El Gobierno bonificará el 30% del transporte público aunque las autonomías no aporten el 20% tras pactarlo con Junts

El Gobierno subvencionará el 30% del descuento al transporte público independientemente de que las comunidades autónomas aporten un 20% añadido. Es uno de los principales acuerdos a los que el PSOE llegó ayer con Junts para lograr su abstención y, por tanto, la convalidación de dos de los tres decretos que el Congreso votaba: los referidos a las medidas anticrisis, donde se incluyen estos descuentos, y el referido a la Justicia que permitirá el desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos. La medida no solo afectará a Cataluña, sino que se extenderá al resto de autonomías.

Así lo han confirmado este jueves diferentes miembros del Gobierno y, también, desde la cartera de Transportes, competente en la materia tras el silencio que mantuvieron los socialistas ayer por la tarde, cuando dejaron que Junts publicitara el pacto, que también incluye la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat; la publicación inmediata de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales o la reforma de la ley de sociedades de capital mediante Consejo de Ministros para revertir un decreto que aprobó el PP en 2017 para que "las empresas puedan volver a Cataluña".

"Hemos acordado con Junts que no se condicione la parte que nosotros vamos a financiar de un transporte que no es competencia del Estado, que es el metro, el autobús...", ha apuntado esta mañana la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A su llegada a un desayuno informativo de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha defendido que es una medida "progresiva" y se ha mostrado "convencida" de que los gobiernos autonómicos continuarán "contribuyendo voluntariamente a aportar" el otro 20% "para que el billete del autobús valga la mitad y, por tanto, sigamos combatiendo los efectos de la inflación fundamentalmente en la economía doméstica y en los trabajadores".

El Gobierno se pliega ante Junts: le cede el control en inmigración pero no las sanciones a empresas

"El cambio es que, efectivamente, esa bonificación que el Gobierno asumirá el descuento del 30% del transporte autonómico y municipal que antes estaba ligado al 20% que ponían las comunidades y que estoy segura que mantendrán", ha confirmado Pilar Alegría, portavoz del Gobierno. En una entrevista en Antena 3, la también ministra de Educación y Deportes ha defendido que cuando el Ejecutivo ha propuesto "algún tipo de bonificación nunca lo ha hecho a la carta para una sola comunidad". "Siempre hemos dado esa posibilidad al resto de comunidades autónomas", ha lanzado Alegría, que ha insistido en que "lo importante es para quién son estas medidas". "Nosotros hemos trabajado desde el minuto uno para hacer ciertas bonificaciones y que esa reducción del precio de los billetes del metro y del autobús lleguen al bolsillo de los ciudadanos", ha añadido.

Inmigración y empresas, los otros acuerdos

Tanto Montero como Alegría han defendido otro de los puntos del pacto alcanzado ayer entre socialistas y posconvergentes: la retirada de un decreto que aprobó el PP en 2017 para que "las empresas puedan volver a Cataluña". Eso sí, el PSOE no cedió en otra de las condiciones iniciales de Junts, que pedían sancionar a las compañías que no vuelvan al territorio tras abandonarlo en el punto álgido del procés, una condición que Moncloa se inclinaba por rechazar y que hubiera tenido difícil aplicación por la legislación europea y por estar en la Constitución Española reflejada la "libertad de empresa". 

De hecho, la vicepresidenta ha declarado que "la libre instalación de empresas es una realidad de nuestro derecho comunitario y seguirá siéndolo". "Se refuerza que se vigile y que se esté atento a que efectivamente cuando el establecimiento principal de una empresa reside en un lugar, pues allí es donde tiene que llevar a cabo todas sus obligaciones, también las tributarias", ha añadido. En cuanto a la delegación de las competencias de inmigración, la portavoz gubernamental ha querido frenar las aspiraciones de Junts al apuntar que ahora se deberá aprobar una ley orgánica "que tendrá que tener los 176 votos para ser aprobada". "Ahí se verán los detalles" de esa cesión, ha concluido.