Golpe del Ayuntamiento de Barcelona al alquiler de pisos turísticos sin licencia. El consistorio ha informado este martes mediante un comunicado de que ha sancionado con una multa de 420.000 euros a la propiedad de un edificio que alquilaba 14 viviendas de un inmueble como alojamientos ilegales para turistas. La finca está en el número 24 de la calle Ample.
La sanción llega después de meses de investigación y seguimiento de la Guardia Urbana, de los inspectores municipales de la Dirección de Servicios de Inspección y del distrito de Ciutat Vella. Esta ha revelado que durante años la propiedad iba evitando expedientes y sanciones del Ayuntamiento, alegando que alquilaba las viviendas de manera legal, con contratos de larga duración a inquilinos que aparecían como arrendadores de los alojamientos turísticos ilegales. Evitaba la multa finalizando el contrato de alquiler o cambiando de titular cuando se acercaba la fecha de conclusión final del trámite administrativo sancionador del consistorio.
"Seremos implacables en el cumplimiento de la normativa", ha asegurado el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle. También ha calificado la multa de "ejemplar" y ha destacado que se "perjudicaba gravemente al resto de vecinos de la zona", puesto que los pisos turísticos ilegales implican "expulsión" vecinal. "Esperamos que no se repita y sirva como un aviso", ha dicho.
Desde 2018
Los pisos de la finca, una propiedad de bienes familiar, se comercializaban como alojamientos turísticos a través de Booking y Airbnb, sin ninguna autorización para la actividad turística. Desde el año 2018, los inspectores municipales iban abriendo expedientes y a la vez pidiendo las desactivaciones de los anuncios a las dos plataformas. Sin embargo, constataban que se iban desactivando y activando con nombres, fotos y anfitriones diferentes, para evitar la actuación de la administración. El propietario manifestaba que desconocía lo que hacían sus inquilinos, y que siempre lo engañaban y utilizaban los pisos para realquilarlos a turistas.
El pasado abril, a raíz de una inspección conjunta de los inspectores municipales, la Guardia Urbana y el distrito de Ciutat Vella, se constató que en el edificio, formado por planta baja y cuatro plantas de altura y azotea, 14 de las 15 viviendas existentes estaban ocupadas por turistas. En la otra vivía una inquilina de renta antigua que gestionaba la recogida de llaves y las entradas y salidas.
La actividad de la propiedad, que se considera una acción muy grave, ha dado lugar al inicio del procedimiento sancionador con la propuesta de la multa de 420.000 euros. A esta cuantía se llega con el cálculo estimado del beneficio obtenido de la actuación ilegal junto con otras circunstancias agravantes reguladas por la ley de Turismo de Cataluña.
El Consistorio enviará próximamente a la Agencia Tributaria toda la información contenida en el expediente, para que la propiedad responda también, si procede, ante la hacienda pública.
Según el Ayuntamiento, de los miles de pisos turísticos ilegales que se detectaban en 2016 y 2017, se ha pasado a poco más de un centenar al mes. Ante esta nueva situación, los servicios de inspección "disponen de una radiografía muy esmerada de la actividad ilegal profesional y pueden diseñar, como en este caso, una actuación más personalizada de seguimiento". Además, pueden ser más contundentes y eficaces a la hora de sancionar, ha asegurado el consistorio.
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