La consellera de Territorio, Ester Capella, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han firmado este lunes el convenio que materializa los acuerdos que se adoptaron en la comisión mixta entre Generalitat y Ajuntament. Estos establecían la colaboración de ambas instituciones para la promoción y construcción de un mínimo de 1.700 viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales, de alquiler asequible, situados en Barcelona. En el convenio se concreta que el Departamento de Territorio desarrollará en una primera fase de 637 viviendas en cinco años, situadas en 11 de las parcelas cedidas por el consistorio.
Estos terrenos están en disposición de ser edificados inmediatamente, al contrario que otros de los ofrecidos por Ajuntament, que requieren aún trámites urbanísticos y jurídicos para poder iniciar en ellos promociones de vivienda.
El primer paso para empezar la construcción de las 637 viviendas de esta primera fase es la formalización por parte del Ajuntament del derecho de superficie a favor del INCASÒL, el organismo de gestión del suelo y vivienda de la Generalitat. La cesión de derechos de superficie o concesiones de uso privativo de los solares por parte del Ajuntament es por 75 años.
Acuerdo por cinco años
A partir de que esa cesión sea oficial, esta entidad tendrá cinco años para ejecutar la construcción de las promociones. Una vez finalizada la obra, la Agencia de la Vivienda de Cataluña, dependiente de la Generalitat, conjuntamente con el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación, IMHAB), establecerá los criterios de adjudicación de las viviendas.
Según las últimas disposiciones de Territorio en sus políticas de vivienda, se prevé una reserva mínima del 30% del total de viviendas destinada a jóvenes menores de 35 años. Por otra parte, el Ajuntament de Barcelona podrá solicitar también una reserva de estas promociones para destinarlas a sus políticas específicas de vivienda.
Esta primera fase de 637 viviendas en 11 parcelas municipales supone una inversión de 82,81 millones de euros por parte de la Generalitat. En el convenio también se recogen las pautas para afrontar la segunda fase hasta completar las 1.700 viviendas totales que recoge el acuerdo. La programación de esta segunda fase se realizará durante los 5 años de vigencia de este acuerdo.
La inversión final para el total de 1.700 viviendas asciende a los 221 millones de euros procedentes de los recursos generados por las fianzas de alquiler que gestiona el INCASÒL. Dos comisiones realizarán el seguimiento del desarrollo del convenio firmado esta mañana: una de seguimiento de la ejecución del acuerdo en todos sus términos, y otra técnica que supervisará el seguimiento operativo.
Incremento del parque público
En el acto protocolario de la firma, la consellera de Territorio ha señalado que "actuaciones como esta" consiguen "un incremento sustancial del parque de alquiler social en Cataluña", destacando que están utilizando "todos los mecanismos posibles en coordinación con los ayuntamientos, en Barcelona y en numerosos municipios del país".
Por su parte, el alcalde de Barcelona ha manifestado que “la vivienda es uno de los retos principales de la ciudad" que afrontan "de todas las formas posibles", y como en este caso, "con alianzas con todos los agentes”.
Finalmente, Ester Capella ha indicado que desde el departamento se está "reforzando la capacidad del INCASÒL para convertirse en una herramienta de país que contribuya a garantizar el derecho a la vivienda". En marzo, el Govern anunció que iba a impulsar la incorporación de 10.000 nuevas viviendas en el parque de alquiler social de Cataluña en los tres próximos años.
Esta cifra supone un crecimiento del 18% respecto al parque actual, cifrado en 55.000 pisos. La Generalitat plantea para este objetivo la promoción directa y mixta con operadores privados, así como la adquisión de inmuebles.
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