El Tribunal Supremo inaugura este 2024 con una nueva vacante entre sus magistrados tras oficializarse la marcha de Juan María Díaz Fraile, a quien el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido la excedencia voluntaria. Con su salida se materializan los temores expresados en septiembre por el presidente del Alto Tribunal: más del 30% de la plantilla del órgano está pendiente de renovación. 

La salida de Díaz Fraile conoció el pasado 22 de diciembre a través del BOE, que concedió al magistrado la "situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial con efectos el 31 de diciembre". Así que este mismo 1 de enero la Sala de lo Civil del Supremo amaneció con un togado menos y un total de tres vacantes entre los diez puestos que la integran -nueve magistrados y un presidente-. Fraile, que accedió al tribunal en noviembre de 2019, es registrador de la propiedad y notario en excedencia. 

Pese a su marcha, la Sala de lo Civil no es la más afectada por el bloqueo del CGPJ. En 2021 PSOE y Unidas Podemos impulsaron una reforma para que el Consejo no pueda hacer nombramientos mientras está caducado, una medida de presión que no logró hacer ceder al PP, de forma que desde entonces se han marchado del Tribunal Supremo 24 magistrados. 24 agujeros que el CGPJ solo podrá tapar una vez renovado. 

Bruselas ya "estudia" la petición de PP y PSOE para que medie en la renovación del CGPJ pero avisa de que su posición es clara

La Sala de lo Penal, que tampoco está entre las más afectadas, conserva 14 de sus 15 magistrados. La de lo Contencioso-Administrativo solo cuenta con 22 jueces, que son 11 menos de los que le corresponden. En la Sala de lo Social solo quedan seis de los 13 magistrados que deberían ocuparla y la de lo Militar cuenta con cinco magistrados en lugar de ocho.

El pasado 7 de septiembre, ante la gravedad de esta situación, el presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, dedicó el tradicional discurso de la apertura del año judicial a denunciar el "desolador" estado del tribunal e instar a un acuerdo para la renovación del CGPJ. "Es la hora de los grandes políticos y de los grandes demócratas, sería una decepción sentir su falta", señaló. 

Ese mismo día se jubilaba un magistrado de la Sala Quinta, que dejó tras de sí la vacante número 23 del Alto Tribunal. Una "irónica circunstancia" que Marín Castán quiso subrayar, como también recordó que él mismo ostenta la presidencia como sustituto de Carlos Lesmes, expresidente del Supremo y del CGPJ que decidió abandonar ambos cargos en 2022 ante la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP. 

Ahora que Díaz Fraile ha decidido colgar la toga, parece que por primera vez en más de un año hay una posibilidad de que los dos principales partidos lleguen a un acuerdo para renovar el Consejo y poner fin a un anómalo bloqueo de más de cinco años. Así, sería un nuevo CGPJ quien se encargaría de nombrar discrecionalmente a 24 magistrados para devolver al Tribunal Supremo a la normalidad institucional. 

Una negociación con mediador europeo

El pasado 23 de diciembre, coincidiendo con el sorteo de la Lotería de Navidad, se reunieron en el Congreso Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo con ánimo de tender puentes. No era la primera vez que PP y PSOE acercaban posturas en torno al Poder Judicial, pero sí la primera en mucho tiempo. "A España le habrá tocado 'el Gordo' si el PP se decide a renovar el CGPJ", ironizaba días antes el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Pues bien, de aquella reunión salieron varios consensos, entre ellos, la disposición de solicitar a la Comisión Europea que medie en las negociaciones para renovar el CGPJ, muertas desde otoño de 2022. 

Populares y socialistas se encuentran ahora a la espera de que la UE responda a su llamada, probablemente a través del comisario de Justicia, Didier Reynders, que durante los últimos años ha sido el principal encargado de recordar a España la "urgencia" de renovar el órgano de gobierno de los jueces. Todo indica que hasta entonces no habrá movimientos, más aún cuando el PP ha mostrado ya su desconfianza hacia el negociador del lado del PSOE, Bolaños, que ya fue el encargado de liderar este asunto en anteriores ocasiones. 

Bloqueo, sobrecarga de trabajo y acusaciones de 'lawfare': la Justicia cierra 2023 en pleno choque con el Ejecutivo y el Legislativo

Mientras el acuerdo no llegue, la situación seguirá empeorando en la cúpula del Poder Judicial, dependiente de los nombramientos del Consejo. El bloqueo del órgano de gobierno de los jueces ha contribuido a la lentitud de una Justicia desactualizada en lo digital y seguirá haciéndolo mientras los jueces que se marchan no puedan ser reemplazados. Parece que la próxima baja se dará en la ya mermada Sala de lo Contencioso-Administrativo el próximo 13 de febrero, fecha de jubilación de la magistrada Celsa Pico.