El PSOE y Junts se sientan en la mesa para comenzar a negociar la delegación de competencias de inmigración reflejada en el pacto que ambas formaciones alcanzaron la pasada semana para lograr la convalidación de dos decretos -el ómnibus, que permitirá el desembolso de 10.000 millones de fondos europeos, y el que contiene las medidas del escudo social para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania-. El número tres de los socialistas, Santos Cerdán, y el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, se han reunido este miércoles en el Congreso de los Diputados, una cita que ambos enmarcan en la nueva normalidad de sus relaciones y en la que, según el PSOE, no se hablaría de referéndum pese a pedirlo los de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia.
El encuentro entre ambos no supone una gran novedad per se, puesto que en las últimas semanas se han sucedido reuniones privadas a colación de la negociación para la aprobación de los decretos antes mencionados. La novedad en este caso es que fuentes socialistas informaron del encuentro dos días antes, aunque las mismas adelantaron que no informarían del resultado de la reunión cuando finalizara. Y así ha sido: ni Cerdán ni Turull han informado después a la prensa del contenido del encuentro y ni siquiera se les ha visto salir del Congreso. Tampoco habían sido prolíficos en las declaraciones que habían realizado a la prensa antes de entrar a uno de los edificios de la Cámara Baja.
"Es una reunión de trabajo, como muchas más que vamos a tener", ha apuntado Cerdán a su llegada, en la que ha emplazado a dar más información "cuando haya algún acuerdo". El secretario de Organización de la formación socialista ha apuntado que las relaciones entre ambos grupos son "fluidas", algo en lo que coinciden otras fuentes consultadas. Turull se ha limitado a asegurar que "mientras negocian, no hacen declaraciones". El secretario general de Junts insistió hace pocos días en que debían negociar también un referéndum de autodeterminación. "Si el Estado se niega en redondo, colorín colorado", apuntó. Cerdán, en cambio, ha insistido esta mañana en que "evidentemente" no hablarán de la consulta.
Sobre la cesión de competencias de inmigración, el número tres de Sánchez ha asegurado que "quedará claro" qué se delega "cuando se trabaje una ley orgánica que se votará en el Congreso" y que deberá contar con el voto afirmativo de todo el bloque de la investidura. Efectivamente, en el pacto que PSOE y Junts rubricaron la pasada semana -y que fue publicitado por los posconvergentes- se acordó "la delegación de competencias sobre inmigración a la Generalitat a través de una ley orgánica específica para Cataluña".
Tras la polémica surgida, desde el Gobierno y el partido se afanan en frenar las aspiraciones de Junts, que pretende poder expulsar a los migrantes reincidentes tras este acuerdo, relacionando migración y delincuencia en algunas de sus declaraciones públicas. De hecho, el presidente del Gobierno aclaró el lunes que el Gobierno podrá delegar en Cataluña las competencias sobre la ordenación de la migración o su incorporación al mercado laboral, pero no lo referido al control sobre la migración irregular.
"Respecto a la migración irregular, es el Estado quien tiene esas competencias y eso no se puede transferir", dijo en una entrevista en RNE. Sin embargo, el presidente sí apuntó que Cataluña, dirigida ahora por ERC, tiene en su Estatuto de autonomía "todo lo que tiene que ver con la autorización inicial del empleo" y "todo el amplio elenco que tiene que ver con las políticas de integración social, de educación, de vivienda o de servicios sociales".
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