Las horas pasan y sigue sin haber acuerdo para que el Gobierno obtenga los votos suficientes con los que sacar adelante el decreto de reforma del subsidio para las personas que han agotado su prestación por desempleo, que eleva la ayuda a 570 euros mensuales durante los seis primeros meses pero que también recorta las cotizaciones para la pensión de los perceptores de esta ayuda. Y este miércoles la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hizo un último intento de recabar el apoyo de Junts y Podemos, que ahora mismo bloquean la convalidación del decreto, y desde la tribuna parlamentaria les pidió que "antepongan los intereses del país y las personas más humildes" a los suyos, que, según dejó caer Díaz, son los que les guían.

El debate sobre la convalidación de este decreto está teniendo lugar durante toda la mañana de este miércoles en el Pleno del Congreso, que excepcionalmente se está celebrando en la sede del Senado por las obras en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. En un tenso intercambio, en el que Díaz tuvo que callar varias veces ante los gritos de la bancada del PP, la vicepresidenta segunda defendió que la reforma supone una "mejora sustancial de los subsidios" y una ampliación de "los colectivos afectados por los mismos", y criticó a los populares asegurando que "constituye un dislate culpar a las personas que sufren el desempleo" por una supuesta "falta de voluntad de trabajar".

La aprobación de este decreto, no obstante, no depende de los votos del PP, que ya ha confirmado que intentará derribarlo, sino de Junts y Podemos, con quienes el Gobierno negocia a la carrera para intentar conseguir sus apoyos antes de las tres de la tarde de este miércoles, la hora tope que tienen los diputados para ejercer su voto telemático a la convalidación. Y Díaz, sabedora de esta realidad, sostuvo que los parlamentarios "van a votar a favor o en contra de si si una trabajadora debe esperar o no un mes para cobrar el paro" o "de si las personas trabajadoras tienen derecho o no a un permiso de lactancia acumulado de 28 días". 

Podemos amaga con tumbar la nueva ayuda para quienes agotan el paro si el Gobierno no retira la bajada de sus pensiones que conlleva

"Todo esto depende de que antepongan los intereses del país y las personas más humildes a intereses muy legítimos, pero que no tienen nada que ver" con lo que se debate este miércoles, espetó la vicepresidenta. Junts, en plenas negociaciones con el Gobierno, renunció a darle la réplica a Díaz y no quiso pronunciarse sobre el decreto, si bien Podemos, por boca de la diputada Noemí Santana, sí sostuvo que, aunque "este decreto es muy positivo en ciertos sentidos", también "es mejorable". "Y nos preocupan muchos aspectos, especialmente aquellos que afectan a esos recortes a las personas mayores de 52 años que son perceptoras del subsidio de desempleo", denunció.

En concreto, la disposición transitoria tercera del decreto reforma el modelo de cotización para la pensión de quienes empiecen a cobrar el subsidio para desempleados que pierdan su prestación a partir de junio. Hasta ahora, los perceptores de la ayuda cotizaban para su futura jubilación un 125% de la base mínima de cotización, es decir, 1.575 euros al mes. Pero, según el decreto, en 2024 ese porcentaje para quienes empiecen a beneficiarse de la ayuda a partir de junio se reducirá al 120% (1.512 euros al mes); en 2025 pasará a ser del 115% (1.449 euros al mes); en 2026 bajará hasta el 110% (1.386 euros mensuales); y en 2027 se quedará en el 105% (1.323 euros al mes).

Es muy complicado calcular la repercusión media que puede tener en una pensión de jubilación este recorte, puesto que dependerá de cuánto tiempo se cobre el subsidio de 570 euros mensuales, cuándo se jubile el trabajador o si alterna el cobro de esta ayuda con trabajos temporales. Pero, según los cálculos de Podemos, para un trabajador de 52 años que hubiera percibido el salario medio español durante su carrera profesional, tuviera 22 años cotizados y cobrara el subsidio hasta su jubilación, la decisión del Gobierno implica reducir su pensión en 162 euros al mes, es decir, en 2.268 euros al año. 

Lo que ha argumentado durante los últimos días Sumar, no obstante, es que la fuerte subida del salario mínimo en los últimos años hace innecesaria esa sobrecotización para que los perceptores de la ayuda cobren una pensión suficiente. Pero eso tampoco es una explicación convincente para formaciones como ERC, que, pese a que votará este miércoles a favor de la convalidación del decreto, ironizó por boca de su diputado Jordi Salvador con que "125 es mayor que 100" y pronunció sin ambages la palabra "recorte" para referirse a esta disminución.