La senda de déficit para elaborar los Presupuestos viaja ya al Senado, donde el PP amenaza con poner en aprietos al Gobierno

El Gobierno se apuntó el miércoles un importante tanto para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. El Congreso de los Diputados dio luz verde a los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno para el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Seguridad Social. Un paso previo imprescindible para poder elaborar las cuentas públicas del Estado.

En una sesión caótica, en la que hubo que votar dos veces tras un empate inicial, el Ejecutivo salvó el primero escollo parlamentario que tendrán que atravesar unas cuentas públicas todavía en fase embrionaria. Sin embargo, el siguiente hito se antoja incluso más complejo. La senda de déficit viajará ahora al Senado, donde el PP ostenta una mayoría absoluta que, sobre el papel, sería suficiente para tumbar la iniciativa. 

Los objetivos de estabilidad definen el déficit máximo en el que pueden incurrir las distintas administraciones públicas españolas. Es decir, limitan a un porcentaje del PIB la diferencia entre los ingresos que obtienen —fundamentalmente de impuestos— y el gasto que realizan. Sin estas referencias, que fija el Gobierno, las administraciones no pueden sacar adelante sus presupuestos. 

Si la senda de déficit se tramitara como una iniciativa normal y corriente, el bloqueo del Senado sería fácil de sortear. Tras el rechazo en la Cámara Alta, el texto volvería al Congreso, que podría levantar el veto sin problema. Sin embargo, la Ley de Estabilidad —la norma que regula los límites de déficit— otorga un poder mayor al Senado. En su artículo 6, el texto establece lo siguiente: "Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos [de estabilidad], el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento". Es decir, que si cualquiera de las dos cámaras tumba los objetivos de habilidad hay un plazo de un mes para volver a intentarlo. Lo que la ley no aclara es qué sucede cuando es rechazado por segunda vez. 

Montero tiene un plan

Esa incertidumbre que deja la Ley de Estabilidad cuando los objetivos de déficit son rechazados por segunda vez en el Parlamento es el arma con la que el Gobierno pretende sortear un eventual bloqueo en el Senado. La interpretación que hace el Gobierno es que, si la senda de déficit es rechazada por segunda vez, se aplican automáticamente los objetivos recogidos en el Programa de Estabilidad. Este documento, que el Gobierno remite cada año a Bruselas en primavera, incluye una senda de déficit a tres años vista que la Comisión Europea debe validar. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apoya esta interpretación en un informe de la Abogacía del Estado que, sin embargo, no es de dominio público.  

Además, Montero ha advertido en varias ocasiones al PP de que si decide tumbar la senda de déficit las consecuencias serán peores para las comunidades autónomas, donde los populares gobiernan en la mayoría de territorios. Esto sería así porque los objetivos de déficit que aparecen en el Programa de Estabilidad son más estrictos para las autonomías: les obligan a elaborar sus presupuestos en equilibrio, es decir, con los mismos gastos que ingresos. Sin embargo, la senda que quiere aprobar el Gobierno es algo más flexible y les autoriza a un déficit equivalente al 0,1% del PIB, lo que deja mayor margen de gasto.

El PP ya vetó la senda de déficit de Sánchez en 2018

Pedro Sánchez ya sabe lo que es encontrarse con el bloqueo del Senado en la senda de déficit. Tras la moción de censura de 2018 que le llevó a la presidencia, Sánchez intentó sacar adelante unos Presupuestos generales que no llegaron a nacer porque fue imposible superar el filtro del Senado en los objetivos de estabilidad. El Gobierno de entonces reunió los apoyos suficientes en el Congreso, pero se encontró con la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta que tumbó la iniciativa. 

Sánchez tuvo que asumir entonces los objetivos de estabilidad que había aprobado el último Gobierno de Rajoy, que situaba el límite de déficit en el 1,3% del PIB frente al 1,8% que pretendía sacar el PSOE. El Ejecutivo se vio obligado a prorrogar las cuentas de 2018 en dos ocasiones hasta que en 2020 consiguió los apoyos suficientes como para sacar adelante unos presupuestos nuevos.

Sin embargo, en esta situación no hay una referencia clara a la que aferrarse. La irrupción de la pandemia en 2020 suspendió las reglas fiscales durante cuatro años en los que el Ejecutivo no ha tenido que ceñirse a umbrales numéricos estrictos.