El Gobierno abre la mano para evitar la asfixia del sector de las renovables y, con ella, de la construcción o incluso de los bancos, dando más tiempo -tres años más- para que los promotores de parques eólicos y fotovoltaicos tengan hasta ocho años y no cinco como hasta ahora para empezar a explotarlos desde el momento en que inicia el proceso con una licencia de acceso y conexión a la red eléctrica. Esta era una reclamación del sector renovable, que avisaba incluso de "colapso" de la construcción y de los bancos, que el Ejecutivo ha recogido en el decreto de medidas anticrisis que ha aprobado este miércoles.

El sector pide otra prórroga para evitar un "colapso" de los bancos y de construcción que anularía numerosos proyectos fotovoltaicos

Según ha informado en un comunicado, se modificará el decreto de 2020 que determinó los plazos -hitos- que deberían cumplir los promotores para mantener sus derechos de conexión y acceso a red, para introducir un cambio en el último paso, el relativo a cuándo tendrán que obtener la Autorización Administrativa de Explotación que indica que el parque ya está preparado para entrar en funcionamiento y generar electricidad con energía eólica o fotovoltaica. 

La Ley de 2020 establecía que esta licencia debía tenerse como muy tarde cinco años después de que el promotor hubiera obtenido el acceso a la red, lo que suponía que solo tendrían un plazo de entre 23 y 27 meses desde el inicio de la construcción, después de haber tenido una evaluación ambiental positiva y haber superado otros trámites administrativos. Ahora este plazo de cinco años se amplía a ocho años, de modo que los promotores dispondrán de 36 meses más para construir los parques.

La Unión Fotovolaica Española (UNEF) ha recibido con satisfacción esta nueva prórroga, que se suma a otra de mitad de año para dar seis meses más al plazo que debe mediar entre la autorización ambiental y la obtención de la licencia para empezar a construir, dentro de una legislación que busca agilizar lo máximo posible los proyectos renovables, de modo que los derechos de conexión a la red no queden bloqueados por algunos que no se vayan a llevar a cabo.

En este caso, en el tramo que va desde el inicio de la construcción y el momento en que el parque eólico o solar debe estar listo para empezar a operar, el sector venía muy poco tiempo para que tanto las entidades financieras que deben financiar estos proyectos como las empresas de construcción queden llevarlos a cabo pudieran asumir tal carga de trabajo.

La UNEF hablaba de "colapso" y reclamaba dos años, a la espera de que se volviera a formar Gobierno, lo que sucedió hace unas semanas. Finalmente, el Ejecutivo ha dado tres años más, una decisión que esta asociación considera "medidas definitivas para que el despliegue fotovoltaico se pueda hacer de manera ordenada por parte de las empresas y con el rigor necesario por parte de la administración".