbito incremento de la factura de la luz difícil de asumir cuando todavía la inflación es mucho más elevada de lo habitual, de modo que aparece como posible la opción de elevarlo progresivamente.

También está por ver qué decisión toma el Gobierno con respecto a otras rebajas fiscales para aliviar el coste de la energía de los hogares: la reducción del IVA al 5% también para los pellets y la madera, la rebaja al mínimo permitido del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que actualmente tributa al 0,5%, así como la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Todas estas medidas decaerán también el 31 de diciembre si el Gobierno no decide otra cosa en el decreto de este miércoles.

Algo que no termina exactamente con el fin del año pero sobre lo que también podría haber modificaciones son los nuevos impuestos a la banca y a las compañías energéticas que se crearon el año pasado, también para limitar los excesivos beneficios por los precios de la energía y la subida de los tipos de interés. La UE acordó un marco general de lo que llamó una "contribución solidaria" -al menos el 33% de los beneficios de estas compañías-, pero dio margen para que cada gobierno adoptara medidas equivalentes. Es lo que hicieron ocho países, entre ellos España, que según un informe de la Comisión Europea es el país que reúne con más particularidades en la aplicación de una nueva tasa que en principio era solo para las compañías energéticas. Por una parte, el Gobierno decidió ampliarlo también a la banca. Además, impuesto español es el único que grava -con un 1,2%- el volumen de negocios neto de las compañías. Solo como Bélgica, Portugal y Hungría, optó por aplicarlo en los años fiscales de 2022 y 2023.

De esta manera, el año que viene todavía se recaudará el impuesto devengado en 2023 pero queda la decisión de si mantenerlo, reducirlo o modificarlo en 2024, de lo que dependerá que en 2025 se recauden ingresos por este concepto. Hace unas semanas, en la COP28, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se abrió a revisarlo, habida cuenta de que la bajada de los precios de la energía ha evaporado también los "beneficios extraordinarios" de las compañías de este sector. Se llegó a apuntar la posibilidad de vincularlo a la inversión en energías renovables para impulsar la transición energética.