El centro para menores extranjeros de Casa de Campo, en la capital, no cerrará, por el momento, sus puertas como estaba planeado. La Comunidad de Madrid ha decidido mantener el funcionamiento de este servicio debido a la presión en la red asistencial de la región por la crisis migratoria actual y al incendio ocurrido en el centro de primera acogida del distrito de Hortaleza que obligó a reubicar a los niños y niñas, según ha indicado la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
"Solo en los diez primeros días de este mes de enero, un total de 144 presuntos menores no acompañados que llegaron por el aeropuerto de Barajas a Madrid han pernoctado durante una o dos noches en alguno de los recursos de primera acogida que gestiona la Comunidad de Madrid para luego marcharse", explican desde el Gobierno regional.
Debido al aumento de la presión en los puntos de atención, la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, informó en la última reunión que mantuvo con las asociaciones vecinales de Batán que se mantendrían abiertas las 66 plazas de acogida y en su ubicación actual. Además, a las instalaciones se han reubicado a alguno de los menores que residían en el centro de primera acogida del distrito de Hortaleza, tras el incendio que se produjo hace unas semanas.
En los últimos meses, algunas asociaciones vecinales del barrio de Batán han reivindicado cerrar el edificio y trasladar a los menores a otras zonas, ya que el centro produce inseguridad en la zona, según argumentaban. A finales de la anterior legislatura, la Comunidad de Madrid se comprometió de manera pública a cerrar las instalaciones. Sin embargo, por la situación actual, el Gobierno regional ha decidido posponer esta decisión hasta que se normalice la presión que experimentan la red de asistencia para migrantes de la región.
La Comunidad de Madrid considera que este escenario se debe a la "mala gestión del Gobierno y sus repartos disimulados de inmigrantes" en los últimos meses. Dávila trasmitió por carta la situación al nuevo Ministerio de Juventud e Infancia, solicitando convocar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para buscar una solución. El Ministerio de Seguridad Social y Migraciones ya indicó que en los centros de inclusión solo hay adultos, pero que "puede darse el caso de que haya algunas personas que no se identificasen por la Policía como menor en su momento". En estos casos son derivados a Fiscalía para que realice las pruebas oportunas para determinar su edad.
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