Los tres decretos que se votarán este miércoles en el Congreso han propiciado el primer choque del año entre el Gobierno y Junts, que salvo sorpresa no prestará su apoyo al Ejecutivo. El domingo, el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, adelantó que los siete diputados de Junts votarán un "no gigante" a al decreto 'ómnibus' porque pondría "en peligro" la aplicación de la ley de amnistía. 

Juristas consultados por este periódico descartan que esto sea así y el PSOE, por su parte, cree que podrá cambiar la postura de Junts, dado que están en juego 10.000 millones de los fondos europeos. "Quienes no quieran apoyar los decretos tendrán que explicarlo. No se trata de salvar a [Pedro] Sánchez, sino a los ciudadanos", señaló este lunes el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. 

Sin embargo, pese a las esperanzas del PSOE, los de Carles Puigdemont permanecen instalados en el 'no'. Más allá de considerar que la aprobación de la norma "agravaría la infrainflación y recortaría competencias de la Generalitat", Junts sustenta su negativa en un posible retraso en la aplicación de la amnistía. 

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De los tres decretos que penden de un hilo, uno serviría para convalidar las medidas anticrisis, otro para aprobar las leyes de eficiencia en el ámbito de la Justicia y recibir a cambio 10.000 millones de euros de los fondos europeos, y el tercero, para aplicar medidas de apoyo al empleo. El que más preocupa a Junts es el segundo, porque contiene una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que a su parecer pone en riesgo la amnistía.

Se trata de un fragmento sobre las cuestiones prejudiciales, que en palabras del catedrático de Derecho Internacional Carlos Fernández de Liesa son el mecanismo previsto para cuando un juez tiene "una duda sobre la interpretación del Derecho de la Unión Europea". Las cuestiones prejudiciales se dirigen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), "el único y el último intérprete del Derecho europeo, el órgano al que acuden los jueces nacionales cuando no saben como deben aplicar una norma en consonancia con la legislación de la UE". 

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Según el apartado del decreto que perturba a los independentistas, los jueces estarían obligados a paralizar un procedimiento cuando presentan una cuestión prejudicial sobre el mismo. "El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial", indica el texto. 

Cuando se apruebe la amnistía a los condenados e investigados por el procés, varios tribunales españoles deberán aplicar la norma y modificar sentencias firmes o archivar causas abiertas e inconclusas, entre ellos el Tribunal Supremo, que investiga a Carles Puigdemont. Es probable que el alto tribunal plantee una cuestión prejudicial, de ahí que Junts esté tan preocupado por este cambio legislativo. Sin embargo, juristas consultados por 20minutos creen que sus efectos serán nulos, porque lo que recoge la norma era ya jurisprudencia del Derecho de la Unión.

Una cuestión prejudicial "sirve para determinar la validez de una norma en el derecho comunitario", apunta a este periódico la profesora de Derecho Internacional y de la UE de la Universitat Abat Oliba CEU, Carmen Parra. Además, "la cuestión prejudicial es solamente potestad del juez nacional, nadie puede interferir". 

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El asunto es que, aunque no venía recogido explícitamente en el ordenamiento jurídico español, "si el TJUE tiene competencia en la materia y un tribunal español decide imponer una cuestión prejudicial, es obligatorio que suspenda el procedimiento". "Esto siempre se ha hecho así", explica Parra, así que el decreto no afectaría en ningún caso a la aplicación de la amnistía. De Liesa coincide con ella: "Esto es así jurisprudencialmente. Que vaya o no en un decreto no cambia las cosas, es jurisprudencia de la UE".