Los catalanes están obligados a destinar el 22,5% de su renta para acceder al alquiler, la cifra más alta de la serie histórica

Hace veinte años, una familia tenía que destinar el 14,6% de sus ingresos para poder alquilar un piso en Cataluña. Actualmente, esa cifra se sitúa en un 22,5%, ocho puntos por encima y marcando un máximo histórico. Son datos que ha extraído la Cámara de Comercio de Barcelona tras un estudio financiado por la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

Tras conocer los resultados, el presidente de la entidad, Josep Santacreu, ha exigido a las administraciones un pacto de país para incentivar la inversión privada, incrementar el gasto público en vivienda social y mejorar la política de transporte entre el centro y la periferia de la comunidad. 

Si no, se pondrá en riesgo la sostenibilidad general del sistema económico debido a esta “grave problemática”. “Está en juego el futuro del estado del bienestar, todo empieza por la vivienda”, ha añadido Joan Ramon Rovira, jefe del gabinete de Estudios Económicos de la Cámara de Barcelona.

Perjudica más a los jóvenes y a la población extranjera

Según el estudio, el esfuerzo a la hora de acceder a una vivienda de alquiler es más elevado en la costa de Barcelona y Girona que en las zonas del interior y en la demarcación de Tarragona. En cuanto a ciudades, las más afectadas son Sant Cugat, Badalona (Barcelona) y Barcelona. 

El esfuerzo es también más alto para las rentas bajas, por lo que son los jóvenes y la población extranjera los colectivos que más complicado lo tienen. Además, el hipotecario -estable de 2015 a 2019- también ha aumentado en ciudades como Barcelona, Sant Cugat o L'Hospitalet (Barcelona) por el repunte de los tipos de interés en 2022.

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Otro de los resultados que arroja el informe es que las dinámicas de los precios de mercado de la vivienda no afectan de manera homogénea a todos los grupos sociales, siendo “especialmente vulnerables” los colectivos que alquilan a precio de mercado.

Posibles soluciones

Desde la entidad señalan que existe “un grave problema estructural” y que se necesitan grandes cambios, consenso y pactos para hacerle frente. Entre las propuestas que ha arrojado Santacreu para mejorar la situación, ha mencionado aumentar la oferta disponible de vivienda de alquiler. Para ello, ha planteado mover suelo público y privado existente y una mayor colaboración público-privada. Además, incrementar el presupuesto destinado a políticas de gasto social de vivienda.

Otra de las propuestas ha sido favorecer una menor presión poblacional en los grandes núcleos urbanos, como puede ser Barcelona, e impulsar una red de transporte integrada e intermodal. Así como desarrollar nuevos planes urbanísticos que mejoren los servicios sociales en las zonas rurales.